Ante un eventual brote de Covid-19

“El Servicio Penitenciario es consciente de que no va a poder dar respuesta”

Clarisa Galán, jefa de los defensores oficiales federales de Salta, dijo que las cárceles están superpobladas y no tienen los elementos necesarios para afrontar un contagio masivo.

Las cárceles de federales de la provincia de Salta son las más superpobladas del país. Un informe del Servicio Penitenciario Federal del mes pasado, al que tuvo acceso Salta/12, señala que el Complejo Penitenciario Federal NOA III (CPF NOA III, conocido por su ubicación como la cárcel de Güemes) tiene excedida su capacidad en un 15%, al alojar a 535 personas con una capacidad de solo 465. Por su parte, la Unidad 16 de Cerrillos supera su capacidad en un 22%: tiene 174 presos y no debiera tener más de 142.

Según la coordinadora general de defensa de la jurisdicción federal de Salta, Clarisa Galán, la situación es mejor a la del comienzo de la pandemia, cuando el CPF NOA III estaba excedido en un 36%, y la Unidad 16, en un 31%. Sin embargo, entendió que la sobreocupación impide cumplir con el aislamiento social entre las personas privadas de su libertad y un contagio masivo pondría en peligro a la población de riesgo, por la falta de infraestructura sanitaria para enfrentarla. Galán consideró que la Justicia debiera aprobar mayor cantidad de prisiones domiciliarias para cumplir con las recomendaciones respecto al manejo de la pandemia en los centros de detención.

-¿A qué atribuyen la superpoblación de las cárceles federales de Salta?

-La cárcel de Güemes recibe (detenidos) de los juzgados de Tucumán, donde no hay cárcel federal, de Córdoba también tenemos gente detenida, es decir, convoca gente detenida del circuito federal de otras provincias. Por otro lado, nosotros al tener la frontera con Bolivia y con Paraguay y con Chile, de alguna manera esa cercanía con la frontera hace que los delitos de narcotráfico sean en mayor cantidad que lo que puede ser en Catamarca o La Rioja. Nosotros tenemos muchas más causas federales relacionadas con el narcotráfico que tienen penas muy altas, que hacen que las personas transcurran sus procesos y condenas muy altas en el NOA III.

-¿Cómo fue que lograron bajar la superpoblación?

-Son varios factores. Primero, porque en todo el país, y acá se notó especialmente, hay menos causas. Hay menos delitos porque en nuestro caso la mayoría de los delitos son por transporte de estupefacientes, y al estar prácticamente cerradas las fronteras y la rutas, evidentemente eso tuvo un impacto. Y eso significó un menor ingreso de gente a la cárcel desde marzo a esta parte.

Después, el sistema acusatorio, que te permite tener mayor elasticidad sobre medidas cautelares que no necesariamente son la prisión preventiva. Y casi no hay declaraciones de rebeldía de prófugos con gente que ha sido puesta en libertad con delitos graves.

También, la recuperación de la libertad por la finalización de las penas y la expulsión de extranjeros, que no es la mayoría de la gente, pero sí es significativo por esta cercanía con la frontera. Se destrabó, porque había un problema diplomático (ya que la Cancillería argentina no reconocía al gobierno de facto boliviano), la posibilidad de expulsar a los extranjeros que estaban en condiciones de ser expulsados. Alrededor de 60 fueron expulsados, y eso te impacta en una población de 500 personas.

-Además, en las cárceles federales de Salta la mayoría son personas procesadas sin condena...

-Sí, pero eso se está mejorando. Porque hace un año que estamos con el sistema acusatorio, que realmente ha sido un salto de calidad en la administración de justicia, más allá de las críticas que se le puedan hacer a su funcionamiento. Hemos pasado de 2 años de prisión preventiva esperando el juicio a un promedio de 3 meses en resolución de un caso de narcotráfico.

