En un nuevo capítulo por el escándalo que se desató tras una investigación periodística en la que figuraban al menos 50 legisladores implicados en el cobro, o haber intentado cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el presidente Alberto Fernández para los sectores más precarizados de la sociedad, la justicia federal decidió imputar a los 18 que efectivamente recibieron ese subsidio.

Ayer por la tarde, y a pedido del fiscal federal Ricardo Toranzos, fueron imputados 17 concejales y un funcionario público por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. También se dispuso un embargo de $60.000 para los acusados y se estableció un plazo de investigación de 90 días hábiles.

La audiencia, que se extendió por más de tres horas y se realizó de manera virtual, estuvo a cargo del juez federal de Garantías Julio Bavio.

Los concejales imputados son: Jesús Ernesto Cuellar, concejal de Urundel; Luis Carlos Coronel, por El Carril; Paola Sandra Cantarella, de Pichanal; María Del Valle Torres, de Rivadavia Banda Norte; Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta; Gabriela Elizabeth Cazón, de Aguas Blancas; Franco Marcelo Córdoba, concejal de San Antonio de los Cobres; Melisa Mónica González, por San Lorenzo; Marta Beatriz López, concejal de Orán; Ricardo Alberto Díaz, de Colonia Santa Rosa; Nicolasa Maraz, por Los Toldos; Nancy Valeria Quiroga, de Santa Victoria Oeste; Jimena Antonieta Ordóñez, de Agauray; Javier Hector Chauqui, de Angastaco; Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal; Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas, de El Quebrachal.

Por último, Luis Alberto Hosel, quien figura como empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también fue imputado. En este caso, desde el propio Centro de Referencia de ese organismo en Salta subrayaron que si bien fue designado en febrero para trabajar en esa repartición, nunca le llegó su nombramiento, por lo que en todos estos meses no recibió sueldo alguno y para mantenerse económicamente realiza trabajos a domicilio de plomería y albañilería, que durante la etapa de aislamiento no estaban permitidos y por eso mismo se había inscripto para cobrar el subsidio.

También la concejala Nicolasa Maraz explicó en su momento que al asumir como edil de Los Toldos había renunciado a su dieta debido a que era inferior a lo que cobraba por la Asignación Universal y que había inscripto a una de sus hijas en el programa Progresar para enviarla a estudiar a otra ciudad. Debido a que figuraba como beneficiaria de la AUH, la ANSeS le asignó automáticamente el IFE.

En tanto, la edil de Orán Marta López presentó su renuncia al Cuerpo durante la sesión de ayer por estar denunciada en la causa. Mientras que la semana pasada, los concejales por el municipio de San Lorenzo Melisa González y José Reynaga fueron expulsados por el Concejo Deliberante, enjuiciados por sus pares por “inhabilidad moral”.

González figura como imputada por haber cobrado efectivamente el subsidio, sin embargo, Reynaga solo figura en el registro de ANSeS como rechazado.

El concejal adujo que nunca fue su intención recibir los $10.000 del Ingreso, sino que se registró para enseñar a hacerlo a otros ciudadanos de aquella localidad.

Los argumentos de Toranzos

El fiscal federal sostuvo que la investigación se inició a partir de una noticia criminis difundida el 23 de julio, la que puso en evidencia el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de distintos funcionarios públicos, la mayoría de ellos concejales de distintas localidades de la provincia.

En función de ello, se requirieron informes a la oficina central de la ANSeS y posteriormente que ese organismo verificara el camino virtual que realizaron los sospechados con el fin de cobrar el IFE.

Toranzos se refirió a otras pruebas producidas, entre ellas los cotejos requeridos a la AFIP respecto a los ingresos de los acusados y sus empleadores. Indicó que la disposición del beneficio estaba claro, sin embargo, “lejos de cumplir con el juramento realizado al asumir en la función pública, se aprovecharon de este beneficio, el cual cobraron en muchos casos en dos ocasiones”.

Señaló que las pruebas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron, sino el medio por el cual cobraron irregularmente tal beneficio “sin importarle que tal subsidio, que significó un desprendimiento importante de los fondos del Tesoro Nacional, estaba dirigido en realidad a las personas más vulnerables”.

El fiscal señaló el medio de pago por el cual los acusados percibieron el subsidio, y señaló que el sueldo que percibía cada uno de ellos oscilaba entre los $20.000 y $60.000. “Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”, destacó.

Toranzos los imputó por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, y pidió un embargo para cada uno por la suma de $100.000 para cubrir los daños causados y las costas del proceso.

Respecto a las medidas de coerción, el fiscal requirió, por ahora, el compromiso de los acusados de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación penal, para la cual pidió un plazo de 30 días hábiles.

En tanto, el juez Bavio dispuso formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, al considerar que el caso presentado es bastante “sólido y provisto de numerosa prueba documental”.

Respecto al plazo de investigación, optó porque sea de 90 días, mientras que redujo el embargo a la suma de $60.000.

Muchos de los acusados, a través de sus defensas, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE.