Docentes, graduadxs y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de otras unidades académicas creamos el Centro de Estudios en Derecho a la Comunicación (CEDeCom) con el objetivo de desarrollar un grupo de investigación especializado en derecho a la comunicación, libertad de expresión, acceso a la información y a las tecnologías de la información, trabajando desde un enfoque de derechos humanos y concibiendo a la comunicación y la información como vías para construir una sociedad más justa y solidaria.

La sociedad de la información en su proceso evolutivo fue alcanzando diferentes niveles y etapas, redefiniéndose y transformándose sucesivamente, atravesada fundamentalmente por los cambios tecnológicos. Como sabemos, estas modificaciones han impactado en la difusión del conocimiento, en el comportamiento social, en la actividad económica y política de los países, y en todo lo relacionado con el ámbito educativo y de la salud. A su vez, la expansión de Internet ha contribuido a borrar las fronteras que han separado a la radiodifusión y las telecomunicaciones, en sus más variados aspectos.

Cada vez queda más claro que la comunicación no es patrimonio de especialistas, de periodistas o de propietarios de medios, sino un derecho de todos y todas, que implica el acceso y la participación en procesos individuales y colectivos de construcción del conocimiento. La comunicación es un derecho humano fundamental, no circunscrito a la producción de información. En ese sentido, entendemos que se trata de una conquista que supera los límites de la libertad de expresión, aprovechada sobre todo por los propietarios de medios de comunicación como argumento para impedir que los Estados regulen su actividad. Es sabido que cada vez que algún gobierno pretende establecer reglas y parámetros para que dichas empresas funcionen en un marco legal de responsabilidad social, éstas inmediatamente los acusan de autoritarios y de querer instaurar la censura de prensa. Como resultado, uno de los sectores menos regulados en América Latina, salvo escasas excepciones, es el de los medios de comunicación. De esta manera, la comunicación debe ser comprendida como un derecho fundamental e irrenunciable, apoyado en los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades para ingresar en la agenda temática de la sociedad, en la producción de mensajes, en el intercambio de ideas, en el debate.

Con respecto a las TICs, corresponde reconocer su enorme potencial para la reducción de las desigualdades económicas y sociales, y la democratización de las oportunidades de acceso a la información y al conocimiento. Se han convertido en un elemento esencial para la modernización de Estados y empresas, sirviendo, además, al desarrollo de la ciudadanía, facilitando la participación ciudadana mediante el acceso a nuevos servicios y posibilidades como la búsqueda de empleo, el teletrabajo, el pago de impuestos, servicios de educación y salud a distancia; entre otros.

La hiperconectividad está redefiniendo por completo las relaciones entre individuos, consumidores y empresas, así como entre lxs ciudadanxs y los gobiernos; está introduciendo nuevas oportunidades, pero también, nuevos desafíos y riesgos en términos de derechos individuales y privacidad, seguridad y acceso a la información.

Partiendo entonces de la idea que postula a los derechos a comunicar y a la comunicación como las piedras angulares de todo proceso de democratización y de desarrollo humano, es que nos proponemos generar ámbitos participativos de debate permanente sobre los medios de comunicación, el uso masivo de las TIC, y de esta manera, acercar las herramientas que nos permitan conocer, ejercer y ampliar nuestros derechos.

¿Por qué como ciudadanas y ciudadanos debemos involucrarnos en el estudio y la elaboración de políticas TIC? La respuesta es que, como hemos argumentado, las mismas son tan importantes para la sociedad contemporánea, que continuamente nos vemos afectados por ellas. Si deseamos promover la justicia social, entonces las políticas TIC serán un factor clave en esta batalla, y no podemos permitirnos permanecer ajenos a este proceso.

¿Cuáles son los objetivos de las políticas TIC? ¿De qué manera deberían regularse? ¿Por qué se habla de servicios de comunicación audiovisual? ¿Quiénes son los actores clave a nivel nacional y mundial? ¿Cómo han evolucionado las telecomunicaciones? ¿Cómo pueden garantizarse procesos de toma de decisiones más participativos, democráticos y transparentes? Estos son algunos de los interrogantes que nos interpelan y que juntxs buscaremos dar respuesta.

* Integrantes: Daniela Constantino, Débora Barulich, Juan Amherd, Juan Cejas, Juan Pablo Darioli, Marcelo Maisonnave, María Victoria Saley y Pablo Bürki. [email protected]" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">[email protected] facebook.com/CentrodeEstudiosenDerechoalaComunicacion