Al cumplirse un año de la represión de Carabineros durante las protestas sociales, Amnistía Internacional instó a que la Fiscalía Nacional investigue a mandos estratégicos y operativos, por su posible responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas sobre lxs manifestantes, en su informe "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”. La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, afirmó que "los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes, por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarlxs a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros.”

INDIA

Exigen #MeToo

“El hecho de que el gobierno indio no vele adecuadamente por el cumplimiento de su ley de acoso sexual, deja a millones de mujeres expuestas a abusos en el lugar de trabajo sin acceso a ningún tipo de remedio”, expresó Human Rights Watch esta semana, en el informe “No hay #MeToo para mujeres como nosotras: la inadecuada aplicación de la Ley de acoso sexual en la India”, donde se concluye que las trabajadoras, particularmente del sector informal, se ven limitadas por el estigma, el miedo a las represalias y las barreras institucionales a la Justicia. “El gobierno debe garantizar urgentemente el cumplimiento de la Ley de Acoso sexual a mujeres en el lugar de trabajo", exigió la organización, para recibir denuncias de acoso sexual, realizar investigaciones y recomendar acciones contra los responsables de abusos. 

NICARAGUA

Feministas contra Ortega

Las redes feministas latinoamericanas nucleadas en #IniciativaFeminista de Solidaridad con Nicaragua, lanzaron un pronunciamiento contra la escalada represiva de las últimas semanas y la persecución política del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a mujeres activistas, periodistas, defensoras y lideresas feministas que exigen la legalización y despenalización del aborto, y en alerta por el pedido de Ortega a la Corte Suprema para promover una ley “que castigue a quienes difunden el odio mediante protestas contra el gobierno”. El documento llama a los movimientos sociales del mundo “a levantar la voz, junto con nosotras, para dejar claro que el gobierno nicaragüense no puede seguir usando una lucha histórica en beneficio de los intereses privados del grupo familiar en el poder”.