Amenazó, además, con recortarle fondos federales

Trump declaró a Nueva York, Seattle y Portland "jurisdicciones anarquistas"  

El Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas contra el racismo.  El Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas contra el racismo.  El Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas contra el racismo.  El Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas contra el racismo.  El Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas contra el racismo.  
El Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas contra el racismo.   
Imagen: EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió el lunes que las ciudades progresistas de Nueva York, Portland y Seattle podrían verse privadas de fondos federales debido a una supuesta tolerancia policial frente a las manifestaciones contra el racismo, en una extensión de un decreto emitido a principios de septiembre por Donald Trump.

Las autoridades de Nueva York respondieron que emprenderán acciones legales si el gobierno republicano cumple con sus amenazas. 

"No podemos desperdiciar fondos públicos cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego", dijo titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr.

Para el gobierno de Trump, las autoridades locales de Nueva York, Seattle y Portland, a las que calificó de "ciudades anarquistas", han permitido que se desarrolle "la anarquía, la violencia y la destrucción" en sus territorios.

Portland y Seattle están en la lista negra del gobierno federal por no haber frenado los incidentes ocurridos al margen de las manifestaciones vinculadas con la muerte de George Floyd, un hombre negro asesinado por la policía de Minneapolis durante su detención.

En el caso de Seattle, la administración de Trump critica principalmente la "zona liberada" establecida en un distrito de la ciudad hace varias semanas, de la cual la policía se retiró y luego recuperó tras varios incidentes, entre ellos dos asesinatos, por parte de la misma policía.

En cuanto a Portland, el gobierno central denuncia el "caos" provocado por las manifestaciones diarias, al margen de las cuales se han producido daños en locales comerciales.

Nueva York es criticada por no haber procesado a algunos manifestantes detenidos durante las marchas de la primavera boreal, así como por el aumento del número de tiroteos en la ciudad en los últimos meses.

"Todo esto es profundamente político e inconstitucional", reaccionaron los alcaldes de las tres ciudades afectadas, en un comunicado conjunto, acusando al gobierno de Trump de "eludir sus responsabilidades y culpar a otros para ocultar sus deficiencias".

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió que si el gobierno central intenta privar a la ciudad de Nueva York de algunos de sus fondos federales, emprenderá acciones legales.

En una conferencia de prensa, un asesor legal del alcalde de la ciudad de Nueva York, que en 2019 recibió 8400 millones de dólares en fondos federales, el 9,1% de su presupuesto, recordó que dichos recursos dependían del Congreso, no del Gobierno.

En su comunicado, el Departamento de Justicia advirtió que las autoridades de Nueva York y de las otras dos ciudades cuestionadas se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas y no adoptaron medidas para contrarrestarlas, como el despliegue masivo de la Guardia Nacional.

Los tres distrito, según la Casa Blanca, "permitieron la persistencia de la violencia y la destrucción de propiedades y se negaron a adoptar medidas razonables para contrarrestar actividades criminales". 

El fiscal general y secretario de Justicia, William Barr, por su parte, celebró la decisión del Gobierno. "No podemos permitir que dinero federal de los contribuyentes sea malgastado mientras la seguridad de la ciudadanía no se protege", sostuvo en otro comunicado, en el que además destacó la reducción del presupuesto policial y algunas reformas en materia penal aprobadas en esas tres ciudades en respuesta a los reclamos en las calles.

La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, a su turno, acusó al Gobierno de Trump de estar cometiendo "un erróneo y abiertamente ilegal uso del poder federal". "Trump, el departamento de Justicia y la obsesión de Barr con Seattle y conmigo es irracional y, lo que es aun más importante, una gran distracción", agregó la dirigente demócrata a solo seis semanas de las elecciones generales, en las que el actual mandatario, quien se presenta como el candidato de "la ley y el orden", se juega su reelección.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a ciudades gobernadas por alcaldes opositores. En 2017, luego de que anunciara que suspendería los fondos federales a las ciudades que se declararan o actuaran como "refugios migratorios", los alcaldes afectados recurrieron a los tribunales y, tras años de batallas legales, ganaron la partida.

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