El oficialismo desconoció una orden judicial que impedía la realización de la audiencia por la venta de inmuebles del Estado

Legislatura porteña: una audiencia pública sin acceso público

El oficialismo porteño llevó a cabo una audiencia pública, bajo la modalidad virtual, para tratar la venta de más de 30 inmuebles que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta vender, a pesar de que la justicia ordenó el día anterior suspenderla tras hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Según denunciaron las organizaciones que hicieron la presentación, y legisladores de la oposición, el presidente de la Comisión de Presupuesto y encargado de llevar adelante la reunión por Zoom, el legislador de Vamos Juntos Claudio Romero, “se negó a notificarse, no le permitió el acceso a la secretaria del Juzgado, y cuando la oposición la hizo participar, no le dio la palabra”.

La audiencia estaba convocada para tratar la venta de inmuebles que aprobó en primera lectura en diciembre pasado la Legislatura. Y aunque no es vinculante, es el paso previo obligatorio para la sanción definitiva de leyes como esta que enajenan bienes públicos. Sin embargo, el martes por la tarde, tras la presentación judicial de las organizaciones porque la convocatoria pública no garantizaba la participación de la ciudadanía, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 2, Andrés Gallardo, dictó la medida cautelar y suspendió esta audiencia y las próximas hasta que el "órgano convocante de cumplimiento" a las normas que se establecieron para estos encuentros en contexto de pandemia.

La decisión fue comunicada por cédula electrónica al mail de la Legislatura y al de la Dirección de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura que lleva adelante las audiencias. A pesar de ello, a las 11 de la mañana, cuando la norma fija que los encuentros tienen que ser en horario vespertino porque la gente trabaja, el legislador Romero inició la audiencia.

“A partir del minuto uno se le comunicó que había una cautelar, pero él dijo que nadie se lo informó”, contó a Página|12 Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC. Y agregó que ”Los legisladores le pidieron que pase a un cuarto intermedio para que verifique las comunicaciones pero se negó. Como también se negó a hacer ingresar al zoom a la secretaria del juzgado Beatriz Campos. Y cuando pudo entrar porque legisladores de la oposición le habilitaron el ingreso, nunca le dio la palabra. Siguió con la audiencia a pesar de que casi todos planteaban que se debería suspender”. Consultados por este diario, voceros del legislador dijeron que no iba a hacer ninguna declaración ”porque tenía muchas reuniones online”.

Para Baldivieso, el accionar de Vamos Juntos ”muestra la continua aversión que tiene el oficialismo a la democracia participativa. Ya no se trata ni siquiera de que adopte o tome las propuestas de la ciudadanía sino de que hace todo lo posible para que no se respeten las instancias de participación ciudadana”.

En este sentido, entre los puntos objetados judicialmente para suspender la audiencia, las organizaciones señalaron que la Legislatura no cumplió con lo que establece la ley que autorizó la realización de audiencias publica virtuales, por la cual tiene que habilitarse un lugar físico con las medidas de distanciamiento social adecuadas para garantizar la participación de todos aquellos que no tienen dispositivos informáticos o wifi. Tampoco cumplió con los horarios, que deben ser vespertinos, ni con la obligación de cuando convoca utilizar un lenguaje llano para explicar los efectos prácticos de los proyectos, en lugar de emplear nomenclatura técnica.

Durante el zoom, al hacer uso de la palabra la legisladora María Rosa Muiños (Frente de Todos) aclaró que la resolución judicial afirma haber notificado a la Legislatura a través de dos correos y que, por lo tanto, "la audiencia es nula".

En el mismo sentido se manifestaron sus colegas de bancada. El legislador Matías Barroetaveña, sotuvo que la audiencia era ilegal, y dijo que “realmente resulta lamentable que no se respete una decisión de la justicia y un bloque pretenda avanzar con la venta inmuebles que son de todos y todas las porteñas“. En tanto su colega Santiago Roberto, remarcó que "a pesar de que hay un fallo de la Justicia que pidió suspenderla por no cumplirse los mecanismos democráticos de participación, el Gobierno porteño hace oídos sordos a este fallo“, y agregó que “las audiencias públicas deben llevarse a cabo presencialmente respetando los protocolos sanitarios y si se realiza de forma mixta deben garantizarse que todos los participantes puedan contar con los medios virtuales necesarios".

Ante el incumplimiento de la orden judicial, las organizaciones amparistas presentaron este miércoles un pedido para que se de por incumplida la cautelar y se declare nula la audiencia pública. Al mismo tiempo pidieron que se ordene a la Legislatura que informe a través de su web y a cada una de las personas que se inscribieron a las audiencias públicas pendientes que estas fueron suspendidas por la justicia.

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