Por primera vez tuvieron contacto con la Policía Federal

La voz de los familiares de Iron Mountain

Imagen: Télam

El abogado Javier Moral, que representa a varios de los familiares de las víctimas del incendio, le dijo a Página/12 que si bien hay 17 procesados, entienden que “las responsabilidades tienen que seguir ascendiendo en la cadena de mandos” y deben llegar cuando menos al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, quien “tiene que responder por un hecho como fue la desaparición del expediente de habilitación” del depósito de Iron Mountain en Barracas “a los pocos minutos de ocurrido el incendio”.

En distintos momentos del largo proceso judicial, los familiares solicitaron que se juzgara también las responsabilidades del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del ex presidente Mauricio Macri, por la relación que mantienen con la empresa involucrada. Como se sabe, la cuestión política de fondo es la intencionalidad del incendio y la destrucción de documentación que involucraría en distintas irregularidades, incluyendo el lavado de dinero a varias decenas de empresas.

El abogado de las familias, explicó que luego del fallo de Casación que restituyó a los familiares el rol de querellantes “el paso que falta es que la Cámara del Crimen confirme los procesamientos de los 17 imputados” que serían llevados al juicio oral. Subrayó que habían sido indagado 23 imputados, de los que siguen procesado 17. Dijo que insistirán en que procesen a por lo menos cinco de los seis funcionarios que fueron exceptuados del procesamiento.

Moral consideró que si bien “el embargo está bien, porque es uno de los más grandes de la jurisprudencia argentina (entre siete y 20 millones de pesos cada uno), sin embargo es poco, en el sentido de que no sólo es para responder a las familias de los bomberos fallecidos y de los que siguen vivos, pero con grandes lesiones, sino que faltan ahora diez profesionales que hubieran servido, por ejemplo, en los incendios de Córdoba que tenemos todos los días”.

Recalcó que es preciso “indemnizar también a la sociedad en su conjunto, que hoy se ve impedida en su capacidad de respuesta” ante una emergencia como la que se vive en Córdoba.

Por su parte, Liliana Barícola, hermana de Pedro, uno de los rescatistas fallecidos en el derrumbe de Iron Mountain, dijo que la reunión que tuvieron con funcionarios del Ministerio de Seguridad fue “para acercar un poco a los familiares con Policía Federal”. Relató que “se comprometieron a prestar colaboración, a partir del cambio de gobierno, porque nosotros nunca tuvimos contacto con Policía Federal, que jamás estuvo con nosotros, ni siquiera en los actos que se hacen en Barracas los días 5 de febrero” en Barracas, para recordar a las víctimas.

“Ellos siempre hicieron todo aparte, pero ahora se comprometieron a que van a aportar a la causa todas las pruebas que ellos tienen”, precisó Barícola.

La entrevistada señaló que “siempre hubo una discriminación hacia los que no formábamos parte de la Policía Federal, es decir hacia los bomberos voluntarios y a los que trabajaban en Defensa Civil”. Las diez personas fallecidas en el incendio y derrumbe fueron Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica, Juan Matías Montecheli, Sebastián Campos, José Luis Méndez, el comisario inspector Leonardo Arturo Day y Pedro Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil.

Los procesados por “incendio culposo seguido de muerte” son los funcionarios Vanesa Berkowski, Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers, Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael Roldán. A ellos se suman los directivos de Iron Mountain Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, quienes fueron embargados en 20 millones de pesos cada uno. 

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