Reclamo para extender hasta marzo el congelamiento del sector

Los inquilinos piden que no haya desalojos 

El Gobierno decretó que no habría desalojos, ni aumentos de alquileres hasta el 30 de septiembre, pero todavía un tercio de los inquilinos tiene problemas para pagar.
Hay 400 mil inquilinos con deudas de cuatro meses, según la federación que los representa.Hay 400 mil inquilinos con deudas de cuatro meses, según la federación que los representa.Hay 400 mil inquilinos con deudas de cuatro meses, según la federación que los representa.Hay 400 mil inquilinos con deudas de cuatro meses, según la federación que los representa.Hay 400 mil inquilinos con deudas de cuatro meses, según la federación que los representa.
Hay 400 mil inquilinos con deudas de cuatro meses, según la federación que los representa. 
Imagen: Sandra Cartasso

Las entidades que representan a los inquilinos reclamaron al gobierno que extienda hasta marzo del año que viene el plazo que impide el desalojo, asegura la prórroga de contratos y aplaza aumentos en los alquileres. La fecha límite, según el decreto presidencial firmado en el comienzo de la cuarentena, es el 30 de septiembre. Las entidades argumentan que se produjo un grave deterioro en la capacidad de pago del alquiler. Según la encuesta que realiza la Federación de Inquilinos, en agosto un tercio de las personas que alquilan tienen problemas para pagar los gastos de vivienda. El Observatorio de Análisis Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario porteño calculó que el 84,5 por ciento de los inquilinos de viviendas pagó su alquiler en julio, una cifra parecida a junio pero por debajo del 92 por ciento registrado en mayo.

El decreto 320, sancionado el 29 de marzo, estableció una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia. La norma definió la suspensión de los desalojos en todo el país y el congelamiento de los precios de los alquileres según el precio abonado en marzo. La diferencia en el precio de alquiler pagado y el que regiría con los aumentos se abonaría en cuotas a partir de octubre. Además, estableció la prórroga de contratos para aquellos cuyo vencimiento operaba a partir del 20 de marzo. Las medidas tienen como vencimiento el 30 de septiembre.

Adicionalmente, a finales de junio se sancionó la ley de alquileres, número 27.551, que entre otras cosas reemplaza el aumento semestral por ajustes anuales, que se realizan en torno a una fórmula compuesta por la evolución de los salarios y la inflación medida por el Indec. Además, el plazo mínimo de contrato se amplía de dos a tres años.

Durante estos meses, el decreto presidencial tiene un impacto mucho más potente que la ley, porque ésta última afecta a los nuevos contratos, que fueron menores a lo habitual en el marco de la cuarentena y con la prórroga automática definida por el decreto. Desde la Federación de Inquilinos advierten que “hay 400 mil hogares que acumulan deuda de hasta cuatro meses. El desalojo masivo está frenado por el decreto”.

¿El decreto se cumple?

El mercado inmobiliario está muy atomizado y desde antaño es muy reacio a la regulación. Opera en un alto grado de informalidad y muchas veces tienen más incidencia los usos y costumbres que las innovaciones normativas.

Fernando Muñoz, a cargo del área del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explica que “hay muchas consultas de parte de inquilinos en relación al decreto, especialmente por el tema de la prórroga de los contratos hasta el 30 de septiembre”. “Las inmobiliarias presionan para no prorrogar los contratos y que entonces se tenga que firmar un nuevo contrato, lo cual es muy favorable para el propietario, que allí puede fijar nuevos precios. Los reclamos de inquilinos aumentaron un 50 por ciento en julio con respecto a marzo y la mitad de las quejas están vinculadas a incumplimientos del decreto”, agregó Muñoz.

En una línea similar está la encuesta organizada por la Federación de Inquilinos, que marca que el 90 por ciento de los consultados dice que no se respeta el decreto o la nueva ley.

Un caso de incumplimiento que difundió la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español fue el FINAER S.A., que ofrece un servicio de garantías para inquilinos. La empresa fue imputada desde la dependencia oficial “porque no habría respetado el diferimiento del pago de alquileres a octubre y por otras maniobras que lesionan los derechos de los inquilinos al incumplir la Ley de Defensa del Consumidor”. “FINAER S.A. abonaría los alquileres a los locadores en lugar de los inquilinos para luego subrogarse los derechos de los propietarios y realizarles reclamos por la totalidad de la deuda pagada”, informó Comercio.

La prórroga

"El decreto se tiene que prorrogar porque empodera al inquilino y es fundamental: si no se prorroga habría una montonera de juicios de desalojo. Son muchas las consultas por imposibilidad de pagar el alquiler. Pero sería importante que se defina un organismo de aplicación. Debe haber un organismo gubernamental determinado que vele por el cumplimiento", advierte Muñoz. Las entidades de inquilinos piden una prórroga hasta marzo de las medidas que vencen en septiembre.

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