La política, fundamentalmente la política democrática, se encuentra asociada a la práctica de la palabra. Esto no implica reducir la política a la palabra; incluso en los procesos políticos más efervescentes la discusión pública ocupó un rol importante.
La Revolución Francesa no fue un proceso conversado, pero para difundir las ideas revolucionarias Jean-Paul Marat creó Monitor patriótico, que luego denominó Divulgador parisino, y finalmente nominó El amigo del pueblo. Del mismo modo, la Revolución de Mayo tampoco fue mera conversación pública, pero rápidamente Mariano Moreno reconoció la importancia de la disputa por la palabra y creó La Gazeta.
Aunque no se agota en la conversación pública, la democracia necesita de ella. Sin embargo, en Argentina existe una serie de dispositivos que anulan todo diálogo. En las discusiones en torno al diseño institucional, las palabras peronismo y kirchnerismo se emplean para dar por cerradas las discusiones políticas.
Cualquier propuesta de reforma que tenga origen peronista o kirchnerista no es discutida en sus propios términos, sino que se lee a la luz de un elenco de sospechas que clausuran el intercambio. En el marco de la presentación de la denominada reforma judicial, con la pretensión no de contribuir sino de anular la discusión pública, las oposiciones plantearon que se buscaba ampliar el número de jueces y juezas de la Corte con el objetivo de lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner.
La ampliación de la Corte no se encuentra en el proyecto de ley enviado al Congreso, ni está explicitada –aunque tampoco negada– en el decreto de creación del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero se transformó en un asunto de debate.
La dramática historia del menemismo nos luce la ampliación de la Corte y la creación de una mayoría automática, episodio solo comparable con el escandaloso nombramiento de jueces por decreto realizado por el macrismo. La tragedia menemista puede explicar parte de las sospechas opositoras actuales, pero podemos afirmar que el menemismo transformó en ley un proyecto históricamente radical.
Con la excepción del gobierno de la Alianza, los gobiernos radicales posteriores al derrocamiento de Perón tuvieron su propuesta de ampliar la Corte. En 1958 Frondizi presentó un proyecto de ley para incrementar de cinco a nueve el número de integrantes de la Corte, y dos años después logró la sanción de la ley 15271 que amplió el número a siete.
El primero de mayo de 1964, en la Asamblea Legislativa, Illia anunció que enviaría un proyecto para reformar el recurso extraordinario ante la Corte y modificar la composición y competencia del tribunal. Respetando su palabra, Illia envió un proyecto para elevar a once el número de miembros de la Corte, y el Senado dio media sanción a una integración de diez con la división en tres salas, aunque nunca se trató en la Cámara de Diputados.
El Gobierno de facto de Onganía redujo de siete a cinco el número de jueces y juezas, y en 1987 el gobierno de Alfonsín envió su propuesta de ampliar la Corte. El 23 de octubre de aquel año, el entonces Presidente envió un proyecto en el cual subrayaba que, dado el incremento de causas que estaba resolviendo el tribunal, correspondía aumentar a siete el número de integrantes.
El sueño alfonsinista de ampliar la Corte lo cumplió Carlos Menem en 1990 con la sanción de la Ley 23774, y dio lugar a la pesadilla de la mayoría automática de la que nos despertó el gobierno de Néstor Kirchner.
¿Por qué es importante este repaso histórico? No para justificar un eventual aumento del número de integrantes de la Corte. Tampoco para descartarlo. Es fundamental porque nos permite desactivar esos dispositivos que anulan el diálogo. Ese supuesto afán del peronismo y el kirchnerismo por ampliar la Corte, y con ello controlarla, también debería predicarse de la UCR.
Si esto es así, podemos hacer adoptar dos actitudes: seguir apelando a dispositivos que anulan el diálogo y así conservar el mal funcionamiento del Poder Judicial, o discutir de una vez por todas cómo hacemos para mejorar, transparentar y democratizar el Poder Judicial.
Mauro Benente: Doctor en Derecho (UBA). Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).
