Desde Santa Fe
En abril de 2016, la Legislatura declaró “espacio de la memoria” a la comisaría 4ª de Santa Fe, donde operaba un “centro clandestino de detención, tortura, muerte y desaparición de personas durante el terrorismo de estado”. La ley 13.528 habilitó al Poder Ejecutivo a disponer los “medios necesarios” para esa política de estado de memoria, verdad y justicia. Pero tuvieron que pasar cuatro años para que se cumpla el mandato. El viernes, el gobernador Omar Perotti lo cumplió: tomó la “decisión política” y firmó el decreto 1050/2020 que desafectó del Ministerio de Seguridad esa esquina de Tucumán y Zavalla y la afectó a la Secretaría de Derechos Humanos para que un edificio emblemático sea “sitio de memoria”, el primero en la ciudad de Santa Fe, como ordenó la ley. “Un hecho histórico”, lo consideró la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol porque hasta ahí sólo había un convenio entre dos ex ministros que salió el 3 de diciembre de 2019, en la última semana del gobierno de Miguel Lifschitz, “inocuo” a los efectos legales, porque faltaba lo que ahora sí firmó Perotti: el decreto 1050. Un número difícil para el olvido.
El viernes, Puyol recibió un llamado de la Secretaría Legal y Técnica de la Casa Gris. Le anunciaron que Perotti ya había firmado el decreto 1050 que traslada el edificio de la comisaría 4ª a su área, que ella gestionó con el acuerdo de los ministros de Gobierno Esteban Borgnovo y de Seguridad Marcelo Sain. “Ya podés publicarlo”, fue el mensaje del gobernador. “Es una gran noticia, una gran emoción”, le contestó.
Puyol y su equipo trabajan desde el primer día para que la 4ª sea espacio de la memoria lo antes posible. La sorprendió la “precariedad” de la gestión anterior. “Cuando fuimos a la cuarta, aún faltaban desocupar dependencias del Ministerio de Seguridad, queda una parte del Archivo Policial y un área de Investigaciones en la planta alta.
“Queríamos hacer las refacciones necesarias para reconstruir el circuito clandestino, cómo operaba en el traslado de personas secuestradas y torturadas”, dijo. “Pero nos encontramos que el traspaso del edificio estaba flojo de papeles”. Solo había un convenio entre los ex ministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y de Justicia Ricardo Silberstein, que firmaron el 3 de diciembre de 2019, siete días antes de que terminara el gobierno de Lifschitz, que transfería el “uso y goce del inmueble de la ex comisaría 4ª al Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos a los fines de utilizarlo como espacio de la memoria y promoción de los derechos humanos”.
Un convenio que se escribió en papel sin membrete oficial y que “no fue perfeccionado”, explicó Puyol. A los efectos legales, era “inocuo”, dice en sus considerandos el decreto 1050 porque faltaba la norma y la “decisión política” de desafectar el edificio del Ministerio de Seguridad y afectarlo a la Secretaría de Derechos Humanos, como exige la ley. Que es lo que hizo Perotti.
“Esto tiene una importancia fundamental”, insistió Puyol. “Vamos a trabajar en la reconstrucción de ese circuito clandestino por el que pasaron centenares de militantes políticos” de la provincia. Era el vértice de una trama represiva que se extendía hasta Reconquista y Rafaela y formaba una zona militar que incluía la Jefatura del Area 212, el Destacamento de Inteligencia 122, el hospital Piloto con su sala policial y la morgue de los NN, y la Casa Cuna. Todo en una cuadrícula de pocas cuadras.
A pesar de tantos años de la recuperación de la democracia, la cuarta será el primer espacio de memoria en la ciudad de Santa Fe y allí funcionará también “el Archivo Provincial de la Memoria, que también vamos a jerarquizar y poner en condiciones en un futuro no muy lejano”, agregó Puyol.
En las gestiones que inició para formalizar el traspaso “formal y legal” del edificio emblemático a la Secretaría de Derechos Humanos, Puyol recordó que dos jefes de la comisaría 4º, los comisarios Mario Facino en 1976 y Ricardo Ferreyra que lo sucedió en 1977, fueron condenados por delitos de lesa humanidad. En ese período, la sala de torturas estaba pared de por medio del despacho del jefe.
En agosto de 2010, el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Facino a 23 años de prisión por la “privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio” de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López. En octubre de 2018, en otro juicio histórico, el mismo Tribunal condenó a Ferreyra a 16 años de cárcel por el secuestro y torturas a seis militantes de la Juventud Peronista de Rafaela y “la violación sexual agravada” de Silvia Suppo y unificó la pena en 22 años por una condena anterior. Alicia y Silvia fueron martirizadas, como tantas de sus compañeras, en la comisaría la 4ª. Ellas son las que faltan.
