La Oficina Anticorrupción (OA) dejará de intervenir en las causas como querellante, un perfil que se había acentuado especialmente durante la gestión Cambiemos, para enfocarse en las políticas de prevención de la corrupción al interior de la administración pública. Esa decisión surge de una resolución que firmó en las últimas horas el titular de la OA, Félix Crous, que recoge los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -- que habían sido pedidos mientras el organismo estaba a cargo de Laura Alonso, que puso el grito en el Twitter después de que se conociera la noticia. La decisión de Crous no afecta en modo alguno las causas en trámite y, en aquellas en que todavía no se produjo la prueba, la OA continuará en su rol como querellante. Tampoco dejará de denunciar ni de investigar. “Estamos haciendo lo que anunciamos lo que íbamos a hacer: reperfilar la OA hacia una oficina que se dedica a la transparencia y abandone el rol parajudicial", explicó Crous a Página|12.
La OA tiene dos grandes áreas. Una se dedica a la prevención y la otra, a la investigación. Dentro de la prevención, la OA se ocupa de pensar políticas públicas para evitar hechos de corrupción, de recibir y analizar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de detectar y prevenir conflictos de intereses, que, por ejemplo, se dan cuando quienes ocupan la administración pública conservan intereses en el ámbito privado. La investigación, por el contrario, está enfocada a la recepción de denuncias, a la presentación ante las autoridades judiciales y, en último lugar, a funcionar como querellantes en las causas.
Según la resolución firmada el lunes por Crous, lo único que dejará la OA es su rol como querellante tanto en causas que hacen a funcionarios o exfuncionarios de cualquier signo político. Nada del texto implica que la OA abandone su rol investigativo ni deje de presentar denuncias, como hizo el viernes pasado en el caso de las vacunas que el gobierno anterior dejó vencer. El problema es que muchas veces el área investigativa de la OA se solapa con otro organismo que funciona dentro del Ministerio Público Fiscal, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también tiene dentro de sus competencias las investigaciones sobre funcionarios de la administración pública, lo que no incluye ni al Congreso ni al Poder Judicial. La diferencia es que la OA está dentro del ámbito del Ejecutivo, mientras que la PIA está en la órbita de la Procuración -- que es un extrapoder -- y se encuentra en manos de un fiscal, Sergio Rodríguez.
En los papeles, el rol querellante de la OA es una duplicación de las funciones de distintas entidades estatales. Tan ambiguo es el rol de la OA, que su caso está planteado dentro de los interrogantes que deberán analizar los juristas que integran el consejo consultivo que asesora al Presidente Alberto Fernández en una posible reforma de la justicia en organismos claves como la Corte Suprema, el Ministerio Público o el Consejo de la Magistratura. En concreto, al consejo le preguntaron si la OA debería pasar a la órbita de la Procuración. La respuesta se conocerá después del 18 de noviembre, cuando los expertos terminen con sus deliberaciones. Es, en este sentido, que la resolución de Crous tiene que ver con readecuar la OA a los lineamientos que sugirió la OCDE para potenciar el rol que puede tener un organismo que funciona en la órbita del Ejecutivo, que está vinculado al diseño y al asesoramiento en políticas públicas.
Alonso, la extitular de la OA, habló de impunidad al enterarse que la OA ya no funcionará como querellante. Durante la gestión Cambiemos, la OA había privilegiado a una de las direcciones del área de Investigaciones: la de Litigio. Es decir, la mayoría de los abogados del organismo habían estado abocados a los juicios contra funcionarios kirchneristas. Por el contrario, la dirección de Investigaciones quedó con un atraso monumental, especialmente en lo que hace al examen de los casos de conflictos de intereses -- una de las marcas registradas del gobierno cambiemita.
Los datos de la OA contradicen lo que desde Juntos por el Cambio buscó instalar como una maniobra pro-impunidad:
Entre 2003 y 2015, la OA participó como querellante en siete causas. En tan solo cuatro años del gobierno de Cambiemos, la OA triplicó su participación en los juicios, actuando como querellante en juicios contra exfuncionarios kirchneristas.
De hecho, la propia Alonso desistió más querellas que la actual gestión de la OA. En 2016, la OA desistió la querella en 30 causas (muchas de ellas estaban vinculadas a Víctor Alderete, interventor en el PAMI durante el menemismo. En 2017, fueron tres; en 2018, nueve y, en 2019, tres. Crous desistió once.
Alonso le explicó al periodista Luis Majul que, para no ser cuestionada, no iba a querellar en casos que involucraban a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Las querellas de la OA estuvieron centradas en las causas como la tragedia de Once, Cuadernos, Odebrecht, Ciccone o que involucraban al exsecretario de Obras Públicas José López, al empresario Lázaro Báez e incluso al exjefe del Ejército César Milani.
La OA macrista apuntó todos sus cañones a los juicios, donde destinó a la mayor cantidad de su personal. El organismo tenía una dotación de personal por debajo del 30 por ciento a fines de la gestión anterior, lo que se potenció con las renuncias de funcionarios políticos antes de la asunción de Crous, que desembarcó a principios de enero. No hubo despidos en la OA. De hecho, dos áreas claves como las que la maneja las declaraciones juradas y la dirección de investigaciones están en manos de funcionarios nombrados en otras gestiones.
De la administración anterior heredaron al menos 98 denuncias o casos de posibles conflictos de interés sin analizar. Esos casos tramitan dentro del área de Prevención, que no cuenta ni con una decena de empleados para realizar el trabajo, según explicaron fuentes de la Oficina.
