Prisión preventiva para ex fiscal regional de Rosario

Serjal, el diseñador y ejecutor del plan 

Recibía coimas del empresario del juego Leonardo Peiti a cambio de transmitirle información reservada y no investigar hechos que podrían constituir delito.
Serjal al momento de llegar a la audiencia.Serjal al momento de llegar a la audiencia.Serjal al momento de llegar a la audiencia.Serjal al momento de llegar a la audiencia.Serjal al momento de llegar a la audiencia.
Serjal al momento de llegar a la audiencia. 
Imagen: Sebastián Granata

El ex fiscal regional Patricio Serjal quedó detenido por tres meses, hasta noviembre, por decisión de la jueza Eleonora Verón, acusado por los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución de delitos y peculado. Serjal quedará alojado en 27 de Febrero y Circunvalación. Durante la audiencia, los fiscales argumentaron la prisión preventiva en el "daño institucional" que significó el accionar de Serjal, mientras los acusadores aseguraron que tras la difusión de las maniobras que realizaron con el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado Nelson Ugolini, otros fiscales se acercaron a la Agencia de Criminalidad Organizada para informar sobre distintas irregularidades cometidas por Serjal en el ejercicio de su función, a la que accedió en abril de 2017.

Las fiscales Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le imputaron a Serjal con la participación del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini, haber diseñado y ejecutado un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos, interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra el capitalista de juego ilegal.

Durante la audiencia al momento de ejercer su defensa, Serjal subrayó una y otra vez que es inocente. "¿Dónde está el dinero? Mi familia vive con mi sueldo. El de mi esposa es poco. Lo que hemos hecho fue con mi sueldo y lo que ahorramos. Llamamos para rescindir el contrato de alquiler. Mi señora y mis hijas se fueron de sus padres, nos dan alojamiento y me lo van a dar a mí también porque estoy desempleado y me inhabilitaron la cuenta sueldo, donde no había mucho dinero", expresó. Más aún, aseveró que "nunca" tuvo "cajas de seguridad en el banco". "No tengo cuentas en el exterior, ni participación en sociedades o fideicomisos", añadió.

En la audiencia, Serjal profundizó esa teoría. "El 18 de noviembre el doctor (Jorge) Baclini (fiscal general) me dice que tenía que renunciar por la nueva conducción política. Me dijo: 'Tenés un problema ético con una causa de autos'. Después explotó una campaña mediática. ¿Estaba Peiti o me hicieron una cama de verdad? Esto siguió hasta ahora que me volvió a llamar Baclini. Le dije: 'Jorge, mi teléfono y mi casa están a disposición'", aseguró y dijo: "Me quieren sacar del medio".

En su defensa, el acusado también rechazó ser parte de una organización criminal. "Como fiscal regional no estaba a cargo de esas causas. No las conocía. Siempre hablé con fiscales y les decía que no me interesaban nombres ni domicilios. No es mi función inmiscuirme en las causas", expresó. Por último, aseguró no haber mantenido contacto con Nelson Ugolini –colaborador de Ponce Asahad imputado el martes pasado– y agregó: "Nunca pedí ni exigí dinero, ni recibí nada".

Sin embargo para la jueza Verón tomó relevancia el cumulo de pruebas aportadas: Serjal acordó con Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él a los fines de cumplir con este pacto sería Ponce Asahad, reafirmando el acuerdo que tenían con el mismo desde al menos diciembre de 2018. Justamente el 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie ubicado en Roberto Ortiz 1835 de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar la que oscilaba al equivalente de entre 4 mil y 5mil dólares mensuales y solicitarle el aumento de la misma.

La magistrada dio por probado que en cumplimiento de ese acuerdo Ponce Asahad tuvo encuentros en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de Julio de 2020 a las 12.35, cuando Peiti concurrió al Pasaje Rosales al 1300 de Rosario y acordaron que serían entregados 10 mil dólares esa tarde. Dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18  en la Sede del Círculo Argentino Árabe, en Dorrego 1251 de Rosario. En otras oportunidades, Ponce Asahad se reunía con Peiti en Oroño y Mendoza y recibía el dinero acordado.

La jueza también merituó que el 16 de junio de 2020 Serjal fue al Organismo de Investigaciones del MPA, oportunidad en la que pudo ver un diagrama de la estructura que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi, ex policía y recaudador de juego ilegal y Peiti. Al otro día, concurrió a ese lugar nuevamente, acompañado por Ponce Asahad y volvieron a ver esa investigación. El 30 de junio, Ponce Asahad le informó a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le advirtió sobre posibles intervenciones de comunicaciones, y le aconsejó que cambiara y rompiera el teléfono. Peiti lo hizo y dejó de utilizar la línea que se encontraba intervenida. Además le pidió 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y lograr que se lo tratara como una víctima de lo sucedido.

Para la jueza Verón, el trío de imputados, en cumplimiento del plan común omitieron actos propios de sus funciones y violaron sus deberes. Entre las pruebas analizadas se reveló que obstaculizaron la investigación penal por juego clandestino a cargo de Matías Merlo, fiscal de Melincué que llevaba como imputado Peiti y otros, informando al imputado la existencia de la investigación y la solicitud de los allanamientos, lo que motivó que Merlo desistiera de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

También se reveló que a sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos el 5 de diciembre de 2018 Nelson Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el Fiscal Merlo. Esto les permitió justificar el acceso a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos. Este trámite fue caracterizado como el "legajo poncho", echando mano a la figura usada en el robo de vehículos cuando se le cambia la identificación del motor y chasis.

Los ficales revelaron además --y probaron-- que cuando Peiti fue víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano "Cachete" Díaz le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo a él o a su familia, el trío ahora imputado omitió promover la persecución penal contra los posibles autores. Para ello Serjal y Ponce Asahad se reunieron con una fiscal quien se encontraba a cargo de la tramitación de una causa por haber recibido la consulta en el turno de Flagrancia, y le dieron indicaciones precisas de no realizar medidas de investigación, y de no citar a la víctima afirmando que se había comunicado con el abogado de la misma y éste le había informado que estaba fuera de la ciudad.

 

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