A poco más de un año y medio de promulgada la Ley Micaela su aplicación tomó mayor impulso en el gobierno de Alberto Fernández. La obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género para los tres poderes marca la necesidad de modificar el sistema patriarcal que tiene como principales víctimas a las mujeres y el colectivo de lesbianas, gay, travestis, trans e identidades no binarias. 

El diputado nacional Lucas Godoy (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que busca incorporar un artículo a la vigente Ley 23.298 de Partidos Políticos. La iniciativa establece que los candidatos “a cargos públicos electivos nacionales, convencionales constituyentes y autoridades partidarias, deberán realizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres” establecida en la Ley Micaela.

Godoy fundamentó el proyecto en que “es de gran importancia, que las candidatas y los candidatos que se postulen a cargos públicos electivos nacionales y autoridades partidarias, tengan esta formación en temática de género y violencia contra las mujeres, entendido no como una mera elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.

Además, consideró que “los cambios sociales profundos se producen desde la cultura y educación, y si estos se incorporan hacia adentro, en la vida interna de los partidos, son más transformadores aún”.

El diputado también sostuvo que “su obligatoriedad se transformó en un aporte para la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación e intervenir a través de esta formación en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal, es decir, en todo el Estado”.

Los partidos políticos ya vienen siendo objeto de transformación en relación a la igualdad de género. En el 2017 se sancionó la Ley de Paridad que ya se aplicó en las elecciones del año pasado. También, se modificó la Ley de Financiamiento de los partidos políticos donde se indica que debe existir un monto destinado para la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.

Por lo que esta modificación propuesta a la Ley vigente sería un nuevo avance, que además posibilitaría la detección de situaciones de violencia dentro de los espacios políticos partidarios. A fines del año pasado, se logró tipificar a la violencia política contra las mujeres dentro de las modalidades de violencias contempladas en la Ley 26.485. Esto permitió que pueda ser evidenciada toda conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer. 

Godoy expresó que existiendo candidatos y candidatas formados en perspectiva de género, se “garantiza entonces, que se empleará este enfoque, en forma sistemática, para la preparación, el análisis y la discusión del conjunto de las iniciativas legislativas, que se pondrá atención en la posible existencia de prácticas de discriminación y brechas de género en diferentes ámbitos sociales e institucionales”.

El proyecto tiene el acompañamiento del Instituto de la Democracia y las Elecciones. Y contó con las firmas de las diputadas del Frente de Todos: Lia Caliva, María Moises, María Schwindt , Claudia Ormachea  y María Graciela Parola.