La empresa pública Integración Energética Sociedad Anónima (IEASA), ex Enarsa, amplió la denuncia y se ofreció como querellante en la causa por la "privatización a precio vil de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López" durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además de ofrecerse como querellante, en la denuncia IEASA aporta información sobre una serie de modificaciones en los pliegos de las licitaciones para la venta de las centrales. "Han ocasionado perjuicios de magnitud para los intereses de la empresa", se detalla el escrito que el actual presidente de la compañía de energía eléctrica, Andrés Cirnigliaro, presentó ante el juzgado federal de Sebastián Casanello.
La pérdida económica
Enarsa financió la construcción de ambas centrales colocando títulos en dos fideicomisos suscriptos en el Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS) del Anses. A cambio de este dinero, quedaron a favor de los fideicomisos los derechos de cobro de las sumas de los contratos de abastecimiento de energía eléctrica provenientes de estas centrales celebrados entre Enarsa y la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA (Cammesa): es decir, la deuda financiera que IEASA tenía con el FGS se cancelaba mensualmente con los fondos producidos por el contrato de compraventa de energía que Cammesa transfería al Fondo.
Previo a la venta, el garante de este repago de la empresa al FGS era el Tesoro Nacional. La transacción consistía no solo en la transferencia de los bienes muebles e inmuebles y los empleados, sino también en los derechos y obligaciones de la central eléctrica. Para poder vender las centrales, el FGS solicitó que se mantuviera la garantía del Tesoro respecto de sus títulos, pedido que el garante no aceptó justificando que "el productor de energía que da lugar a los pagos mensuales pasará a ser un privado y, por ende, de su buena o mala gestión dependerá la suerte de esos pagos", explicaba en aquel entonces la Procuración del Tesoro y agregaba que esta circunstancia aparece como un riesgo para el pago que "no se previó que dependa de un sujeto ajeno al sector público".
A fin de insistir con la venta, IEASA le propuso pagarle al FGS el total de la deuda con el monto adquirido por la venta de las centrales y se convirtió en el acreedor final del contrato con Cammesa, pero reemplazando el aval del Tesoro Nacional por garantías privadas.
La respuesta a toda esta compleja operación fue la pérdida de valor del activo de la empresa pública. "IEASA pasó en un mismo día de tener dos centrales termoeléctricas en pleno funcionamiento, generando energía y cobrando por la misma, a tener el producido en efectivo de la venta de dichas centrales por un monto notoriamente inferior (se adjudicaron por 118.054.000 dólares menos que la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación), que debió utilizar de inmediato para comprar títulos de deuda en poder del FGS, los cuales las propias dependencias estatales ya habían calificado de riesgosos y que, luego de la privatización, perdieron el aval del Tesoro Nacional reemplazándose por garantías privadas de los compradores", resume el informe.
"Del análisis y resultado de la operación de venta se ha constituido una pérdida económica sin precedentes para operaciones de esta naturaleza, ocasionándose un perjuicio y deterioro para el patrimonio de IEASA sin ninguna causa o razón que pueda dar una mínima explicación a semejante operación comercial", sentencia el escrito.
Para intentar justificar estas modificaciones, el entonces Ministerio de Energía expresó que las mismas posibilitarían una mayor concurrencia de oferentes en la licitación y un consecuente incremento en el precio de las ofertas, hecho que no sucedió en la práctica.
Principales irregularidades
A fin de octubre de 2017, Mauricio Macri ordenó por decreto la privatización de una serie de activos del Estado nacional entre los que se encontraban las centrales eléctricas mencionadas y el polo petroquímico Dock Sud.
Diputados nacionales del Frente para La Victoria denunciaron en noviembre del 2018 la irregularidad del proceso de venta de las dos centrales termoeléctricas de la empresa estatal al grupo conformado por YPF y Pampa Energía y a Central Puerto, del empresario Nicolás Caputo, compañero de la secundaria del ex presidente. Se los acusaba de modificar los contratos de fideicomiso porque prohibían la privatización, eliminar la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación como valor piso de las ofertas a presentar y vender las centrales a un precio menor que el tasado por la Nación.
Como resultado, la justicia federal abrió una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el ex secretario de energía Gustavo Lopetegui, el ex presidente de la IEASA Mario Dell Acqua, y otros funcionarios de Cambiemos.
