El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la adhesión al Protocolo nacional de atención integral a las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que la Legislatura aprobó el mes pasado con amplia mayoría , y anunció, a la vez, una serie de medidas para la prevención del embarazo no deseado, el acompañamiento durante la gestación, y para “acelerar y simplificar” las adopciones. En el comunicado donde anunció las medidas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló su “compromiso con la plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia”.

El protocolo, aprobado en diciembre del 2019 por el Ministro de Salud Ginés Gonzáles García , establece la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones necesarias para quien solicita la práctica de interrupción del embarazo, y remarca que la decisión de quien pide el aborto “es incuestionable”.

Este lunes se cumplía el plazo legal que el Gobierno porteño tenía para vetar la Ley votada en la Legislatura. Tras confirmarse la adhesión al Protocolo ILE en la Ciudad, se publicaron este martes, en el Boletín Oficial, una serie de anexos que acompañan a la norma. En el comunicado donde anunció las medidas, Rodríguez Larreta señaló: “creo que hay vida desde la concepción y creo que hay que hacer todo lo posible para resguardar esa vida”.

Uno de los ejes que mencionó en el comunicado es la vigencia de la libertad de conciencia, lo que ratifica uno de los anexos donde aclara que “aquellas Instituciones que cumplen la función de efectores de Salud, cuyos principios fundacionales, estatutos, misiones o reconocidos valores se fundan en un ideario confesional y/o ético que deriva en que la mayoría de profesionales sean objetores de conciencia” podrán derivar a la persona gestante a otra institución, mediante un programa que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud porteño. Sin embargo, el protocolo nacional es claro en cuanto a que la objeción de conciencia “es siempre individual” y “no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar”.

Si bien la adhesión al protocolo ILE está confirmada, el Gobierno porteño tiene que establecer la reglamentación del proyecto de Ley aprobado por la Legislatura. En este sentido, Rodríguez Larreta remarcó que el Poder Ejecutivo se encargará de “establecer con más claridad los períodos gestacionales alcanzados por el Protocolo”, y agregó que “luego de las 24 semanas, la interrupción de un embarazo sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre”. Clara Noceti, referente de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, aclaró que “en el protocolo nacional no establece límites ni plazos para la interrupción legal del embarazo” y que “el riesgo lo tiene que evaluar el equipo de salud junto con la persona gestante”.

A su vez otro de los anexos que acompañan la Ley establece la creación del programa “A la par”, que considera tres ejes de trabajo: la prevención de los embarazos no deseados, que apunta a garantizar la llegada de los métodos anti conceptivos a todos los sectores y profundizar las charlas con jóvenes sobre salud sexual y reproductiva “en el marco de un proyecto de vida”, el cuidado de chicos y chicas durante los primeros meses de vida, que prevé una ayuda económica para la familia y vacantes en centros de primera infancia, y el acompañamiento a las personas durante el embarazo. Según Noceti, en la Ciudad “ya existen programas de acompañamiento del embarazo”. Según estableció el Gobierno porteño, “en todos los casos que una persona embarazada se acerque a un efector sanitario” se le informará sobre “las diferentes alternativas y programas de acompañamiento”.

Por último, Rodríguez Larreta anunció en el comunicado una serie de cambios –digitalización de los procesos, ampliación de los dispositivos, fortalecimiento de la articulación con la Justicia y con los hogares convivenciales- para “acelerar y simplificar” las adopciones. “Vamos a seguir acompañando a las familias en todo el proceso de adopción, articulando recursos y apoyando en lo técnico, profesional y humano”, precisó el jefe de Gobierno.

Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos, quien está a cargo de la comisión de Mujer, infancia, adolescencia y juventud, afirmó estar de acuerdo con “la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral para decidir, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción". Sin embargo remarcó que espera que, en la reglamentación de la norma, “no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría y la participación de todos los bloques”. En este sentido, Noceti afirmó que, desde de la Red, que forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, “vemos que lo establecido va en contra de las normativas nacionales”.