La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación tratará hoy el proyecto de modificación de la ley de Manejo del Fuego, que establece la prohibición de las explotaciones inmobiliarias, ganaderas y agropecuarias por 30 y 60 años en zonas afectadas por los incendios. "Vamos a trabajar para que salga el dictamen", señaló el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, quien aportará en la reunión un listado con la georreferenciación de los campos ganaderos cercanos a los focos de incendios en la zona de islas, según la muestra satelital de la Nasa con la que se monitorea la situación. "Siempre en la zona donde vacunan o está el ganado no hay incendios, pero sí en los lugares más alejados", dijo el legislador. "Por eso es importante el proyecto que se va a tratar mañana (por hoy) y cortar de una vez por todas este círculo vicioso de destrucción del ambiente, cuando hay que cuidar de manera constante y llevar adelante prácticas sostenibles en el tiempo y sustentables", agregó.
El proyecto que tratará la Comisión de Recursos Naturales, una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue presentado el pasado 2 de octubre, y establece la modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego para que quede prohibido realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Las modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
"En un escenario donde se proyectan dos años de bajante, en todos los terrenos que los productores piensan que van a poder utilizar en el futuro realizan hoy las quemas intencionales, para posteriormente tener una mayor superficie y así producir y desarrollar la explotación que están queriendo realizar", señaló Cleri, quien en la reunión de comisión aportará el listado con la georeferenciación de los campos cercanos a los focos de incendios, antes de las lluvias de las últimas horas que lograron sofocarlos. "Incluso el intendente Pablo Javkin dijo hoy (por ayer) que algunos puesteros argumentan que están tirando bengalas desde avionetas", comentó el diputado.
En el primer lugar del listado aparece el productor Enzo Mariani, uno de los imputados por la Justicia entrerriana por la quema de pastizales. Propietario de la guardería náutica Henry Morgan, el empresario agropecuario había hecho una presentación de usucapión para quedarse con 800 de las 2.200 hectáreas que Carlos Deliot donó a la Municipalidad de Rosario. Hace unas semanas, fue intimado por el juez Federal de Paraná, Daniel Alonso, a retirar las máquinas agrícolas y viales --denunciadas por el municipio y las organizaciones ambientalistas, quienes el pasado 8 de octubre realizaron un escrache en la guardería-- con las que pretendía construir terraplenes clandestinos.
Junto a Sonia Inés, Clara y Juan Bautista Mariani, conforman la SH responsable del establecimiento Isla La Catalina como pastajeros --los que llevan hacienda en forma transitoria a un lugar para cría o engorde-- y tienen registradas 361 cabezas de ganado bovino. "En la foto donde se ven donde están los lugares de vacunación, el más grande siempre es Mariani, y los focos de incendio son siempre alrededor, nunca donde tiene el rodeo. Eso no es casualidad, está queriendo ganar superficie. Las consecuencias del ecocidio están en el Delta y con respecto a la salud en Rosario y la zona", denunció Cleri. En la lista además figuran Amelia Rural SRL, Francisca Orellanos, Ramón y Estela Balbi, Jorge Zapata, Mario Martínez, Juan y César Prada, Juan Carlos Miguel y Angel Carrizo.
Cleri había presentado en la justicia federal entrerriana el listado aportado por el Senasa, donde consta que hasta marzo pasado, cuando terminó la etapa de vacunación, y solamente en la jurisdicción de Victoria, más 200 productores ganaderos declararon entre 200 y 1.700 cabezas de ganado cada uno. El legislador pidió que se crucen los datos con la geolocalización del lugar de vacunación, la del dueño de la tierra y la del lugar donde se produjeron los incendios para determinar responsabilidades. "El juez lo está considerando ya que tiene toda la información que el fiscal Federal presentó en la causa, junto a la querella presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", apuntó el diputado.
