Ayer por la mañana, el municipio de General Mosconi, en el departamento General San Martín, despertó convulsionado tras la decisión de unos 50 empleados de tomar el edificio municipal, acompañados por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),  en reclamo por la quita de haberes que están sufriendo desde agosto, por una ordenanza extraordinaria emitida por su intendente, Isidro Ruarte.

Asediado por la crisis provocada por la pandemia, que generó la caída de la recaudación y de la coparticipación, más las dificultades para manejar las cuentas del Ejecutivo, que viene acumulando deudas desde la gestión anterior, el intendente Ruarte decidió a mediados de año, siguiendo los pasos del gobernador, emitir una ordenanza que estipula recortes salariales en el marco de la pandemia.

Con esto, gran parte de los empleados municipales de aquella localidad vieron como sus salarios cayeron alrededor de un 40% en el pago de septiembre, y no quieren que vuelva a suceder lo mismo en octubre.

El subsecretario del interior de UPCN y delegado gremial en Mosconi, Jorge Ruiz, indicó a Salta/12 que junto a la Unión de Empleados Municipales representan directamente a unos 50 trabajadores de planta permanente, pero aseguró que hay muchos más, “unos 350”, que trabajan de manera irregular, a los que se llama planilleros, y que de una u otra manera también se vieron afectados con los descuentos.

“En algunos casos de personas mayores de 60 años los descuentos llegan al 70%”, afirmó Ruiz. Dijo que esto ocurre porque no les estarían pagando items como presentismo, dedicación exclusiva, antigüedad y salubridad, “a pesar de tener más de 30 o 40 años de servicios”.

El representante gremial también denunció persecución política y discriminatoria a los afiliados a UPCN, “porque no pertenecemos al lineamiento político del intendente” y aseguró que ya muchos empleados municipales se están endeudando con préstamos en bancos “para pagar compromisos que tenían adquiridos con la tarjeta de crédito”.

Pero añadió que el personal político que responde al intendente “sigue cobrando alrededor de $120.000, sin ningún título y sin antigüedad”.

Ruiz informó que ya tomó intervención la Secretaría de Trabajo de la provincia, con la que ya mantuvieron una audiencia de conciliación, pero ante la falta de acuerdo avanzaron con las medidas de fuerza “antes de que llegue el momento de cobrar el sueldo de octubre”. Y aseguró que se quedarán allí hasta tanto no les den la seguridad de que octubre se pagará como corresponde con todos los ítems.

Por último, el delegado gremial dijo que el municipio se encuentra en una virtual acefalía, ya que “el intendente ni siquiera viene, por su edad, lo maneja a través de gente de su confianza, pero él no da la cara nunca".

La concejala del Frente de Todos, Ana Guerrero, informó que el Concejo Deliberante reformó esa ordenanza de emergencia de Ruarte “en cuanto a los superpoderes para tomar decisiones como éstas, que él se arrogaba supuestamente para contener el gasto público”.

Guerrero añadió que la ordenanza se emitió en pleno aislamiento, “aprovechó la volada para meterla con el Concejo cerrado”, pero aprobaron la emergencia porque "el municipio tiene “$50 millones de faltante, está en rojo, con gastos originados de junio a diciembre”, contó la edil, quien explicó que el Cuerpo deliberativo local está estudiando todos los gastos y ya pidió una investigación a la Auditoría General de la Provincia, aunque aclaró que desconfían de este organismo de contralor “porque siempre que vienen está mágicamente todo en regla”.

Para Guerrero, el pasivo del municipio se originó en tiempos de campaña electoral, “ahí él prometió un montón de cosas y metió a mucha gente a trabajar y ahora no tiene plata, por lo que decide recortarle a los trabajadores”.

“Acá hay sueldos por debajo de los $10.000, los planilleros trabajan 12 horas por $1300, eso es trabajo esclavo de acá a la China”, sostuvo la concejala, quien detalló que junto a sus compañeros del Cuerpo ya solicitaron que se retrotraiga esa medida y se pague lo que corresponde.