El Ministerio de Seguridad de Salta informó que ya hubo 9 policías fallecidos por la covid-19. Familiares denuncian que el Instituto Provincial de Salud (IPS) no atiende las llamadas, no consiguen camas y las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) tampoco cubren las pruebas de PCR pese a que el resultado positivo es requisito para que les den cobertura a los tratamientos. 

Gisel Burgos es hija del comisario Claudio Burgos, quien falleció por la covid-19, además es profesora de educación física en la Escuela de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta. La docente contó que los policías están teniendo dificultades para acceder a la atención médica y para conseguir camas en los hospitales y clínicas. Contó que una médica está ayudando de forma voluntaria a los policías y les está haciendo un seguimiento. Precisó que tienen 8 grupos de whatsapp con alrededor de 1900 efectivos que están en aislamiento. También tiene una lista de 11 fallecidos.

Salta/12 solicitó información a la Policía de Salta y al Ministerio de Seguridad de la Provincia, los datos varían. 

Prensa de la Policía de Salta indicó que hay 9 fallecidos por la covid-19;  921 aislados por contacto estrecho; 271 con coronavirus positivos; 169 recuperados y reintegrados al servicio; y 545 policías de licencia por patologías y gravidez.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad dio cuenta de la misma cantidad de fallecidos por la epidemia;  899 policías aislados por prevención; 179 policías positivos para la covid; 144 policías recuperados y reintegrados.

La abogada Carmen Céspedes sostuvo que la semana pasada, junto a Burgos se reunieron con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, para plantearle algunas problemáticas que están teniendo los policías. "Se estaba dando que cuando tenían síntomas los aislaban pero no les hacían el PCR, tiene que ver también con la cabeza de las comisarías que no gestionan el hisopado, hacer la prueba es la única forma de cortar la brecha de contagio", señaló.

La letrada adelantó que intimará al IPS porque demora la atención médica. "Si llamás quedás en lista de espera, tenés que estar muy grave para que el médico vaya a la casa. Una policía tuvo que esperar 5 días", detalló la letrada.

"Los sanatorios (privados) y hospitales están colapsados", aseguró Céspedes. Burgos y la letrada plantearon que el personal policial está teniendo dificultades para acceder a las PCR mediante la obra social IPS. Por otro lado, las ART no hacen los tests de PCR pero exigen la prueba con resultado positivo para realizar las coberturas y tratamientos médicos. 

"Hay una doctora que está colaborando con los policías, que los ve de forma particular y en el consultorio a los que necesitan PCR. Muchos están en sus domicilios, no han pasado a necesitar oxígeno y la médica los va ayudando a no empeorar. Los policías llamaban al IPS y a las ART pero no conseguían atención", sostuvo Burgos.

La docente contó que denunció a la Clínica Virgen de Urkupiña  "por la mala atención" que recibió su padre, el comisario Burgos."Mi papá pedía ayuda cada vez que se ahogaba o tosía y no lo iban a atender. La mañana en que murió, hablamos por teléfono, tenía solo el oxigeno. A las 16 me mandó un audio y se estaba ahogando, llamé a la guardia, me dijeron que estaba con un médico y era mentira porque lo llamé a mi padre y me dijo que estaba solo. Después no supe nada de él, no contestaba y a las horas me informaron que tuvo una descompensación, que pasó a terapia intensiva y después murió", relató la joven. Señaló que al padre no le hicieron autopsia.

"Pedí la renuncia de la jefa de Policía, Norma Morales, y del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, porque mi padre estuvo dos semanas con síntomas de gripe, con tos y fiebre y no le quisieron dar una licencia,  ni carpeta médica. Fue a trabajar esas dos semanas, no le hicieron el hisopado, recién se lo realizaron en la clínica cuando lo internaron", precisó Burgos.

"No te dejan no trabajar si no vas con hisopado o PCR positivo. Algunos policías han tenido que pagarlo de forma particular y los resultados demoran entre 5 y 8 días", detalló la docente.

Burgos dijo que está en contacto con policías de Tartagal y Orán, "en el interior muchos policías están enfermos. y no cuentan con los elementos de bioseguridad", indicó. "Hay policías que necesitan licencia para cuidar a sus hijos en riesgo y no se las quieren dar", aseveró.

"Me llamó desesperada la madre de un sargento con covid, están buscando cama y no consiguen. El ministro de Seguridad me respondió los mensajes con publicidades que no vienen al caso. El secretario de seguridad, Benjamín Cruz, me contestó que ayudará a conseguir una cama", sostuvo Burgos. 

Céspedes explicó que las ART no están contemplando a la covid-19 como una enfermedad profesional aunque pueda contraerse en cumplimiento del trabajo. "Hay policías que piensan que las ART los van a indeminizar, pero no. Solo pueden iniciar un juicio después de la recuperación. Si se puede probar que esta enfermedad deja secuelas, se pueden iniciar juicios ordinarios por secuelas incapacitantes", detalló.