Un derecho fundamental en la historia y el presente de los países de América Latina es el derecho a la libre determinación de los pueblos, previsto en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual implica que los Estados nacionales establecen libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural. Este paradigma jurídico fue previsto en la Constitución Justicialista de 1949 a través de la declaración que expresaba el propósito de construir una nación económicamente libre y políticamente soberana. 

Uno de los dispositivos políticos utilizados para vulnerar este derecho fueron las dictaduras latinoamericanas, coordinadas a través del Plan Cóndor, acuerdo secreto promovido por Estados Unidos en el contexto de la guerra fría, con el que se coordinaron las estrategias represivas de las dictaduras del Cono Sur. Estas intervenciones produjeron en nuestro continente genocidios reorganizadores que transformaron radicalmente las sociedades y los Estados latinoamericanos, menguando la distribución de la riqueza y generando dependencia económica. Otro de los dispositivos políticos de intervención que se ha utilizado para vulnerar la libre determinación es el colonialismo económico, resultando centrales los endeudamientos de los países latinoamericanos con organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (el cual es un Organismo especializado de la ONU) o con fondos capitalistas privados y sus adquirientes especuladores (Black Rock). Este mecanismo ha coartado sistemáticamente nuestro derecho al desarrollo, produciendo una dominación económica y política.

Estos dispositivos han sido reactualizados. El gobierno de Evo Morales sufrió un Golpe de Estado y en determinados países latinoamericanos se han desplegado persecuciones políticas sistemáticas hacia les dirigentes de los partidos populares (Lula, Cristina Fernández, Rafael Correa) a través de la estrategia del lawfare, categoría que se encuentra en desarrollo. La trama geopolítica actual y el bloqueo económico internacional que sufre Venezuela, impuesto por Estados Unidos, Inglaterra y sus países aliados, produce gravísimas violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano, coartando por ejemplo el acceso a medicamentos importados, el acceso a sus riquezas nacionales (embargo de su patrimonio en oro por Reino Unido), entre otros derechos, generando violencia y desestabilización democrática, e imposibilitando el derecho al desarrollo, base para la salida de la crisis actual.

Al finalizar la segunda guerra mundial y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, los países triunfantes adquirieron el ejercicio de la dominación política en la estructura de la ONU, ocupando el Consejo de Seguridad como miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Desde esas estructuras de poder, históricamente se intervino sobre otros países y se aplicaron en forma estratégica los encuadres jurídicos y políticos internacionales de los derechos humanos. Así nacieron por un lado las concepciones de derechos humanos enunciadas por países que declaran guerras e invaden a otros países y por el otro las concepciones y prácticas de derechos humanos construidas por los pueblos que sufren dictaduras, invasiones armadas y bombardeos, como nuestro continente. A estas últimas el sociólogo Boaventura de Sousa Santos las caracteriza como derechos humanos desde el Sur, utilizando al Sur como una metáfora de los pueblos oprimidos, proponiendo a los derechos humanos como herramientas contrahegemónicas para resistir las dominaciones y las injusticias, afirmando que tener un pensamiento crítico sobre los derechos humanos implica contextualizarlos en las estrategias de poder vigentes.

Una mirada de los derechos humanos desde el Sur, en el actual contexto internacional descripto, nos impone asumir una posición jurídica que bregue por democratizar las relaciones de derecho internacional. Para esto, debemos abstenernos reforzar las posiciones de poder hegemónicas de determinados países en el sistema internacional de la ONU y es necesario contextualizar las tramas de injerencias y agresiones internacionales que sufren los países hermanos como Venezuela y Bolivia, impulsadas por los países centrales. La producción de informes por parte del alto comisionado de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos tienen doble estándar: hay países auditables y con responsabilidad y hay países que no. Estas estructuras jurídicas internacionales imposibilitan auditar a países como Inglaterra o EEUU. Hagamos énfasis en que EEUU no ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), no ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) ni ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Y sobre Reino Unido, señalar que todavía no le ha llegado su 1789, contando su sistema político con realeza.

Es necesario plantear institucionalmente ante la comunidad internacional y con las herramientas del derecho internacional, que determinados hechos actuales cometidos por los gobiernos de los países dominantes, constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos, como son el juzgamiento en Reino Unido del periodista Julian Assange, o los asesinatos de la población afroamericana a manos de la policía en Estados Unidos o su campo de concentración en Guantánamo, así como la muerte de miles de inmigrantes a los cuales se les niega ayuda en su intento de arribar a países europeos. Es fundamental enmarcar estas prácticas de los países centrales como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por las cuales deben responder internacionalmente.

Felipe Solá, canciller de nuestro país, habló sobre el “activo” en derechos humanos que tiene Argentina ante Ginebra nombrándola como “el lugar” donde se discute sobre los derechos humanos y poniendo ese “activo” como fundamento del voto de Argentina junto al grupo de Lima, apoyando el Informe Bachelet. Sin embargo, no es a partir de la tradición de Ginebra que logramos lo que logramos. Solá, como autoridad y canciller, está interpretando y enunciando la tradición de derechos humanos de nuestro país. Lejos de un activo, es una tradición política y jurídica iniciada por las Madres de Plaza de Mayo en 1977, resistiendo a la dictadura, constituyendo un legado con costo de asumir para los gobiernos en su intensidad y en el contexto actual, una responsabilidad que no es cómoda, y que el movimiento de derechos humanos construye colectivamente en las calles hace más de 40 años. La tradición de nuestro pueblo en derechos humanos está atravesada por la convicción de reunir las tramas políticas, culturales y sociales con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Lejos de una posición formalista, implica un compromiso más profundo y complejo que el uso hegemónico de los instrumentos de derecho internacional. Este legado ético-político, que sentó las bases para reconstruir la legalidad del Estado argentino, en el sentido de dimensión instituyente de lo social, conlleva en su matriz latinoamericana (forjada para juzgar los genocidios impulsados por los países centrales) el compromiso de asumir las relaciones de poder y dominación que se ejercen históricamente en el escenario global y tomar partido por aquellos pueblos hermanos que son agredidos y jaqueados por las potencias. El primer paso para el mejoramiento de la situación es exigir el levantamiento del bloqueo económico hacia Venezuela y esta es la premisa jurídica fundamental.

No desconozco la veracidad del Informe Bachelet ni la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que suceden en Venezuela, como en muchos de los países del mundo, diversas en cada contexto. Una mirada crítica y sincera requiere indagar las causas de esas violaciones y trabajar para evitarlas. Difícilmente los países con dominación hegemónica que votaron el informe, como Estados Unidos o Reino Unido, por mencionar dos que sostienen el bloqueo a Venezuela, generando violencia y desestabilización, aporten una estrategia para mejorar la situación del pueblo y de la democracia. Esos países han violado sistemáticamente la libre determinación y el derecho al desarrollo de Venezuela, por tanto acompañar el Informe quitándole esa responsabilidad internacional nos convierte en sus aliados y no hace justicia con la tradición y las prácticas de derechos humanos de nuestro país.

El Informe Bachelet se produce para ser utilizado en la estructura de poder de la ONU, en la cual en materia de derechos humanos hay un doble estándar por el cual se auditan a determinados países y a otros no. Hay países con responsabilidad internacional y otros que la evaden. El doble resero de la ley funciona también en el ámbito internacional.

A 75 años de la firma de la Carta de Naciones Unidas (1945), el desafío para los países latinoamericanos y del Sur Global, es luchar por democratizar los organismos internacionales, como la ONU y la Organización de Estados Americanos, para evitar que determinados países, como aquellos que ocupan en forma permanente el Consejo de Seguridad de la ONU, ejerzan esas estructuras para el condicionamiento, y la dominación política y económica de otros. 

*Abogado (UNR), militante e investigador en derechos humanos. Integrante del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Latinoamericanos (CEJUSOL) de la Facultad de Derecho de Rosario.