Aún así, alrededor de la mitad de las personas detenidas en cárceles federales de Salta están procesadas sin condena firme (el 48% en Güemes y el 51% en Cerrillos), según el informe del Servicio Penitenciario Federal del mes pasado.

Riesgo

Un documento de la Procuración Federal de la Nación, fechado el 7 de mayo pasado, ya advertía que “la capacidad de propagación del COVID-19 en las cárceles es exponencial y esto quedó en evidencia en diferentes países”. Además, alertaba que la sobrepoblación y el hacinamiento impedían la posibilidad de sostener prácticas de distanciamiento social, a lo que se sumaban “serios problemas en materia de condiciones materiales de detención (por ejemplo, la falta de ventilación), limpieza y salubridad en las instalaciones”.

La respuesta de las autoridades, ante la imposibilidad de cumplir con el aislamiento de los internos, fue restringirles derechos.

-¿Esta superpoblación pone en riesgo a la población carcelaria?

-Por supuesto que la está poniendo en riesgo. Hemos presentado numerosos pedidos de prisión domiciliaria porque si vos tenés superpoblación, no podés aislar a la gente, no tenés manera de darles los servicios médicos que se necesitan a los presos que tienen patologías anteriores, porque además los médicos no están entrando, no están siendo trasladados... Yo tengo una persona que es cardíaca que, más allá de que si se contagia covid va a ser un paciente de altísimo riesgo, también la realidad es que hace 6 meses que no va a un control de un cardiólogo.

La Unidad no tiene respirador, no tiene oxígeno central, tienen 6 camas en el SAM (por el Servicio de Asistencia Médica) y, aunque el Servicio Penitenciario ponga la mejor de sus voluntades, la verdad es que tienen limitaciones claras que tienen que ver con esta sobrepoblación. La sobrepoblación pasa desapercibida en Güemes porque lo que se hizo fue poner cuchetas en algunos pabellones, pero el patio, o la cocina, o los baños, estaban pensados para 24 personas, no para 48.

Por ahora, tenemos muy pocos casos en relación a los que tienen en Buenos Aires. Solamente tenemos dos casos confirmados en Güemes, pero eso es porque los presos no reciben visitas hace 6 meses, no tienen tareas culturales y educativas desde que empezó todo esto... o sea, vos imaginate que si para todos el tema del encierro es muy complejo, para una persona que está intramuros y que lo único que tiene es el lugar de dispersión o de poder recuperar algo de libertad es con las actividades culturales, todo eso está suspendido y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Lo único que no se suspendió en algunos pocos casos es el trabajo. Así que ellos están todo el día mirando el techo, es realmente desesperante.

Hábeas corpus

En abril, a poco de iniciada la pandemia en la Argentina, Galán presentó dos hábeas corpus colectivos para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. Uno de ellos, que fue rechazado, planteaba la necesidad de que se garantizaran los ingresos de los presos que trabajaban y que habían tenido que dejar de hacerlo para no exponerse a eventuales contagios.

En la otra presentación judicial, que hasta el día de hoy no ha tenido resolución alguna, planteaba una serie medidas que consideraba que se debían de tomar en forma urgente para evitar el contagio y propagación de la covid-19.

Galán reclamaba medidas tales como que se garantizara la posibilidad de mantener una distancia de aislamiento de 1,5 metros entre los detenidos, se asegurara la provisión de elementos de higiene necesarios, sobre todo jabón y lavandina, se permitiera el acceso a los sanitarios para el lavado de manos tantas veces como fuera necesario, además de información clara sobre la pandemia, la existencia de lugares adecuados para el aislamiento de los casos sospechosos, y móviles suficientes para el traslado de detenidos en caso de urgencias.

Es que al menos 50 internos habían denunciado falta de atención médica, falta de medicamentos y de elementos básicos de higiene, entre otras falencias. Además, las autoridades del CPF NOA III habían reconocido que solo habían repartido 20 jabones antibacteriales y 900 lavandinas, y que no habían distribuido jabones de tocador, pistolas termómetro, alcohol en gel o alcohol fluido.

