Juntos por el Cambio se negó a votar y sus legisladores se desconectaron

Se aprobó en el Senado el proyecto que baja la coparticipación de la Ciudad 

El proyecto fija el gasto anual de la fuerza de seguridad porteña en 24 mil 500 millones de pesos. Además, se busca la aprobación de la Ley de Economía del conocimiento. 
Imagen: NA

El oficialismo aprobó hoy en el Senado el proyecto del Gobierno que concluye con el traspaso de las funciones de seguridad a la ciudad de Buenos Aires y recorta al mismo tiempo la coparticipación para el distrito porteño, mientras que la oposición se negó a votar porque considera "nula" la última prórroga de sesiones "virtuales".

El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y por unanimidad, dado que luego de criticar el proyecto y realizar una defensa de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los senadores de Juntos por el Cambio se desconectaron, como una forma de desconocer la votación. Tras la aprobación por parte de los senadores, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados. 

En el primer turno, previo al debate de ambas iniciativas, la sesión especial conducida por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, votó continuar con la modalidad de sesiones remotas y facultar a los bloques de mayoría y primera minoría, a sumar dos miembros en forma presencial. 

En segundo término, el Senado avanza con el debate de la resolución por la cual se fija el gasto anual que demanda el traspaso de la policía federal a la Ciudad, en 24 mil 500 millones de pesos, actualizables cada tres meses.

En relación a los fondos que el Estado nacional le otorga al distrito porteño, los legisladores del Frente de Todos le reclamaron a sus pares del interbloque de Juntos por el Cambio que "voten a favor del federalismo" y defiendan a las provincias que representan, en lugar de los intereses de la ciudad de Buenos Aires. 

Durante su exposición la legisladora santafesina María de los Angeles Sacnún explicó que "no se trata ni de odios, ni de revanchismos, se trata de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias, de trabajar con mayor solidaridad e igualdad”.  

Por su parte, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá aclaró que no se está discutiendo la coparticipación federal sino "aprobando el convenio que transfiere los servicios de seguridad y estableciendo el monto que la Nación le va a pasar a la CABA para cumplir con esos servicios".

Desde Juntos por el Cambio, la respuesta llegó de parte del senador Martín Lousteau quien aseguró que los fondos estipulados por Nación son insuficientes y detalló que "si solo contaran los salarios de los 20 mil agentes transferidos y le suman los gastos de funcionamiento, el número es 92 por ciento más alto de lo que pretenden transferir".

En la misma línea, la legisladora del PRO, Laura Rodríguez Machado aseveró que están en contra del proyecto porque no respeta las autonomías provinciales. "Lo que se le hace hoy a la Ciudad de Buenos Aires se lo van a hacer al resto de las provincias", alertó.

"Esto no es la Nación en contra de las provincias, es una administración desprolija que le dio a otra administración recursos que superaron, en varios miles de millones, los costos del traspaso de la Policía Federal”, aseveró el senador justicialista José Emilio Neder en clara alusión a los fondos que Macri le transfirió a Horacio Rodríguez Larreta al inicio de su gestión presidencial. 

En 2016, a pocos días de asumir, el ex presidente Macri utilizó una parte de los recursos nacionales para transferirlos al gobierno porteño, con la excusa del traspaso de la policía federal. En ese entonces, aumentó las transferencias de 1,4 a 3,75 puntos. A principios de septiembre, Alberto Fernández redireccionó una parte de esos fondos para financiar el fortalecimiento de la policía bonaerense y ahora pretende que se establezca por ley los recursos que se destinan a la Ciudad para su fuerza de seguridad.

Más tarde la discusión legislativa giró en torno a la denominada de Economía del Conocimiento. El proyecto promueve beneficios impositivos para la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear; entre otros rubros.



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