El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 567/20, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 9 de septiembre, en medio del aumento de casos por covid-19, el endurecimiento de medidas y el recambio de ministro de Salud, levantó revuelo por estos días a través de una denuncia pública que realizó el diputado Radical, Héctor Chibán. 

El DNU en cuestión crea la Sociedad del Estado Salta Tecnologías de la Información y Comunicación (SALTIC SE), que “tendrá por objeto impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación en todas sus formas, y de servicios e infraestructura digitales asociados a estas” y estará bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación.

SALTIC estará constituida por un directorio integrado por un presidente, un director ejecutivo y un director; aún no fueron nombrados pero todo indicaría que uno de ellos será Roberto Robino, hoy responsable del Centro de Gobierno y Gestión para Resultados de Salta.

El DNU 567/20 fundamenta la creación en la relevancia que hoy ejercen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) “en todos los sectores de la economía mundial, y en todos los aspectos de la vida del ser humano”, por lo que considera que resulta necesario la creación de una Sociedad del Estado que posea la dinámica, flexibilidad y capacidad técnica, jurídica y presupuestaria para operar eficaz y eficientemente en el mercado de las TICs en representación del Poder Ejecutivo Provincial.

Sin embargo, llamó la atención que la creación de SALTIC no haya sido presentada formalmente, teniendo en cuenta los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández en el marco del Plan Conectar, que contará con una inversión de 37.900 millones para la ampliación de la fibra óptica y la construción de un nuevo satélite de tercera generación.

Para el diputado provincial Héctor Chibán, “esa norma tenía que pasar totalmente desapercibida, por eso salió en medio de los escándalos y antes de que comience el fin de semana largo por el Milagro”. La denominó “un invento” y “un curro”, y señaló sin eufemismos al secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, de estar comandando ese negociado.

Chibán sumó a su denuncia que el DNU es inconstitucional, porque violaría el artículo 127, inciso 4 de la Constitución provincial, que indica que le corresponde a la Legislatura “la creación de las sociedades del Estado”. Para el radical, no es momento de “distraer recursos” en medio de la pandemia, como ya se hizo con la ampliación de los integrantes de la Corte de Justicia y las “más de 400 designaciones nuevas, de los cuales 200 son asesores políticos”.

Otra de las inconsistencias que el legislador marcó está relacionada a lo escueto del decreto de creación de la Sociedad “lo único que dice es la necesidad que tiene Salta de incursionar en las TICs y nada más, no aclara ni el presupuesto”.

El anexo de dicho decreto, que presenta el Estatuto de SALTIC, aclara que el capital social incial será de $400.000, representado por 400 certificados nominativos de $1.000. Algo que desde el sector de las tecnologías consideraron insignificante para este tipo de desarrollos.

Chibán anticipó que si en 10 días el gobernador no envía el proyecto de ley a la Legislatura para su revisión, se presentará en la Justicia por considerarlo inconstitucional.

La respuesta

El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, quien se encuentra aislado, pero en buen estado tras haber contraído la covid-19, dijo a Salta/12 que SALTIC es una Sociedad del Estado sin fines de lucro, que el directorio trabajará ad-honorem y que el personal será reasignado de otros sectores del Ejecutivo provincial, por lo cual “no va a representar ni un solo gasto extra al Estado”.

Explicó que eligieron la figura de Sociedad del Estado porque les permitirá trabajar de manera coordinada con otros organismos del gobierno nacional como ENACOM y ARSAT y para conseguir financiamientos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Contó que se podría haber constituido una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, pero eligieron constituirla enteramente con capitales del Estado “para que se pueda reinvertir y no se generen suspicacias en cuanto a su constitución”.

Pero también “porque el gobierno no puede estar ajeno a todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura que permita conectividad”, que consideró hoy más importante que lo que fue en su momento la conectividad ferroviaria o vial, sobre todo en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Algunos que critican desde su estudio jurídico del centro, su único problema con la conectividad puede ser temporario pero tiene tres o cuatro empresas más para elegir”, manifestó contestando los reproches de Chibán, y agregó que hoy muchos salteños no tienen conectividad, “muchos chicos se pierden las clases virtuales por falta de internet”.

Detalló que la decisión se tomó en conjunto con el Consejo Económico y Social, que definió entre sus prioridades fortalecer y mejorar la infraestructura en conectividad en la provincia.

Defendió la decisión porque “es oportuna en el marco de un pandemia que desnudó esa falta de inversión en la materia”.

En cuanto a la decisión de crearla por decreto y no vía un proyecto de ley, el funcionario afirmó que fue una “metida de pata” de Chibán, y que no conoce las leyes que la propia Legislatura sancionó, ya que la ley 6.261, del año 1984, “declarada vigente en 2013 por la 7.913”, que aprueba el digesto jurídico de la provincia, “faculta y delega en el Poder Ejecutivo la potestad de constituir sociedades del Estado”. “Si fuera Sociedad Anónima sí debería ir a la Legislatura”, aclaró. Y añadió que así se crearon Salta Hoteles, o El Tren de las Nubes.

Posadas indicó que la mayoría de las provincias ya cuentan con un organismo por el estilo, “algunos constituidos como Sociedad Anónima, otros del Estado”.

Cautela de ENACOM

El integrante salteño del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán, dijo no comprender bien aún la creación de ese organismo ya que solo necesitan un interlocutor provincial para coordinar las políticas públicas de conectividad. Pero prefirió ser cauto “porque puede ser una herramienta más, ojalá podamos coordinar y la Provincia se pueda sumar a la estrategia de conexión que anunció el Presidente junto a ARSAT y ENACOM”.

Sin embargo, se mostró sorprendido por las declaraciones que realizó Roberto Robino en un medio radial, que dijo que se creó la Sociedad del Estado para integrarse a un consorcio junto a otras provincias del norte y sumarse a la red Capricornio, un tendido de capitales privados que viene desde Brasil para extenderse hasta la Puna salteña y Chile.

“Capricornio compite directamente con ARSAT, por lo que entraría en contradicción con todo lo anuncios del Plan Conectar que realizó el Presidente junto a autoridades de ENACOM el miércoles por la tarde", declaró el funcionario nacional.

El Gobierno nacional anunció este miércoles el Plan Conectar 2020-2023 para potenciar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El plan contempla la inversión de $37.900 millones y prevé la construcción y lanzamiento de un tercer satélite de telecomunicaciones, que se denominará Arsat SG1; la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica, el fortalecimiento de la Televisión Digital Terrestre y la modernización del Data Center.

Quilodrán mencionó que para el Norte se va a avanzar en el tendido de fibra óptica en todos los Valles Calchaquíes potenciando “proyectos de fibra minorista y fortaleciendo Pymes y pequeños proveedores de internet del interior en poblados del departamento de Santa Victoria Este”. El tendido de fibra óptica nacional ingresa por las rutas nacionales 40; la 16, entre Anta y Metan, y la 81, que atraviesa la provincia de oeste a este por el norte.

Y con el ARSAT SG1 de tercera generación, se llegará a más de 300 mil hogares rurales “que van a poder acceder a internet de banda ancha”.