La presentación del hábeas corpus colectivo sirvió para que se corrigieran algunas prácticas, pero no se pudo resolver el aislamiento de los internos.

-¿Se están cumpliendo en las cárceles federales salteñas con los protocolos?

-Se fueron mejorando. Yo presenté un hábeas corpus colectivo porque no se cumplía con el protocolo, no se les daba la cantidad de lavandina suficiente, no se tomaban las medidas para poder cuidarlos. Ése nunca me lo resolvieron, pero sí paulatinamente fueron cumpliendo con ciertas pautas. Por ejemplo, les ampliaron media hora más de recreación por día, ellos tenían 45 minutos por día y el resto del tiempo estaban metidos adentro del pabellón, y en los pabellones que están superpoblados y que tienen cuchetas, están todos juntos con dos cocinas y tres baños para las 48 personas, y les hacía muy mal psicológicamente tener tan poca recreación en el exterior.

Domiciliarias

Según el Servicio Penitenciario Federal, en abril había 111 personas privadas de su libertad en complejos federales salteños que pertenecían a grupos vulnerables o de riesgo, de los cuales más de un centenar estaban alojados en la cárcel de Güemes.

La coordinadora de las defensoras oficiales presentó una veintena de pedidos de prisión domiciliaria, la mayoría de los cuales fueron rechazados. En los fundamentos de una de las presentaciones, Galán atribuía a la superpoblación el hecho de que los internos “no cuenten con una atención médica suficiente, ni existan medios para realizar análisis bioquímicos en el penal, o se pierdan turnos solicitados a hospitales extramuros, o que los medicamentos disponibles sean insuficientes”, y recordaba que “el mismo SPF (Servicio Penitenciario federal) reporta tener capacidad de atención médica a través del SAM de 9 personas, o sea, de las 635 personas que hay alojadas actualmente en el penal, el SAM tiene capacidad para `internar´ tan solo a 9 de ellas”.

En otro de los pedidos para un interno con hipertensión arterial, Galán revelaba que no estaba recibiendo la atención médica ni la medicación adecuada y citaba al presidente de la Asociación Argentina de Cardiología distrito Salta, Daniel Dib, quien recomendaba la detención domiciliaria “debido a las posibilidades de menores contactos y con esto minimizar la posibilidad de contagio, y por otro lado al presentar HTA que es la principal comorbilidad que puede causar la muerte por covid”. “Si llega a ingresar el Covid a la unidad penitenciaria, estos pacientes medicados con enalapril o losartan tienen un riesgo exponencial porque se puede hacer la enfermedad grave y se mueren”, advertía Dib.

-¿Qué debería hacer la Justicia Federal para descomprimir la superpoblación carcelaria en este contexto de pandemia?

-Se deberían analizar mejor las reales posibilidades que tiene el Servicio Penitenciario de dar atención a un contagio masivo, que claramente no estamos exentos de que se produzca. De hecho, estamos en el peor momento epidemiológico de la provincia, y el Servicio Penitenciario es consciente de que no va a poder respuesta por la falta de elementos médicos, de oxígeno central, por la imposibilidad de entrar y salir médicos, porque tienen una sola ambulancia. Si se produce un contagio masivo en la Unidad, no va a haber manera de poder responder como corresponde a ese problema sanitario. Esa es una situación que creo que tienen que tener muy en cuenta los jueces y que entonces deben seguir analizando alternativas. Yo no digo que lo establezcan de por vida, pero sí en esta situación de pandemia que nadie sabe cómo sigue, sí tienen que analizar con mayor detenimiento los casos de las personas con patologías.

Hay un informe de The Lancet, que es la revista científica por excelencia, donde se recomienda que las unidades carcelarias estén por debajo del 70% de la capacidad. Y nosotros estamos con sobreocupación.

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