La gendarmería desde adentro. De centinelas de la patria al trabajo en los barrios. Así se llama el libro que Sabina Frederic escribió cuando investigaba esta fuerza, y que acaba de publicar en momentos en que pasó a conducirla. Allí la antropóloga analiza de manera crítica el giro que la conducción política de gobiernos progresistas (los de Néstor y Cristina Kirchner) le imprimió a esta fuerza, que es el que enuncia el título: hacerla crecer exponencialmente para apoyarse en ella como “brazo armado” que de seguridad y atienda la conflictividad social, por sobre otras fuerzas. Es exactamente lo que continúa haciendo este gobierno cuando –vueltas de la vida– la entonces investigadora hoy es ministra de Seguridad de la Nación.

Acaba de anunciarse un despliegue inédito de fuerzas federales (también prefectos, policía federal y aeroportuaria, pero sobre todo gendarmes) en las zonas calientes del conurbano para este exacto fin. Cuatro mil efectivos que, junto con los 10 mil que se anunció que se incorporarán a la policía provincial —con la promesa de una nueva formación— duplicarán las fuerzas desplegadas en el Conurbano. La noticia conecta con el libro que escribió una Frederic que es la misma, y era otra. Y reaviva las preguntas: ¿A la demanda de más seguridad se tiene que seguir respondiendo como primer reflejo con más policía? ¿Es la gendarmería la fuerza que debe priorizarse cuando se piensan estos despliegues?

“Este esfuerzo del Estado nacional responde al compromiso de garantizar el derecho a la seguridad. Sobre todo en aquellos lugares donde los índices delictivos han ido creciendo desde que se empezó a flexibilizar el ASPO”, responde ahora la ministra. “La demanda de la presencia de las fuerzas federales se funda en que son fuerzas que cuentan con más legitimidad que la policía de la provincia. No es algo que a nosotros nos satisfaga, tampoco al gobernador, y es cierto que hay que trabajar para que ese prejuicio, a veces fundado, se vaya desandando y la policía de la provincia finalmente tenga el respeto que debe tener”, admite. “En un momento en que crece la violencia y el delito, donde la policía de la provincia está con falta de equipamiento, con mucho personal con licencias médicas, y también con este estado de desconfianza, es un refuerzo que va a permanecer hasta tanto se fortalezca esa policía local. Está pensado como un apoyo hasta tanto la policía de la provincia repunte”, asegura.

--¿La solución para dar más seguridad es multiplicar policías y gendarmes?

--No es lo que propone únicamente este programa de fortalecimiento, aquí hay un abordaje integral de la seguridad que incluye muchas más herramientas, como dijo el Presidente: las paradas seguras, la video vigilancia... Es un desplazamiento y una ampliación a muchos elementos que van a contribuir a dar seguridad. Pero no esquivo la pregunta: No hay garantía de que con más cantidad de efectivos policiales, sean provinciales o federales, va a haber más seguridad. Por supuesto que se necesita una cantidad de personal en la calle patrullando, pero también otro tipo de capacidades desplegadas. Nosotros tenemos 7500 efectivos en el Gran Buenos Aires. De esos, 4000 estarán hoy en la calle. Pero después hay un montón que tienen que hacer otras cosas: investigación criminal, apoyo logístico. Además tenemos mil efectivos contagiados de covid. Y tenemos otro problema: en algunas jurisdicciones las policías provinciales o bien están más cuestionadas o bien son menos fiables, o bien no dan abasto.

--En ese sentido, más policía también puede ser más violencia institucional.

--También aumenta el riesgo de la fricción con el ciudadano. Y en la emergencia sanitaria vimos que, efectivamente, hubo un crecimiento, en todo el país, de denuncias de casos de violencia institucional durante el mes de abril, cuando la cuarentena fue más estricta.

--¿Qué hicieron frente a eso?

--Las provincias son autónomas. Nosotros, más que dar indicaciones, convocar a los Consejos de Seguridad Interior a que tomen medidas para evitar y sancionar esta violencia, por ahora no podemos hacer. Sí hay un proyecto en el Congreso que está pensado para que las provincias tengan más responsabilidad sobre este tema. Y es justamente el desafío y la tensión permanente que tenemos que enfrentar. Pero además, predicamos con el ejemplo.

--¿De qué manera?

--Nosotros tuvimos algunos casos en marzo y abril, algunas denuncias sobre las fuerzas federales. Cambiamos algunos dispositivos de patrullaje para evitar fricciones y abusos. Cuando se conoció un video donde dos gendarmes que patrullaban una villa, al principio de la cuarentena, les hicieron hacer movimientos vivos a dos muchachos, por supuesto fueron sancionados. La respuesta que se da internamente a los hechos de violencia institucional también es un modo de sentar política. Iniciar el proceso de investigación disciplinaria, destituir si se evalúa que corresponde. Y contarlo.

Penales

--Por su naturaleza, este es el ministerio de la urgencia. Alguna vez dijo que están todo el tiempo atajando penales. ¿Cuáles son los penales que más la preocupan hoy?

--Entre otros, que la mesa de resolución alternativa de conflictos que creamos, para la situación de Mascardi, funcione y avance. Esa es una preocupación hoy, también porque es un ejemplo. La gente no se entera, pero desactivamos junto con otras áreas del Estado nacional y provincial un montón de conflictos de ese tipo. No es un logro que se vea, justamente porque el logro es haber evitado los conflictos. Sabemos que funciona. También es ejemplar porque hay un muerto, Rafael Nahuel, un joven que perdió la vida por malas decisiones. Así que la exploración de ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos es una preocupación y una apuesta.

