“Esperaba que algún fiscal de la Justicia tomara nota y procediera como nos imaginamos que debería para que el gobernador explique por qué hizo ejercicio ilegal de la medicina que está tipificado penalmente en el artículo 208 del Código Penal Inciso 1”, dijo a Salta/12 Víctor Aramayo, médico jubilado y actual secretario adjunto de CTA Autónoma (CTAA), de Jujuy. 

La polémica se disparó cuando el gobernador Gerardo Morales en una conferencia de prensa recomendó que ante los primeros síntomas de Covid-19, las personas recurran a antibióticos, tratamiento desaconsejado por los profesionales médicos, así como también la automedicación.

Aramayo afirmó que el Colegio Médico de esa provincia nada dijo hasta ahora y desde el Consejo Médico se evaluaban las declaraciones del mandatario. En caso de que no haya actuación de la Justicia en las próximas 72 horas, adelantó que podrían radicar una denuncia.

Gremialistas, médicos y pobladores jujeños manifestaron su malestar frente a un Gobierno que planteó, además de la automedicación, otras soluciones como “20 cascos respiradores que podrán ser operados por personal de enfermería”. Sucede que, si bien hay una mayor cantidad de respiradores en la provincia, solo se utilizan 60 (según el gobierno provincial) o 50 (según otras fuentes consultadas por Salta/12), a raíz de la falta de médicos y enfermeros terapistas.

La última decisión del gobernador jujeño Gerardo Morales, en tanto, fue flexibilizar algunas actividades en departamentos provinciales que pintó de amarillo. En la zona roja quedaron los departamentos Ledesma y Susques, y las ciudades de Perico y Humahuaca. La determinación de permitir en el resto de la provincia actividades como gimnasios, peluquerías, comercios y gastronomía, fue pese a reconocer que el 93% de las camas de las unidades de terapia intensiva están ocupadas y puede haber un colapso del sistema sanitario. En la conferencia de prensa que dio el domingo en la noche junto a su ministro de Salud, Gustavo Bohuid, el mandatario, que tiene título de contador público, le dio a la población la directiva de automedicarse en caso de tener síntomas.

“En mis 48 años de médico nunca vi eso”, se asombró Aramayo. La preocupación es que en caso de tener enfermedades de base o comorbilidades, la automedicación puede generar una situación peor para los jujeños.

“Además de enojados, estamos muy preocupados por cómo se maneja el gobierno de la provincia que no deja de amonestar a quien ose tener una opinión”, dijo Aramayo. Su versión coincide con la de habitantes y trabajadores de Salud de Ledesma que manifestaron a Salta/12 las intimidaciones con las que se arremete en su contra en caso de hacer denuncias. Por su parte, Aramayo señaló que en el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Jujuy “no hay epidemiólogo, no hay sanitarista. Está integrado por tres médicos que los respetamos, como a toda persona, pero como profesionales dejan mucho que desear. Se llegó al dislate total”.

En un audio que viralizó por las redes sociales la dirigente social actualmente con prisión domiciliaria, Milagro Sala, suplicó “que alguien haga algo por Jujuy. Por favor, por favor, por favor”. La militante sostuvo que tanto el personal de seguridad como el de la Salud “están solos”, sin “ser cuidados”. “Pedimos que alguien haga algo por nuestro Jujuy. Esta situación no da para más. Está colapsada la salud. No hay cama. Y hoy tenemos un COE que dice que tenés que tomar antibiótico y no te garantiza la salud”.

Buenos alumnos

El secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), Nicolás Fernández, afirmó que la situación que atraviesa hoy el sistema sanitario de Jujuy es consecuencia de un abandono histórico en general. Pero en particular, apuntó a la política sanitaria instrumentada por Morales en los últimos tres años. “Tenemos nada más que 60 respiradores. Podría haber 120. El problema es la falta de médicos y enfermeras terapistas. Somos 750 mil habitantes y solo 50 camas en la unidad de terapia intensiva”, afirmó.

“Hace 8 años que advertimos la crisis en el recurso humano profesional y una de las principales causas son los bajos salarios y la falta de condiciones favorables para que los profesionales se radiquen en los lugares más vulnerables”, dijo. Explicó que en los últimos tres años se puso en marcha el “supuesto Plan Estratégico de Salud que es la versión jujeña de la Cobertura Universal de Salud (CUS), de (el gobierno de Mauricio), Macri. Los dos mejores alumnos para eso fueron Jujuy y Mendoza”, indicó al hablar en Radio Nacional Salta. 

Esas políticas involucraron la centralización de los recursos en la cartera sanitaria, eliminándose la regionalización, además de resolver la privatización de servicios como facturación y estadísticas. Se avanzó también en el “desmantelamiento y desarticulación de equipos multidisciplinarios de trabajo”. Particularmente, sostuvo, “todo el departamento de infectología del Hospital San Roque (entidad sanitaria de referencia de la provincia de Jujuy) fue desmantelado”, por lo que ahora se ven las consecuencias. “Además, tenemos el peor brote de dengue de los últimos 17 años”, en la provincia, señaló.

“Hoy la gente está muriendo en sus casas con abandono del Gobierno que niega el testeo al equipo de salud y a la población y lamentablemente estamos muy cerca de ver imágenes muy tristes en la provincia que ya vimos en otros países en Latinoamérica”, advirtió el gremialista. En cuanto a las denuncias contra el Ingenio Ledesma y la Minera Exar por los contagios, observó que el gobierno jujeño jamás avanzó sobre las responsabilidades que podrían caberles a estos grandes grupos económicos.

Una tasa de 440 casos cada 100 mil 

El epidemiólogo Carlos Remondegui, por su parte, analizó en diálogo con Radio Universidad de Jujuy que se llegó a tener el doble de casos que hace diez días alcanzando una tasa de “440 casos cada 100.000 habitantes”. Comparó la situación con Salta, en donde la tasa llega a ser de “30 o 40 (casos), cada 100.000 habitantes”. En esa línea añadió que la tasa en Jujuy es mucho más alta que en la provincia del Chaco que cuenta con 279 casos positivos cada 100.000 habitantes. “Estamos segundos después de la provincia de Buenos Aires, pero ellos tiene resto con una ocupación de camas de terapia del 60 por ciento”, describió al poner sobre el tapete el particular problema de las camas de terapia intensiva en Jujuy.

Daniel Bravo, médico infectólogo de Libertador General San Martín (ciudad cabecera del departamento Ledesma), dijo a Salta/12, en tanto, que las soluciones en el departamento podrían traducirse en la habilitación del Hospital de Campaña que cuenta con 30 camas. El problema principal, no obstante, es otra vez la falta de recursos humanos especializados y de oxígeno.

Al evaluar la explosión de contagios en el departamento, señaló que uno de los principales problemas fue la estrategia del gobierno jujeño de preparar los centros sanitarios de San Salvador de Jujuy para tratar a pacientes con la Covid-19 y no los del interior. El primer paciente que llegó a tratarse al Hospital contaba con una sintomatología atípica para Covid-19, y fue positivo. 

Tras este caso y el de otros contactos estrechos se contagió el personal de la Salud del Hospital, que terminó en cuarentena, sin posibilidad de dar atención. Entonces los trabajadores que hacían el seguimiento de los casos dejaron de hacerlo por haber entrado a cuarentena. El contagio se viralizó desde diversos sectores del departamento. “Fue una explosión de infección enorme si le sumás las distintas medidas no tomadas. Y ahora es imposible frenarlo”, a menos que se pueda contar con los recursos humanos y de infraestructura suficientes para habilitar el Hospital de Campaña, sostuvo.