La policía dejó morir a los chicos. Esa es la hipótesis del fiscal Nelson Mastorchio sobre la masacre ocurrida el 2 de marzo cuando siete jóvenes murieron asfixiados y calcinados en un incendio en una celda de la Comisaría 1ª de la ciudad de Pergamino. El pasado lunes el fiscal elevó, bajo la carátula de abandono de persona seguido de muerte, el pedido de indagatorias y detención de los seis policías que prestaban servicio aquella tarde en la que luego de una protesta de los internos se desató el fuego. Hasta el momento, la investigación muestra que hubo al menos dos focos de incendio y que no hubo manera de que los policías no se enteraran a tiempo de lo que estaba sucediendo. Familiares de las víctimas, por su parte, hablan de un crimen de Estado y exigen el pronto esclarecimiento del hecho. Como señaló este diario, el caso pone a la luz el estado de hacinamiento y malas condiciones a las que son sometidas las personas privadas de la libertad. 

Cerca de las seis de la tarde del 2 de marzo, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Juan Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrota, Sergio Filiberto y Jhon Chilito Claros, fueron encerrados en la celda número 1 de la comisaría 1ª de Pergamino. La medida se decidió luego de una pelea entre dos de los detenidos. A modo de castigo, los chicos cuyas edades iban desde 18 a 27 años, como anticipó este diario, fueron alojados en una celda que mide 2,70 y 3,15 metros de lado a lado por 2,70 de alto. De este dato se deduce que los jóvenes apenas podían moverse y que por ese motivo comenzaron a protestar para que les brindaran mejores condiciones. Aunque la mecánica de los hechos aún no está esclarecida, se presume que los chicos prendieron fuego pedazos de un colchón para profundizar el reclamo, hecho por el cual fueron reprimidos. Luego hubo otro foco de incendio más grande, que ni siquiera fue atendido ante el grito desesperado de los internos y terminó acabando con la vida de siete de los 20 detenidos que había ese día en la comisaría. Poco sirvió la llegada de los bomberos voluntarios pasadas las 18.40: los policías argumentaron no encontrar la llave de la reja del pasillo que da ingreso a la celda, por lo que no se pudo repeler el fuego desde una posición práctica. Una vez que se apagó el incendio, los cadáveres fueron hallados amontonados en el pequeño baño de la celda. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue la inhalación de monóxido de carbono. 

“Hicieron un acta de procedimiento, dan una versión de lo que fue, que es distinta a la que tengo relatada por los internos”, explicó en diálogo con PáginaI12 el fiscal Mastorchio en relación a la versión policial que desde un primer momento intentó desligarse de los hechos. Aquel día, apenas llegó a la comisaría, el fiscal tomó declaraciones a los detenidos sobrevivientes y a los bomberos que habían intervenido. En los días siguientes, apartada la policía bonaerense de la investigación, continuaron las pericias. Se realizó un simulacro con veinte personas que según Mastorchio “demostró el hacinamiento y determinó el factor ocupacional”. Luego se realizó un peritaje acústico desde distintos puntos de la comisaría para determinar que los gritos de los internos se escuchaban incluso desde la calle. Y finalmente se recreó la dinámica del fuego. “De acuerdo a lo que relataron los internos pudo haber sido en dos o tres etapas”, adelantó Mastorchio. “Son pruebas que van a determinar si el hecho pudo o no haberse evitado”, agregó. Además, en el expediente, que ya cuenta con cinco cuerpos, quedaron incorporados los mensajes de texto que desde un celular los chicos mandaron a sus familiares. “Mamá vení rápido que nos mata la policía”, escribió Alán Córdoba en un mensaje que fue mandado a las 18.26. 

Descartada quedará la hipótesis de que el incendio ocurrió en unos pocos segundos y que por ese motivo la policía no actuó y no pudo resguardar la vida de los siete detenidos en la celda afectada. Está determinado que fue extenso el tiempo transcurrido entre que se inició el primer foco ígneo hasta que creció el segundo e ingresó a la celda. La carátula de abandono de persona seguida de muerte implica un delito omisivo, y sobre la policía recaería la responsabilidad de no haber intervenido para evitar lo que finalmente sucedió: la muerte de siete personas que estaban bajo su custodia. Con esa figura, la pena a los responsables oscilaría entre los cinco y los quince años de prisión. Los policías investigados son el jefe Alberto Sebastián Donza, el oficial de servicio Alexis Eva, la ayudante de guardia Carolina Guevara, el teniente primero Sergio Rodas, y los imaginarias de calabozos Brian Carrizo y Matías Giulietti. 

Mujeres al frente

“No hicieron nada para salvarlos, hicieron muchas cosas para que no se salven”, dicen. Sentadas en una mesa de la casa de Cristina, la mamá de Sergio Filiberto, hermanas y madres de tres de las víctimas ponen en común sus puntos de vista sobre lo sucedido. Repudian que desde un primer momento hayan sido identificados los policías que prestaban servicio aquel día y que sin embargo no se les haya dictado prisión preventiva. Silvia, mamá de Fernando Latorre, cuenta que su hijo estaba detenido hacía cuatro meses y ni siquiera se había definido su situación procesal. Así, con un ejemplo, contrasta las rigurosidades y bondades de la ley en lo que parece ser una cuestión de clase. 

Por el ejercicio de haber ido a visitar a sus familiares a la comisaría, estas mujeres conocen aspectos del lugar que pueden resultar de relevancia para abonar al esclarecimiento del hecho. Cuentan que generalmente cuando los internos estaban encerrados en sus celdas, las rejas de los pasillos solían estar abiertas, para que el imaginaria de los calabozos pudiera circular por los distintos espacios de la comisaría. Por ese motivo les resulta curioso que ese día las rejas del pasillo que daba a la celda 1 estuvieran cerradas, y que coincidentemente los policías no encontraran las llaves una vez iniciado el fuego. “Tenemos duda de cómo se genera el fuego más grande, obviamente van a decir que lo provocan los mismos detenidos, pero eso es una duda muy grande para nosotros. El fuego tomó la cortina, restos de colchones, y nadie acudió a ayudar a pesar de los gritos, primero de auxilio y luego de sufrimiento y dolor”, indica Andrea, hermana de Sergio Filiberto.

También hablan de las amenazas de la policía en otras ocasiones, que vienen a coincidir con los mensajes de texto que los chicos enviaron minutos antes de morir. “Me pidió que hablara con el abogado para que lo trasladen porque vivía amenazado por la policía”, asegura Daiana, hermana de Federico Perrota, refiriéndose a la última visita en la que se encontró con su hermano que hacía quince días estaba detenido por encubrimiento. “No queremos saber si ellos eran santos o no, porque si estaban ahí adentro por algo era, pero queremos saber por qué los dejaron morir así con tanta crueldad”, cuestiona. 

Hoy, familiares, organizaciones y ciudadanos que acompañan concentrarán desde las 18 en la plaza 9 de Julio de Pergamino para realizar la cuarta movilización en pedido de justicia. Serán acompañados por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, y el cura Pepe Di Paola, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, que además representa jurídicamente a tres de las familias de las víctimas.