--Fue muy criticada la decisión de hacer la denuncia a quienes hicieron la marcha en el sur, finalmente desestimada por la fiscal.

--No fue una denuncia a los que hicieron la marcha, y eso fue parte de la confusión. Nosotros pusimos a disposición de la Justicia información que teníamos de que había gente que, convocando a la marcha, se estaba armando para ir a provocar hechos de violencia, amenazando con herir o matar a los mapuche. La denuncia no fue a los que hicieron la convocatoria a una marcha, fue a los que estaban preparando una situación de violencia, según la información que teníamos.

--Pero ahí hubo reacciones cruzadas de parte de algunos dirigentes provinciales.

--Estuvo (el exgobernador rionegrino y actual senador) Alberto Weretilneck, pero conversé con él porque también hubo una distorsión en la comprensión de la denuncia. Convocar a una protesta armada excede las libertades democráticas. Creemos que evitamos una masacre. Porque esa denuncia por lo menos fue una interdicción, aunque después se haya desestimado. Insisto: No estamos en contra de las protestas, creemos que hay que hacerlas. De hecho yo me he pronunciado en ese sentido sobre las marchas anticuarentena. Creo que están dentro de la ley.

--¿No cree que violan el decreto del ASPO?

--Un poco lo rompen, pero el decreto no suspende las garantías constitucionales. Creemos que es muy irresponsable, hay riesgo de contagiar. Pero el derecho a manifestarse no está prohibido, y si no está prohibido es porque hubo una decisión política. Desde mi punto de vista es un derecho que se puede ejercer, pero con más cuidado. El tema es que hay gente que es muy irrespetuosa y con este principio de "yo hago lo que quiero" --que parece que eso es la democracia-- terminan siendo muy descuidados consigo mismos y con el prójimo, con los propios familiares: "A mí nadie me va a prohibir que vaya a ver a mis padres". ¡No debería ni hacer falta que te lo prohiban! Para eso existe el Estado: para recordarnos a los ciudadanos que hay reglas que permiten una mejor convivencia, y que permiten también cuidarnos.

--¿Qué causas encuentra para este comportamiento?

--Las mismas que encuentro en la distorsión que se dio con la marcha en el Sur. Se está defendiendo una idea de libertad sin Estado. Una idea falsa de democracia: yo hago lo que quiero. A mí nadie me va a prohibir que yo vaya a ver a mis padres. Eso no es democracia. Creo que los cuatro años de macrismo dejaron huella con ciertas ideas: el que quiera estar armado puede estar armado, se le puede pegar un tiro por la espalda a alguien sin dar la voz de alto... Esa idea de que se pueda hacer lo que cada quien quiera. Y no: Hay límites, hay regulaciones.

Tomas y giros

--Fue muy criticada por plantear el problema como un problema no de seguridad, sino de vivienda. ¿Lo sigue sosteniendo?

-- Lo que habría que preguntar es lo contrario: Por qué creer que es un problema de seguridad. Eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando digo que el tema no es de seguridad, quiero decir que no es inicialmente el área que interviene cuando se produce una toma, sino que es la Justicia. El juez o la jueza es quien define el criterio a adoptar, las fuerzas de seguridad somos auxiliares de la Justicia. El margen de decisión que tiene el área de seguridad es mínimo, yo no puedo ordenar el desalojo de un predio. Además hay muchas otras áreas involucradas: intervienen las áreas de tierras y viviendas de las jurisdicciones, por requerimiento de la Justica. Y por supuesto que hay una decisión del poder ejecutivo en esa convocatoria cuando se produce una toma.

--¿Hubo un giro discursivo en el Gobierno sobre las tomas de tierras?

--No. Lo que hubo fue una ampliación del modo en que entendemos un problema que es complejo. Yo estoy en contra de la toma de tierras, es un acto claramente ilegal. Pero también hay que decir que en la Argentina hay una larga demora de atención del problema de la vivienda y de la tierra, y también hay mucha tierra fiscal que está ociosa. No es contradictorio hablar de la ilegalidad de una toma, con reconocer el hecho de que en la Argentina hay un déficit habitacional que se estima en 4 millones de viviendas. Hay un estado de penuria que se agravó con la pandemia, pero que ya venía de antes. El acceso a la vivienda es un derecho constitucional. Tomarla no es la salida, pero es cierto que el Estado viene muy retrasado en acciones preventivas y de planificación, que hoy se están pensando. 

--¿Hablaron con Berni de este tema?

--No. Hablamos con el ministro de Desarrollo de la provincia (Andrés Larroque), que es el que se ocupa del tema de hábitat.

Facundo Castro

--Estuvo en la reunión con la mamá de Facundo Castro y el Presidente. ¿Qué le dijo?

--Ella estaba muy agradecida y se mostró muy afectuosa. Que alguien que está pasando una situación así, tenga confianza en las autoridades públicas, es muy importante, le da garantía al proceso. Y ella estaba muy satisfecha con lo que se estaba haciendo, también tenía algunas críticas, menores. El día que se supo que los restos eran de Facundo yo también hablé con ella, el Presidente me pidió que me pusiera en contacto y tuvimos un breve intercambio. Es una situación tremenda. Y hay todavía un camino por recorrer, porque el informe no dice las causas de la muerte. Nosotros no participamos de la autopsia, la Policía Federal no fue convocada. Sí en otras pericias, que se siguen haciendo. La posición de la familia es la que ha manifestado: que hay una responsabilidad de la policía de la provincia. Sumar hipótesis, confirmar unas u otras, es invadir un terreno que no nos corresponde. Hay que dejar investigar a la Justicia, no sumar presión. Desde nuestro lugar, seguiremos dando todo el apoyo logístico que haga falta, como ya lo hemos hecho.