La Justicia de Brasil allanó la casa y el estudio jurídico del abogado del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva en el marco de la causa conocida como Lava Jato. El letrado, Cristiano Zanin, denunció que las acciones tomadas por la Justicia tiene como fin intimidarlo por su desempeño profesional. Además señaló que detrás del juez Marcelo Bretas, que ordenó el allanamiento, está el presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo también fue pesquisado un estudio de abogados que defendió al mandatario y a su hijo Flavio. Para Zanin se involucró a este buffet para que incriminen al entorno del expresidente. Según la investigación varios organismos del Estado realizaron fraude fiscal en connivencia con estudios jurídicos.

Zanin publicó una nota en redes sociales donde expresó que la medida dispuesta por la Justicia estaba políticamente motivada. "El juez Marcelo Bretas está notoriamente vinculado al presidente Jair Bolsonaro y su decisión en el caso concreto está vinculada a la labor realizada en nombre de un denunciante asistido por abogados relacionados al senador Flavio Bolsonaro”, expresó el jurista. De esta manera el letrado explicó porque también fue allanado el estudio que trabajó para el hijo del presidente. "La iniciativa (…) sólo puede entenderse como otro claro intento de intimidación por parte del Estado brasileño por mi trabajo como abogado, que durante mucho tiempo ha puesto de manifiesto las fisuras en el sistema de justicia y el Estado democrático de derecho", agregó Zanin en el comunicado.

Las pesquisas fueron realizadas por la Policía Federal a pedido del juez federal Bretas que sigue la causa Lava Jato en Río de Janeiro. El magistrado sostiene que varios estudios de abogados participaron en fraudes realizados con tres entes estatales: el Servicio Social de Comercio (Sesc), el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (Senac) y la Federación de Comercio de Río de Janeiro (Fedecomercio). Según la investigación, entre 2012 y 2018 esos organismos habrían usado la mitad de sus presupuestos en contratos con estudios de abogados. "Se sospecha el uso de contratos falsos con bufetes de aquellos acusados o de terceros por ellos indicados, en los que los servicios no eran declarados (a las autoridades fiscales) ni eran prestados, pero sí remunerados con elevados honorarios", explicó en un comunicado la Policía Federal. Según informaron las autoridades las operaciones irregulares hechas entre los organismos y los estudios de abogados habrían sumado unos 335 millones de reales (64 millones de dólares). El abogado Frederick Wassef es el exdefensor de la familia del presidente Jair Bolsonaro que también está siendo investigado. Se lo acusa de malversación de fondos y lavado de dinero en otro frente de la investigación.

El abogado del expresidente sostuvo que el juez federal no tiene competencia para ocuparse de esta denuncia. "El asunto es competencia de la Justicia del Estado, según la jurisprudencia de los tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia", sostuvo el letrado. Zanin calificó de irrazonable e ilegal la conducta de Bretas, así como el pedido de allanamiento tanto de su estudio jurídico y como de su domicilio. El abogado citó un informe de 2018 preparado por auditores privados. El mismo muestra que todos los servicios prestados por su bufete entre 2011 y 2018 estaban debidamente documentados en un sistema auditable

La operación Lava Jato o Lavadero de Autos fue niiciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña, y es considerada la mayor investigación anticorrupción en la historia del país. Esta centrada las coimas que pagaron empresas constructoras para obtener contratos con la empresa estatal de energía Petrobras. Involucra a empresarior de primer nivel, algunos de los cuales fueron detenidos y luego transformados en arrepentidos, y políticos de todo el arco política.

Pero el uso abusivo de la figura de la delación premiada permitió a los enemigos políticos de Lula dentro del poder judicial abrirle varias causas de corrupción para obtener su detención y posterior proscripción de las elecciones presidenciales de 2018 con pruebas endebles o inexistentes, dando lugar a la posterior revocatoria de algunas de esas causas y a revelaciones de actividades ilícitas de un juez y un grupo de fiscales para incriminarlo.