La comunidad educativa de la escuela Alvarez Thomas está en shock. El martes, en plena pandemia y sin que mediara más explicación que la de una auditoría que arrojó objeciones que ya fueron respondidas por la escuela, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intervino la cooperadora de esta comunidad, una de las más grandes, organizadas y eficaces en cuanto a sus resultados, que suele ponerse como “modelo” de logro autogestivo que acompaña a la conducción pedagógica de una escuela. Los padres y madres del "Alva", como se lo conoce, lo entienden como “una respuesta política” a la lucha que vinieron dando desde que el gobierno porteño les sacó las clases de natación a los chicos del jardín (la Justicia les terminó dando la razón, pero el ansiado regreso aun no pudo materializarse porque el fallo se dictó este año). Y dados los números del balance que muestran con orgullo, también advierten: “Vienen por nuestros fondos”.

El Alvarez Thomas, del barrio de Agronomía, es uno de las “buscados” dentro de la oferta de establecimientos públicos porteños, básicamente por tres motivos: su pileta propia, gracias a la cual los chicos y chicas pueden tener más horas de natación (el plan oficial se fue reduciendo con los años, hasta quedar sólo para cuarto grado). Su comedor autogestionado, que ofrece comida de mejor calidad que la del muy cuestionado servicio de concesiones privados del GCBA (hasta esta intervención, solo había cuatro escuelas con comedor autogesionado en la ciudad, ahora sólo quedarían tres). Y las actividades extracurriculares que suma, unos quince talleres que los chicos y chicas pueden elegir de acuerdo a sus gustos. Todas estos son logros de esa cooperadora que ahora se está interviniendo.  

Fabián Capponi, director general de Educación de Gestión Estatal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –quien se hizo célebre por el video viral que lo mostraba bailando sin barbijo en plena pandemia y en pleno ministerio— fue quien citó el martes a la directora de la escuela y al presidente de la cooperadora a una reunión para ”informar los resultados de la auditoría”. Terminaron informando la intervención. Los cooperadores lo leen como una emboscada. Capponi no estuvo presente en la reunión, no se lo vio más por actos públicos después de que los docentes pidieran su renuncia tras la viralización de su comportamiento, y tampoco respondió los llamados de Página/12 por el tema.

La Justicia falló a favor de la escuela tras la lucha por la pileta - Foto: Joaquín Salguero

Desde el ministerio de Educación porteño informaron a Página/12, como causas de la intervención, "incumplimiento sistemático de las normas contables", según un análisis interno que sitúan en "junio de 2020". Citando la ley marco de Asociaciones Cooperadoras, objetan la "tenencia de un fondo común de inversión de $ 24.487.031,63 yendo en contra del espíritu de una Asociación Cooperadora en el marco de la Ordenanza anteriormente mencionada". También la "contratación de docentes dependientes del Ministerio de Educación para el desarrolllo de actividades extracurriculares, no conforme con la normativa vigente que regula las Asociaciones Cooperadoras" y el "cobro de actividades extracurriculares". Estas dos últimas objeciones refieren a los talleres que se ofrecen a los chicos fuera del horario escolar, y que al mismo tiempo dan trabajo a talleristas (que facturan por sus honorarios).  

Números

"No hay en toda la extensa auditoría que hicieron el año pasado, ni en los argumentos con que terminan interviniendo la cooperadora, ni una sola duda respecto al manejo de los fondos, faltante de dinero, sospecha de malversación", observa Paula Insaurralde, integrante de la comisión de directiva de la cooperadora. Pero el Gobierno de la Ciudad sí ha cuestionado en reiteradas oportunidades que una cooperadora pueda tener ese monto de reserva, dando a entender que es 'demasiado'. Y por algunos comentarios realizados, creemos que la intervención también apunta a quedarse con esos fondos"

Ese fondo de reserva --más de 24 millones de pesos-- que la escuela logró "con una administración esforzada" (y con el trabajo completamente voluntario de padres y madres, como ocurre en todas las cooperadoras), "prevee eventuales costos del personal que tenemos a cargo en el comedor, como indemnizaciones o licencias, es el ahorro para la construcción de un gimnasio para la escuela (al quitarnos tiempo de pileta, pensamos en suplirlo con otras actividades), y para costear las mejoras edilicias que van surgiendo", explican desde la cooperadora. Recuerdan, además, que el gobierno porteño mantiene una deuda con la cooperadora de unos 600 mil pesos, por los chicos becados del comedor. Y concluyen que "es la primera vez que hay un intervención no porque falta plata, sino porque sobra".

