Desde España

El ex alto cargo de la dictadura franquista y ministro durante la Transición a la democracia en España Rodolfo Martín Villa, reivindicó este jueves su inocencia en el proceso que se le sigue por supuestos delitos contra la humanidad entre 1976 y 1978. Lo hizo ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la Argentina, María Servini, en una comparecencia telemática desde el consulado argentino en Madrid que se prolongó durante tres horas. El exministro defendió su labor durante aquellos años y leyó una declaración en la que señaló que la Transición española “fue incompatible con el genocidio de españoles”.

Martín Villa, que adelantó con una carta dirigida a algunos medios españoles cuál sería el sentido de su declaración, mostró su disposición no sólo a defenderse, sino también de “defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio".

El exministro aseguró que la Transición "supuso, esencialmente, la reconciliación entre los españoles, incompatible con el "plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes", del que habla la querella.

El objetivo de presentar su declaración por escrito, según anunció Villa a la jueza, fue también el de "corregir posibles olvidos, omisiones o errores que serían comprensibles, ya que se refieren a hechos ocurridos hace más de 40 años", cuando tenía una edad que según apunta hoy dobla "con creces".

La Transición "ejemplar"

El interrogatorio se celebró desde el consulado de Argentina en Madrid y se extendió durante más de tres horas. El extitular de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en los primeros gobiernos tras la muerte de Franco, defendió su actuación como ministro en cada uno de los episodios de violencia. Sin embargo, el grueso de sus argumentos los dedicó a defender la Transición como una de las etapas más brillantes de la historia de España, en la que jóvenes reformistas procedentes de las estructuras del franquismo, como él mismo, lograron ponerse de acuerdo con sus adversarios democráticos —a los que se le acusa de tratar de aniquilar— para instaurar un régimen constitucional de libertades y conjurar el riesgo de otro conflicto civil.

Martín Villa recordó que antes de las elecciones de 1977 no quedaron ni presos políticos en las cárceles ni exiliados españoles en ningún lugar del mundo. “Algo tuve que ver en todo aquello”, indicó.

La denominada "querella argentina" atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por tres hechos: las cinco muertes en el desalojo policial de una protesta obrera en Vitoria el 3 de marzo de 1976; seis muertes entre 1976 y 1977, durante su mandato al frente de Interior, y otra en Pamplona en durante la festividad de San Fermín, en julio de 1978.

La declaración comenzó con retraso porque el procedimiento penal argentino obliga a que se haga la lectura completa de las acusaciones, lo que ha llevado una hora y media. Aunque había sido citado a las cuatro de la tarde hora española, el interrogatorio no ha comenzado hasta después de las cinco y media.

Martín Villa reconoció que en los sucesos de Vitoria de 1976, donde se produjeron cinco muertes por disparos de la policía, hubo “errores graves y comportamientos contrarios al respeto de los derechos de las personas”, pero aseguró que ello no debe llevar a admitir la acusación de que hubo delitos de genocidio durante la Transición. También afirmó que sus instrucciones en todo momento se dirigieron a intentar evitar muertes por actuaciones policiales.

Aunque está imputado, la jueza Servini no ha dado aún el paso de procesarlo por un delito de lesa humanidad.

Simultáneamente, en varios puntos de España se organizaron pequeñas concentraciones de repudio a la dictadura franquista.

Agrio debate político

Mientras tanto, el proceso abierto en la justicia argentina comienza a provocar un agrio debate político en España. Por un lado, ha levantado el aplauso en las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, calificó la declaración de Martín Villa como "un paso histórico para la justicia y contra la impunidad" En su cuenta de Twitter, señaló que "la generación que hizo la transición y trajo la democracia merece que se rompa la impunidad”. Por el otro, ha puesto en evidencia la brecha generacional en el seno del Partido Socialista. La postura de apoyo a Martín Villa de los expresidentes González y Rodríguez Zapatero contrasta con el silencio que mantienen los dirigentes del PSOE en activo.

Asimismo, el Partido Popular ha encontrado una veta por donde intentar desgastar al Gobierno con el argumento de la soberanía nacional mancillada.

Este mismo jueves, mientras el Martín Villa declaraba en el Consulado de Argentina en Madrid, el principal partido de la oposición presentaba un escrito en el Congreso en el que reclamaba la comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La fiscal general, un cargo nombrado por el Gobierno pero que en teoría ejerce de manera independiente, actúa a la cabeza de todo el cuerpo de fiscales del país, que tiene estructura jerárquica.

El pasado 4 de agosto, Delgado anuló una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal (nombrada por el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy) , dictada en septiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina. El objetivo de esta orden, ahora anulada, era obstaculizar la continuidad de la causa y se fundamentaba en la siguiente argumentación jurídica: "Los hechos que desde Argentina se trata de investigar son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles, por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina", sostenía además de asegurar que al haber sido cometidos entre 1936 y 1977, los presuntos delitos estaban prescritos. Todos los crímenes políticos cometidos con anterioridad a 1977 fueron amnistiados en ese año

Delgado justificó su decisión de anular la orden dictada por su antecesora en el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional. La fiscal general destacó la obligación de cumplir el convenio de cooperación en materia de justicia penal que existe entre España y Argentina.

La nota remitida a los fiscales en agosto recordaba que "es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional".

Para el PP, que no considera que la fiscal general ejerza con independencia de criterio, esta decisión supone una cesión de soberanía a la Argentina por parte del Gobierno de España, por lo que reclama que la fiscal general dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. En el escrito presentado este jueves en la cámara, exige que detalle el criterio de la Fiscalía "respecto a la cooperación jurídica internacional".