La última semana fue crucial para el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. No tanto en materia legislativa, con una sesión que tuvo como uno de los temas relevantes la modificación del régimen de Habilitaciones Comerciales, sino en términos políticos.

Precisamente, esta y otras iniciativas aprobadas el miércoles quedaron relegadas tras el extenso plenario desarrollado el viernes, en el que seis funcionarios del Ejecutivo municipal expusieron ante los ediles los puntos principales del Plan de Movilidad Sustentable.

Este plan tiene como base los documentos técnicos del Programa Integral de Desarrollo Urbano Ambiental II (PIDUA II), aprobado en 2019. Se trata de la planificación de la ciudad para los próximos veinticinco años. Uno de estos documentos, precisamente, se refiere al sistema de ciclovías y bicisendas.

“Éste fue el primer plenario virtual de la historia”, se jactó el presidente del cuerpo legislativo, Darío Madile, al finalizar el encuentro que se prolongó por más de tres horas y media. La reunión se desarrolló sin sobresaltos, aunque hubo algunos reclamos por parte de los concejales hacia los representantes del Ejecutivo.

Además de los ediles de los distintos espacios políticos, participaron del encuentro la coordinadora de Comunicación y Contenidos, Agustina Gallo, y los secretarios de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo; de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra; de Hacienda, Daniel Amador y los subsecretarios de Movilidad Urbana Sustentable, Sebastián Soler y de Movilidad Ciudadana, Luis Nerón.

La concejala Romina Arroyo fue la primera en tomar la palabra. Tras una introducción en la que citó el principio de participación de actores que contempla el PIDUA, se refirió a la ciclovía de la avenida Belgrano: “De la noche a la mañana nos encontramos con la obra sin haber sido consultados ni haber tenido participación. Al igual que los vecinos, el transporte, las instituciones escolares y el SAMEC, todos somos actores”.

Si bien las palabras de Arroyo anticipaban un plenario difícil, las alocuciones fueron de mayor a menor. Recién hacia el final del encuentro, la concejala Rosa Herrera planteó: “Estos encuentros se tendrían que haber llevado a cabo antes, al comienzo de las obras. Tendríamos que haber hecho reuniones con todos los actores involucrados en este plan”.

Definiciones

Durante el plenario, el contador Daniel Amador dio a conocer los datos más importantes de la obra. La ciclovía de la avenida Belgrano, desde Juan XXIII hasta Bicentenario (3,7 km), se adjudicó a la firma Pastrana Estrizich, en contratación directa y por libre negociación, con un presupuesto de $3.603.784,91 (apenas mil pesos por debajo del oficial). Asimismo, se informó que los trabajos finalizarán en quince días.

Por otra parte, el tramo de la calle Alvarado, desde Bicentenario hasta Luis Burela (3,3 km), se adjudicó a la empresa Zoricich, con una cotización de $3.178.621,72 (ocho mil pesos menos que el presupuesto oficial).

La arquitecta María Eugenia Angulo comparó esta obra con la bicisenda que va desde la Terminal de ómnibus hasta la Universidad Católica, la cual tiene una extensión de 3,5 km y costó $17 millones”. En ese sentido, Angulo dijo: “Somos ahorrativos”.

Ciclovía al Concejo

Una semana antes del plenario, el gobierno comunal había remitido una copia impresa del Plan de Movilidad al Concejo Deliberante. Pero debido a las restricciones por la pandemia de la Covid-19, el material no había podido distribuirse fácilmente entre los ediles.

Este documento había sido solicitado por los concejales en reiteradas oportunidades desde mediados de mayo, ocasión en que la propia intendenta Bettina Romero realizó la presentación “oficial” del proyecto. En aquella reunión habían estado presentes funcionarios, el diputado nacional Martín Grande y la alcaldesa de la bicicleta en Salta, Jimena Pérez Marchetta. Los ediles, en tanto, no fueron invitados.

Desde entonces y durante los últimos tres meses, los reclamos, las acusaciones, los reproches y hasta las declaraciones subidas de tono por parte de los concejales, fueron moneda corriente no sólo en el recinto Miguel Ragone y en las sesiones virtuales, sino también en programas radiales y televisivos.

Algunas veces por cuenta propia y otras como portavoces de los vecinos (siempre recordando aquello de que “el Concejo es la caja de resonancia de los barrios”), los legisladores capitalinos fueron observando, marcando y criticando cada una de las acciones del Ejecutivo en relación a este tema.

El malestar de algunos sectores como los permisionarios de estacionamiento medido y los taxistas, sumó más tensión aún. Los permisionarios, por el traslado a otras zonas y la asignación de nuevas cuadras con menos movimiento que la avenida Belgrano. Los taxistas, por el cambio de lugar de las paradas.

En tanto, la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), manifestó no haber sido informada respecto al Plan de Movilidad. En un escrito dirigido a la comisión de Tránsito del Concejo Deliberante, con fecha 17 de julio de 2020, la AMT declaró: “El mencionado plan no ha sido informado a este organismo y tampoco se recibieron solicitudes de reubicación de paradas motivadas por el mismo o por otro motivo de alguna dependencia municipal”.

Y así se llegó al plenario del último viernes. Se desconoce, por el momento, si el conflicto finalizará con esta reunión. Sin embargo, que los concejales no hayan sido consultados para la formulación del plan, ni convocados a las distintas jornadas en las que se expusieron sus principales ejes, no es un signo de buena salud en el vínculo entre el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo.