Especialistas afirman que la resolución de Ambiente va contra las leyes 

“Al no haber audiencias los proyectos van a pasar desapercibidos”

Refirieron además a otra resolución del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable para realizar audiencias virtuales/digitales, que en principio limitarían la participación ciudadana.

Al no haber audiencias públicas todos esos proyectos van a pasar desapercibidos porque no habrá forma de que la gente se entere”, dijo el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake, al analizar la resolución 333 emitida por la Secretaría de Ambiente de la provincia y dada a conocer en el Boletín Oficial este lunes. 

“El mes pasado, Salta determinó por resolución 123 del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable, que realizará audiencias virtuales/digitales. A esta limitación a la participación ciudadana y debate público, suma ahora que a partir de la resolución 333, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, se permitirá que algunos proponentes puedan resultar eximidos de la realización de audiencias públicas, si la autoridad de aplicación considera que los impactos ambientales y sociales son bajos”, manifestó la coordinadora de Bosques en el NOA de Greenpeace, Noemí Cruz.

Ambos especialistas afirmaron que de esta manera habrá una falta de publicidad de los desmontes y la tala de árboles a realizar, además de una restricción de la participación. Al ser consultados por Salta/12, tanto Leake como Cruz sostuvieron que prescindir de las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS), viola lo establecido por la Ley General del Ambiente 25.675

En su artículo 2 inciso c, recordó Leake, esta ley dispone que se debe “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión”. En su artículo 11, en tanto, indica que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

“Muchos de los proyectos silvopastoriles, son desmontes que ocurren en etapas y de manera encubierta, posibilitados por estos medios ilegales, implementados de manera arbitraria por el gobierno y en clara complicidad con los criminales de bosques”, afirmó Cruz. Recordó que de acuerdo al monitoreo de Greenpeace, durante las restricciones determinadas en los meses de pandemia, Salta fue la segunda provincia donde más se deforestó: 11.832 hectáreas. Santiago del Estero se ubicó en primer lugar, con 16.805 hectáreas deforestadas, tercera quedó Formosa (8.718 hectáreas), y cuarta, el Chaco (5.210 hectáreas).

Leake, por su parte, afirmó que con este tipo de disposiciones la Provincia además erosiona el libre acceso a la información ambiental enmarcado en la Ley 25.831.

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