Por la resolución que permite desmontes sin audiencias en Salta

Greenpeace manifestó su preocupación al gobernador y a Nación

A través de una carta que también le hicieron llegar al ministro de Ambiente de la Nación, la organización recordó a la Provincia que las audiencias públicas son obligatorias por ley.

La noticia sobre resolución provincial 333, que flexibiliza los controles a los desmontes, permitiendo que algunos “aprovechamientos forestales” para tala de madera, o desmontes selectivos para producir ganadería bajo monte no necesiten convocar a audiencias públicas, repercutió en el ámbito nacional e internacional, y quien recogió el guante fue la organización ambientalista Greenpeace.

A través de una carta destinada al gobernador Gustavo Sáenz y con copia al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, Greenpeace manifestó su “profunda” preocupación ante las “resoluciones del gobierno de la provincia de Salta referidas a las audiencias públicas para la autorización de desmontes (cambio de uso de suelo)”.

En la nota, firmada por el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, la ONG recordó que el mes pasado, “Salta determinó por resolución 123 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, que realizará audiencias públicas virtuales”, lo que consideró una limitación a la participación ciudadana y del debate público sobre los bienes comunes.

Pero “más grave aún para el caso de los sectores más afectados por los desmontes, como indígenas y campesinos”, es la resolución 0333 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que permitirá que algunos desmontes puedan resultar eximidos de la realización de audiencias públicas, si la autoridad de aplicación provincial considera que los impactos son bajos.

“Cabe advertir que las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes, son obligatorias y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”, agregó la organización.

El artículo 19 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331) establece que “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.

Mientras que el artículo 26 dicta: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”, esos artículos establecen que son obligatorias las consultas previas e informadas y la participación ciudadana.

También nombró Greenpeace los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675, que hablan de la obligación de dar información ambiental por parte de las autoridades competentes y las personas físicas o jurídicas que realicen actividades relacionadas con la calidad ambiental. “En particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental)”, reza el artículo 26 de la Ley de Presupuestos Mínimos.

Con respecto a los desarrollos silvopastoriles para producir ganadería bajo monte, Greenpeace advirtió que el monitoreo de deforestación realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera “como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial”, debido a que “pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo”.

Por lo que, aseguró la organización ambientalista internacional, “la mayoría de los sistemas silvopastoriles son desmontes y, como tales, deben realizarse únicamente en la Categoría III (verde) y previa audiencia pública”.

En la carta, Hernán Giardini se despidió manifestando que espera que, “como autoridades cumplan y hagan cumplir las normativas vigentes”. 

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