Sobre la inversión financiera en fondos comunes, el presidente de la cooperadora, Guillermo Kechichian, explicó a Página/12 que "el capital inicial fue de 800 mil pesos, que invertimos en 2012. Año a año seguimos invirtiendo y el capital fue creciendo. Pero cada año presentábamos los balances y rendiciones con esa inversión, y nunca los objetaron". Y analiza: "Si ahora el Gobierno cree que eso está fuera de la ley, estuvieron ellos fuera de la ley todos estos años".  

"En 2019 nos hicieron una administración minuciosa e infrecuente, era del ministerio, no de la Dirección General de Escuelas. Al punto que nos dimos cuenta de que no tenían idea de cómo trabajamos, nos pedían cosas que no corresponden, como emisión de facturas, algo que las cooperadoras no hacen. Objetaron por ejemplo el origen de algunos fondos ingresados por eventos, como ferias del plato, como si con eso estuviésemos lavando dinero", se enoja Insuarralde. "Nos objetaban la organización interna, ofrecimos generar un nuevo circuito administrativo. Nos hacían responsables de la situación del mantenimiento edilicio, matafuegos, vidrios de seguridad, cosas que son obligación del gobierno y no nuestras. Nos objetaron la situacion de algunos profesores de talleres que son empleados del gobierno, demostramos que no es incompatible. De todas las observaciones, ofrecimos la posibilidad de mejorar, dentro de nuestro trabajo que es voluntario. Ahora se aprovecharon de la pandemia para dar este golpe. Lo sentimos directamente como un ataque a la escuela. Un disciplinamiento a una cooperadora organizada, y un ejemplo para las que quieran organizarse".  

"En los últimos tiempos la cooperadora de 'el Alva' se ha transformado en una obsesión para Rodríguez Larreta. No solamente porque ha ganado un juicio que le impidió expropiar la pileta, sino porque el comedor escolar trabaja con personal propio en lugar de adquirir las viandas de los proveedores que impone el Gobierno", denunciaron los padres en un comunicado.

Interventor

Luego de un ingreso que los padres describen como traumático el martes con la policía (a pesar de que el presidente de la cooperadora se ofreció a ir a su casa a buscar la llave, forzaron la puerta y rompieron la cerradura), hizo su ingreso el flamante interventor de la cooperadora, Antonio Salum

El miércoles por la mañana, los padres se organizaron para manifestarse frente a la escuela. En diálogo con Página/12, Salum denunció que fue "atacado" por los padres. "No me dejaron entrar, me atacaron literalmente, me dijeron de todo, y tuve que salir con una custodia de un patrullero. Hoy iba a empezar a trabajar con el equipo que me designaron, esto es una locura, un acto de cobardía. Hasta llevaron a la barra brava del Club Comunicaciones", denunció. El abogado también aclaró que "soy de carrera, no soy de la gestión, estoy en el ministerio desde el 91". "Estoy yendo al ministerio y pienso renunciar a esta intervención, va a ser peor para la escuela. No puedo hacerme cargo de esta situación si hay este ataque desmedido, como si yo hubiese tomado la decisión", dijo a este diario. 

Entre sus intervenciones se recuerda la del Lenguas Vivas, luego de la cual la cooperadora quedó acéfala durante un tiempo --Salum la contabiliza como un ejemplo exitoso, que finalmente se resolvió favorablemente-- y la escuela 2 "República de Panamá", del distrito 16, cercana al Alvarez Thomas, que tras la intervención quedó con la cooperadora disuelta, y que los padres citan preocupados como un ejemplo de lo que puede venir. 

Hoy la comunidad espera atenta el desarrollo de una decisión que, adelantaron, piensan apelar.