El Gobierno dispuso varias medidas que disminuyeron el ingreso disponible de la mayoría de la población
Castigo al consumo popular
El consumo es el principal motor del crecimiento de la economía argentina y el Gobierno se ha dedicado a debilitarlo. Lo hizo desarticulando planes que alimentaban el consumo, con tarifazos y reduciendo el salario real.

El consumo representa casi el 73 por ciento del Producto Interno Bruto de Argentina. Es por lo tanto una variable clave del crecimiento económico. Sin síntomas de dinamismo en el consumo es muy complicado que la economía pueda transitar un sendero positivo. La inversión pública y privada y las exportaciones - -los otros componentes de la demanda global– deberían subir en magnitudes inéditas para impulsar el PIB. Es lo que ha estado intentado sin éxito el gobierno en una decisión descabellada que sólo pudo haber sido motivada por anteojeras ideológicas, por una obsesión patológica con lo que denominan despectivamente “populismo” o por diagnósticos disparatados de economistas neoliberales que cayeron en universidades privadas. En esa estrategia desvariada, el consumo popular ha sido objeto de un castigo imperturbable en el primer cuarto del gobierno de Mauricio Macri, sin muestras de alteración en este año electoral. 

La cadena nacional de propaganda pública-privada y la red de economistas del establishment difunden que el consumo tomará impulso en estos meses, que será el motor de la recuperación de la economía y, de ese modo, brindará satisfacciones electorales al oficialismo en octubre próximo. No aparecen sin embargo señales en ese sentido. Estos vendedores de ilusiones podrán seguir alimentando esa expectativa porque tienen un aliado que colabora en esa tarea: los garabatos del Indec de Macri. Pero una cosa es acomodar las estadísticas a deseos políticos–electorales y otra es la percepción social de deterioro que ninguna cifra dibujada podrá disimular. 

El informe técnico de Cuentas Nacionales del Indec anotó en forma insólita una leve caída de 1,4 por ciento del Consumo en 2016 cuando fue un año de derrumbe de la capacidad de compra de la mayoría de la población y de retroceso del gasto público en términos reales. Desplome provocado por la fuerte caída del poder adquisitivo del salario y por una impactante serie de medidas deliberadas de la Alianza macrismo-radicalismo. Algunos hacen un esfuerzo descomunal para creer en las estadísticas que difunde el Indec de Macri porque todavía padecen síntomas del trauma de la gestión anterior. Otros toman distancia de la actual conducción del Indec pero no tanto y dicen que no se trata de manipulaciones como antes sino de una cuestión de metodologías, diferencia muy sutil cuando en realidad la cuestión es cómo acomodar las estadísticas públicas a objetivos económicos de un proyecto político, en este caso regresivo.  

Tiro a los pies

El consumo es el motor de la economía argentina. No lo es ni la inversión pública y privada ni las exportaciones. Para combatir al “populismo”, objetivo principal manifestado abiertamente del gobierno de y para las elites, la mira oficial ha apuntado al consumo popular. Las agencias especializadas en monitorear expectativas económicas y la evolución del consumo coinciden con escasos puntos de diferencia que apenas un 20 por ciento de la población, el segmento medio-alto y alto de ingresos, ha podido mantener o subir su nivel de consumo. Una de esas manifestaciones fue el aumento extraordinario de la venta de autos de alta gama y el liderazgo en el ranking de ventas cero kilómetro 2016 de un modelo 4x4. Este resultado, como el record de viajes al exterior o el desembarco de marcas internacionales premium en el mercado local, dificulta a los diseñadores del marketing oficial la tarea de neutralizar la convicción generalizada acerca de que se trata de un gobierno para  ricos.

Los intelectuales del actual régimen lo reafirman una y otra vez difundiendo, algunos con fanatismo y otros con sutilezas, que la expansión del consumo popular es la raíz de todos los males, pasados y presentes de la historia nacional. Esa misión redentora, con declaraciones despectivas hacia el bienestar de los sectores populares por la compra de celulares, televisiones o viajes de placer, tuvo su correspondencia en una sucesión de medidas que castigaron el consumo popular. La enumeración de esas iniciativas, sin seguir un orden cronológico, es útil para dar cuenta de la dimensión de esa política deliberada de castigo a sectores medios y bajos:  

