La investigación corre riesgo después de que la fiscalía se declarara incompetente

Un freno a la causa por el millonario negociado inmobiliario de los amigos de Macri

El juez Julián Ercolini.El juez Julián Ercolini.El juez Julián Ercolini.El juez Julián Ercolini.El juez Julián Ercolini.
El juez Julián Ercolini. 

El caso de las fabulosas ventas de terrenos del Estado a amigos de Mauricio Macri entró en una especie de pausa, pese a que --según denunció la Oficina Anticorrupción-- en las maniobras hubo un perjuicio de 74 millones de dólares para el Estado. El fiscal Gerardo Pollicita --como anticipó Página/12-- se declaró incompetente porque sostiene que hay una denuncia anterior, de la CTA Autónoma y otros movimientos sociales, por la venta de 73 propiedades del Estado a través de decretos cuando se precisaba una ley, además de la entrega de 17 terrenos a la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los valiosos playones ferroviarios de Palermo y Caballito. Todo hace pensar que se trabará un conflicto de competencia lo que indefectiblemente hace perder tiempo, tal vez incluso se pierda todo lo que resta de 2020.

La OA, que encabeza Félix Crous, formuló la denuncia tras recibir un informe de la Sindicatura General de la Nación y otro informe de la auditoría interna de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En total fueron seis terrenos en la exclusiva zona de Catalinas, en Retiro, detrás del Hotel Sheraton, a las puertas de Puerto Madero, otros dos terrenos en CABA y una estancia de 12 mil hectáreas en Córdoba. Lo que señala la OA es que se mostraron interesados 15 grupos empresarios, pero terminaron presentándose a cada subasta sólo uno o dos oferentes, lo que derivó en que los precios conseguidos fueron entre 15 y 25 por ciento por debajo del valor fijado por el Tribunal de Casación. En todos los casos, se quedaron con las fabulosas propiedades amigos de Macri o aportantes a la campaña electoral, como Nicolás Caputo o el dueño de la casa donde descansa el ex presidente en Villa La Angostura.

El argumento con que se pusieron precios-base bajos a las propiedades fue que luego, en la puja, se alcanzarían los valores de mercado. Pero eso no ocurrió porque no hubo competencia dada la aparición de sólo uno o dos oferentes amigos. Un ejemplo muy distinto e interesante fue lo ocurrido con un terreno en Manuela Pedraza y Arribeños, en CABA. Hubo múltiples oferentes y se pasó del precio base de 17 millones de dólares a 41 millones de dólares. En cambio en otra propiedad supervaliosa, en Ocampo y las vías, en pleno Barrio Parque, hubo un solo oferente. La base fue 44 millones de dólares y se vendió en 44.100.000 dólares, en tanto que algunos sostienen que el valor real estaba muy por encima. La sociedad que ganó esta última subasta, Vías de Ocampo, tiene como uno de sus socios a Gustavo Arribas, super-amigo de Macri y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

El fiscal Pollicita entendió que existen sospechas de corrupción en todas estas operaciones y por lo tanto le propuso al juez Julián Ercolini la realización de medidas de prueba: por ejemplo se le pidieron a la Inspección General de Justicia (IGJ) informes sobre la integración de las sociedades que se quedaron con las propiedades. 

Pero de inmediato Pollicita se excusó porque considera que hay una causa muy similar -y anterior-, a partir de una denuncia firmada por la CTA-A y otras organizaciones. En ese expediente, que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se investiga la venta de 73 terrenos en todo el país, sin autorización del Congreso, y la entrega a la Ciudad de Buenos Aires de 18 propiedades del Estado nacional, incluyendo los enormes playones ferroviarios de Palermo y Caballito. Pollicita, en su escrito, sostiene que el juez Ercolini debe inhibirse y entregarle el expediente a Martínez de Giorgi. Este último puede sostener que la denuncia de la CTA-A consiste en la venta y entrega de propiedades por decreto cuando lo que se requiere es una ley, mientras que la denuncia de la OA es sobre otras propiedades y la acusación es que Macri se las entregó a sus amigos a precio bajo. Si Ercolini da un paso al costado y Martínez de Giorgi no está de acuerdo, se perderán varios meses en un conflicto de competencia.

Lo que se investiga es un gigantesco negocio inmobiliario y una mecánica muy parecida a la que usaron en otros "negocios" del Estado.

* En los peajes, los concesionarios beneficiados incluyeron al propio Grupo Macri y al conglomerado Abertis, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, otro amigo del ex presidente. Las maniobras fueron escandalosas, con una indemnización del Estado de 499 millones de dólares, aumentos siderales de tarifas y una renovación irregular de los contratos.

* En los parques eólicos también apareció el Grupo Macri con un pasamanos en el que ganaron millones de dólares. Otro de los beneficiarios fue Isolux, empresa española, tradicional socio de los Macri.

* En la adjudicación de rutas aéreas, aparecieron en escena nuevamente integrantes del Ejecutivo como Mario Quintana, vinculado con Flybondi. A la propia Macair, Macri Air, se le adjudicaron rutas que después se quedó Avianca, en una transacción que terminó fracasando.

Uno de los mejores ejemplos de lo ocurrido y que integra la denuncia de la OA es la venta de las 12 mil hectáreas en Córdoba. La Federación Agraria reclamaba que se adjudiquen los 51 lotes a pequeños y medianos productores para evitar la concentración e impulsar el desarrollo. En la subasta terminaron imponiéndose un puñado de grupos de grandes capitales --alguno se quedó con nueve lotes--, con vínculos familiares y de amistad con los Macri y el titular de la AABE y, para colmo, con dinero que les prestó el Banco Nación. 

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