Una de las querellas del VI juicio que se sigue por los crímenes de lesa humanidad sucedidos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recusó a los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques por considerar que demostraron una “pérdida de imparcialidad” en sus decisiones frente al otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas con el coronavirus como argumento.

La querella unificada de Patricia Walsh, hija del periodista, escritor y militante de Montoneros Rodolfo Walsh, y el sobreviviente de la Esma Carlos Lordkipanidse, recusaron a los integrantes de la Sala II de la Casación por su actuación en el expediente que evalúa si corresponde o no otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Mario “Churrasco” Sandoval, un represor que se mantuvo prófugo hasta diciembre pasado, cuando finalmente fue extraditado desde Francia.

La “pérdida de imparcialidad” de Mahíques y Yacobucci “surge clara del voto” que los magistrados emitieron en la sentencia que la Sala II de la Casación emitió el pasado viernes en la que “sin que exista petición por parte de la defensa de Sandoval dispone reconsiderar una decisión emitida por el Tribunal Oral Federal N°5 sobre la base de la introducción de planteos que son propios y exclusivos de la defensa”, plantea la querella en su recusación.

En ese fallo, y por voto mayoritario --en disidencia votó el juez Alejandro Slokar-- la Sala consideró que tras el rechazo del arresto domiciliario a Sandoval de parte del TOF N° 5, “se han dado numerosos casos positivos de covid-19  ya en el mismo Pabellón donde se aloja” el represor, que cumple prisión preventiva en la cárcel de Campo de Mayo, un argumento que no planteó la defensa del “Churrasco”, sino los propios camaristas. “Dicha circunstancia, independientemente de que el testeo realizado sobre Sandoval arrojara resultado negativo y más allá de las consideraciones vertidas al momento de conceder el recurso de casación, no pudo ser considerada a la vez que tampoco se ha escuchado a la defensa luego de aquel último pronunciamiento del 27 de julio”, reconocieron Yacobucci y Mahíques en la sentencia.

A mediados de la semana pasada se conoció que dos represores presos en la unidad penal 34, conocida como la “cárcel vip” de Campo de Mayo, habían fallecido producto de covid-19 , en tanto que casi 30 condenados e investigados por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura estaban contagiados.

Según la querella, bastaba con que los camaristas convocaran a una audiencia en la que todas las partes pudieran opinar sobre el hecho de que el coronavirus avanzó intramuros “y fundar debidamente su posición respecto de la morigeración solicitada por la defensa de Sandoval”.

“Sin embargo vemos con sorpresa que dos de los magistrados de la Excma Cámara Federal de Casación Penal son quienes reemplazan a la defensa del imputado, realizando a través de su voto un planteo que resultaría propio y exclusivo de la defensa del imputado, intervirtiendo así su rol de imparcialidad”, concluyeron.

Mientras se espera que el TOF 5, a cargo del cuarto juicio por los crímenes de la Esma, retome las audiencias suspendidas cuando se decretó la presencia de la pandemia en el país y se ordenaron las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar su propagación, en marzo pasado, sus jueces continúan rechazando pedidos de arrestos domiciliarios o morigeraciones de pena presentados por acusados y condenados en otros tramos de la megacausa.

El viernes mismo, el tribunal rechazó el beneficio a Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Rádice, Rodolfo Oscar Cionchi y Néstor Omar Savio, condenados a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y desapariciones de víctimas que pasaron por el centro clandestino ubicado en Av. del Libertador. También se lo negaron a Gerardo Ferrer, en prisión preventiva y a la espera de juicio.