Desde Santa Fe

El anuncio del secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, de que el Estado se desentendía del destino de Vicentin y que el intento de salvataje era "capítulo cerrado" resultó profético. El presidente Alberto Fernández derogó este viernes el DNU 522 que dispuso la  intervención de la empresa por 60 días e instruyó a los "organismos públicos" involucrados a que realicen las "acciones civiles, comerciales y penales" para conocer la verdadera trama del default, recuperar los dinero públicos –entre ellos los 300 millones de dólares del Banco Nación que el gobierno de Mauricio Macri les facilitó antes de la caída– y dirimir la "responsabilidad" de los autores de la maniobra. 

La decisión presidencial se conoció poco después de que el juez federal de Reconquista se declarara competente para entender en la "constitucionalidad" de un DNU que ya no existe y planteó la inhibitoria de su colega que tramita el  concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, para que se apartara de la causa. Un conflicto que deviene abstracto porque ya no hay intervención, ni interventores, así que si alguien terminó en el centro de la tormenta es el propio Lorenzini, quien antes de llegar a la magistratura oficiaba como abogado del Banco de la Nación en Reconquista. 

El presidente comunicó en su cuenta oficial de Twitter la derogación del DNU 522 que disponía intervenir Vicentin por dos meses, lo que nunca se cumplió a pesar del rango de la norma, que es equivalente a la ley. "El juez interviniente en el concurso –como llamó a Lorenzini– no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", denunció el jefe de Estado. "Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que ante la pasividad del tribunal siguen sin entregar el Balance y la Memoria del ejercicio 2019". 

El jueves, el capo de Vicentin Daniel Buyatti y el vice Alberto Macua hicieron caer el plan del gobernador Omar Perotti al negarse a ceder sus cargos y las acciones de la empresa para constituir un fideicomiso que intente el salvataje. 

"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", dijo el Presidente. "Nuestra intención fue siempre rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo". 

"Nuestra obligación -insistió Alberto- es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia" en el que cayó la empresa. "La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial".

"En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores".

"He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado", finalizó el presidente. 

La derogación del DNU concluyó una jornada revuelta en la que -al fin- se realizó el allanamiento a la sede central de Vicentin, ordenado por el juez de Comodoro Py Julián Ercoloni, y anunciado 24 horas antes de que el oficio llegara a Reconquista, sin trámite urgente. Poco antes de la derogación del decreto 522, el juez federal Aldo Alurralde había sacado una resolución de once página que aceptaba la competencia para tratar la "constitucional" del DNU que ya no existe, y la pedía a su colega Lorenzini que se inhibiera de entender en el asunto. 

Ahora todas las miradas se concentran sobre el accionar del juez civil y comercial numero 2 de Reconquista Fabián Lorenzini y los pasos que siga con respecto al trámite del concurso, ya que fueron sus decisiones las que bloquearon la posibilidad de que Nación y provincia se involucren en el rescate de la empresa. Cabe recordar que el juez abrió el concurso sin obligar a la empresa a presentar su último balance. A medida que pasó el tiempo, accedió a intimarla: la semana que pasó le concedió 40 días hábiles para presentarlo.

También esta cuestión la mencionó el presidente en su cadena de tuits en la que anunció la anulación del fallido decreto de intervención de la agroexportadora en default.