  •  Eliminación de la devolución del 5 por ciento del IVA de compras con tarjetas de débito, beneficio que alentaba el consumo, la formalización de las transacciones comerciales y la bancarización.
  •  Eliminación del Plan Ahora 12 y 18 y sustituido por el de Precios Transparentes, un fiasco del Ministerio sin Producción a cargo de Francisco Cabrera. Ahora busca reparar ese fracaso reeditando un plan de 3 a 6 cuotas sin intereses limitado para indumentaria y calzado. La industria de juguetes reclama subirse a ese plan. 
  •  La lenta y premeditada licuación de Precios Cuidados, plan que no es ni publicitado por el gobierno ni exhibido por los supermercados está languideciendo.
  •  La definición de paritarias 2016 por debajo de la inflación que implicaron la pérdida de 6 a 8 por ciento del salario real en trabajadores registrados y de 10 a 12 por ciento en informales. Es una caída enorme de la masa salarial global en apenas doce meses.
  •  Limitar la negociación paritaria 2017. La de los docente es el caso testigo de disciplinamiento de las demandas de los trabajadores, incluyendo la decisión de descontar los días de huelga. El objetivo es que los salarios se ajusten a una pauta inflacionaria ilusoria del 17 ó 18 por ciento anual. El reciente acuerdo mercantil del 18,3 por ciento real (con cláusula gatillo) es la guía. De esa forma el salario no podrá aportar combustible a la locomotora del crecimiento a través del consumo. Algunos economistas deberían empezar a revisar sus proyecciones basadas en una recuperación del salario real.
  •  La tasa de inflación anualizada se ubica por encima de la evolución de los ingresos promedio. Pero la situación es peor porque la suba de precios de los alimentos ha sido superior a la media, afectando más a los sectores populares que destinan casi todo su presupuesto a ese rubro.
  •  La implementación de tarifazos de hasta tres dígitos en agua, luz, gas, teléfono, celulares, combustibles, ABL, peajes, transporte, patentes. Los impresionantes ajustes en 2016 están teniendo otra ronda de magnitud en este año.
  •  El aumento de jubilaciones por debajo de la inflación en 2016: 32,3 versus 41,0 por ciento. Este año comenzó con la intención oficial de recortar las jubilaciones alterando la fórmula de movilidad, disparate que fue frenado con la inmediata reacción de los afectados y de todo el arco político opositor.
  •  La reconfiguración del Plan Argenta. El gobierno festeja que se entregaron 180 mil créditos a jubilados por unos 3900 millones de pesos, cuando en su momento de mayor expansión Argenta llegó a generar créditos a 2 millones de jubilados y pensionados, a razón de 150 millones de pesos por día y 3000 millones por mes. Ese fuerte estímulo al consumo fue diluido con el nuevo Plan Argenta.
  •  Disminuyeron los beneficios del PAMI (recorte a los descuentos en medicamentos), lo que implica una mayor exigencia al ingreso disponible de un sector vulnerable, que debe reducir el consumo en otros bienes y servicios para atender uno básico de supervivencia.
  •  Aumento del desempleo y subempleo con la consiguiente caída de la masa salarial global de la economía. Además se han generalizado las suspensiones en sectores industriales con reducción de salarios. 
  •  Permanente señal de ajuste fiscal emitida por funcionarios del área económica, aunque luego no sea llevada a la práctica pero es difundida para seguir seduciendo al mercado con el objetivo de conseguir financiamiento. Instalar la necesidad del ajuste impacta negativamente en las expectativas económicas porque atemoriza a consumidores por la posibilidad de una menor disponibilidad de recursos a futuro.
  •  Redefinición del Plan Pro.Cre.Ar que no facilita el acceso a la vivienda de sectores populares sino que lo induce a caer en la peligrosa trampa de la indexación de los créditos por la inflación.
  •  Las medidas para compensar a sectores vulnerables (ampliación de AUH, devolución de IVA, sumas fijas por única vez, Ley de Emergencia Social) han sido paliativos pocos efectivos para impulsar el consumo popular. El gobierno no ha difundido los resultados cuantitativos de esas iniciativas porque el alcance ha sido limitado. 

Contradicción

El ejército de analistas oficialistas expresa desesperación en la red de medios privados y públicos del macrismo para que la economía arranque antes de las elecciones de octubre. Evalúan que en esa instancia se juega el destino del actual proyecto de transformación económica, social y cultural liderado por Macri. Están en aprietos con ese deseo. Conviven con una contradicción que los abruma. Repudian el consumo “populista” pero imploran que la economía mejore y en el corto plazo sólo lo puede hacer vía el consumo populista. Por eso han reaccionado con furia por el fracaso del Plan Precios Transparentes, que sólo benefició a quienes están en condiciones del pago al contado, la población de ingresos medios-altos y altos ingresos. En cambio, se derrumbaron las ventas en cuotas que facilitaba el acceso al mundo del consumo a sectores medios y bajos.

La contradicción entre las convicciones ideológicas conservadoras y la búsqueda de una legitimación electoral, que mal que le pese a la vicepresidenta son cada dos años, derivan en una previsible descoordinación en la gestión de gobierno. La Alianza macrismo-radicalismo quisiera hacer kirchnerismo impulsando el consumo porque piensan que así ganarían las elecciones, pero no sabe como hacerlo porque su principal estrategia electoral fue, es y será denigrarlo. 

El gobierno se está enfrentando en este año electoral al dilema de seguir atormentando el consumo popular para imponer una matriz de distribución regresiva del ingreso, que es la exigencia de diferentes facciones del poder económico a los que representa, y pretender legitimidad política en las urnas con el voto de parte de esa población castigada. Más que esperar que el consumo pueda encender el motor de la economía, objetivo improbable con la actual política económica, el gobierno puede reiterar la táctica de elecciones pasadas. Consiste simplemente en confundir a sectores populares acerca de la situación económica para que avalen proyectos que van en contra de sus propios intereses.

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