“Pamela estaba embarazada, tenía una tobillera electrónica y cada vez que pedía permiso para salir de su casa tardaban tanto en contestar que perdió los turnos médicos. Llegó el momento del parto, contracciones, susto, ansiedad, preparó las cosas del bebé y llamó a monitoreo electrónico para avisar que se iba al hospital. Le respondieron que debía tener autorización del juzgado. ¡Debía pedir permiso escrito para ir a parir!” El relato es uno de los testimonios que integran el informe “Presas en casa: mujeres en arresto domiciliario en América Latina”, un relevamiento colaborativo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones de derechos humanos elaborado por Corina Giacomello y Teresa García Castro, donde se exponen las maneras en que esa alternativa de encarcelamiento afecta especialmente las vidas de mujeres de la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana en el marco de la pandemia del coronavirus. 

Si bien en este escenario los gobiernos debieron tomar iniciativas contra el hacinamiento en cárceles, con el arresto domiciliario como una de las principales opciones para disminuir los riesgos de contaminación masiva en el encierro, la medida presenta dificultades invisibles e invisibilizadas. “En las últimas dos décadas, la población penitenciaria en las Américas ha crecido un 40,8 % y la de mujeres privadas de la libertad ha aumentado incluso más, un 57,.1 % —a pesar de que la población general sólo ha ascendido un 19,1 %”, detalla el estudio.

Los factores clave detrás de ese crecimiento incluyen la implementación de políticas represivas de drogas y la criminalización de comportamientos relacionados con la sexualidad y la reproducción. “Además, en los países de América Latina, una alta proporción de la población penitenciaria de mujeres se encuentra en prisión preventiva. El aumento del encarcelamiento de mujeres refleja la vulnerabilidad específica de estas con respecto a la pobreza, la discriminación y la violencia basadas en el género", se advierte, con “consecuencias desproporcionadamente negativas para las mujeres y sus comunidades, y ocasiona el aumento del número de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados”.