"Establecimos una mecánica de negociación" con las comunidades mapuche, dijo el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, luego de una reunión que mantuvieron funcionarios nacionales en la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, para intentar destrabar el conflicto por las tierras que lleva más de tres años. "Hace cuatro meses empezamos a delinear un mecanismo de aproximación al tema del conflicto mapuche que tiene varias patas, pero el principal es en la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi en Río Negro", dijo el funcionario. El 23 de noviembre de 2017 en ese lugar se produjo un violento desalojo a pedido de Parques Nacionales de los integrantes de esa comunidad, que incluyó la detención de niñas. Dos días después, la Prefectura volvió al territorio, fusiló a un grupo de jóvenes mapuche que habían regresado y mató a Rafael Nahuel por la espalda. En el marco de los intentos de bajar los niveles de tensión, la nueva administración de Parques Nacionales se comprometió a revisar la denuncia por usurpación que había motivado aquellos operativos represivos.

"El gobierno anterior intentó resolver el conflicto entrando a sangre y fuego y hubo muertes como la de Rafael Nahuel, pero pese a todo el uso de la fuerza que se hizo nunca se logró la resolución del problema que tiene más de tres años; nosotros intentamos un abordaje distinto, generando una instancia de diálogo para bajar los niveles de violencia y atender los problemas históricos que tienen que ver con la tierra, y el rol de las comunidades", dijo el funcionario, al tiempo que recordó que "hay una ley nacional que establece que debe hacerse un reconocimiento y relevamiento de las tierras mapuches y nunca se ha hecho: es la intención del gobierno de avanzar este año con esto, pero la pandemia lo ha impedido". 

La comunidad donde mataron a Rafita había anunciado que ampliaba su control territorial a lotes del obispado de San Isidro. Durante ese fin de semana fue denunciada la irrupción en una cabaña por parte de "encapuchados", que algunos medios volvieron a atribuir a los mapuche casualmente a horas de las instancias de diálogo ocurridas.

Es por eso que "lo que se ha establecido es una mecánica de negociación, y por primera vez en muchos años, el viernes fuimos donde está la comunidad y escuchamos sus planteos; desde la muerte de Rafael Nahuel es la primera vez que el Estado va al terreno, a ver en qué situación está la denuncia por usurpación, y también cuáles son las aspiraciones de la comunidad". De esa reunión en plena montaña, territorio recuperado por la comunidad Lafken Winkul Mapu, participaron representantes del ministerio de Ambiente y de Justicia, como también la machi (sanadora) y Mirta Curruhuinca, madre de Lautaro González Curruhuinca, procesado por usurpación y agresión a mano armada -piedras-, quien se mantiene prófugo ya que, según ratificó hace pocos días, no se someterá a la “Justicia racista”, y reclamó su absolución. Fuks mantuvo diálogo con el obispo Juan José Chaparro en el marco de la mediación.

Por otra parte, hubo comunicados cruzados entre el gobierno nacional y provincial, cuya gobernadora Arabela Carreras exigió soluciones para los "bandidos" en alusión a los mapuche. La presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Magdalena Odarda le respondió que el organismo "no acusa, no procesa ni juzga", y en el mismo sentido se pronunció Fuks por radio Nacional. "Nuestro camino es sin derramamiento de sangre, que no haya represión y si alguien tiene otras opciones nosotros estamos dispuestos a escucharlos", dijo Fuks, y pidió a la gobernadora Carreras, que "si tiene otras opciones las comparta", luego de haber "escuchado sus declaraciones cuestionando el accionar".

Además, el funcionario indicó que están "estudiando el documento que entregó" la comunidad y vamos a responder en unos 30 a 60 días", en relación a los varios puntos que reclama la comunidad, "algunos conversables, y otros más complejos", según dijo. "El objetivo es bajar los niveles de tensión y violencia que hay en muchos aspectos, porque la violencia no la genera una sola parte: el Estado es responsable porque la violencia mató a un joven, pero hoy también escuchaba por radio a un vecino decir que los pobladores se están armando para repeler agresión, por fuera de la ley", agregó.

El equipo de Fuks también visitó la comunidad Buenuleo, objeto de hostigamiento que habría cesado tras la intervención oficial anterior, y la comunidad Quijada, cuyas integrantes tienen bloqueado el paso por el country Arelauquen lo que las obliga a recorrer 5 kilómetros en montaña para salir y entrar a sus viviendas. 

Cuatro abogados de la Gremial llegaron hasta la costa del lago Mascardi, para participar del encuentro, del que también formaron parte integrantes de las comunidades de Cushamen y Kurrache. Según publicó el portal En Estos Días. “Fue una reunión dura, áspera a veces, con recriminaciones muy dramáticas de las comunidades para con el Gobierno en el entendimiento de que -aunque sea de signo político distinto al anterior- igual le cabría gran responsabilidad por ser el Estado Nacional”, concluyó la Gremial. PáginaI12 conversó con funcionarios de esa comitiva quienes señalaron que buscaron el compromiso de todas las partes de bajar los decibeles de la confrontación. En ese mismo sentido se ubica la denuncia contra el ex jefe de gabinete Pablo Noceti. "Las causas penales dan sombra a la situación, la militarización no sirvió, murió gente, de modo que planteamos salir de la lógica de la securitización y la judicialización, pero hace falta un compromiso de todas las partes", dijo la fuente sobre los vecinos que llaman a armarse tanto como cualquier acción violenta por parte de los territorios. El objetivo es que la presencia del ministerio de Seguridad a futuro salga de la escena definitivamente.