Con una carta dirigida al Papa Francisco, los dirigentes indígenas rionegrinos alertaron sobre un nuevo desalojo ordenado en forma exprés por la justicia barilochense, esta vez dirigido a la comunidad Lafken Wuinkul Mapu. Así, y sin que medie respuesta explícita del pontífice, lograron frenar otra afrenta a los pueblos originarios que reclaman por sus derechos constitucionales, como la recuperación de territorios en conflicto, y las formas de tenencia comunitaria.

No lo entiende así el juez Martín Arroyo, quien respondió solo 24 horas después de la primera audiencia al pedido del Obispado de San Isidro, que reclama su hectárea y media de tierra en Villa Mascardi, exenta de impuestos, donde funcionó alguna vez una colonia de vacaciones, hace años abandonada. Hoy la ocupa una comunidad. Y los representantes del pueblo mapuche decidieron explicarlo: “Estamos atrapados en conflictos que siguen costando vidas, avasallando territorios, causando contaminación, exclusión, pobreza y muerte”, sostiene la carta firmada por la Coordinadora del Parlamento Mapuche, en un camino “para alcanzar paz social”, explican. “Buscamos un gesto de reconocimiento hacia una historia que continúa sucediendo en los territorios, que hasta hace poco eran comunitarios y sin alambrados”, describen.

Quizá el envío y su recepción pontificia hayan motivado al Obispado que, tres días después del fallo, propuso darle tiempo a la resolución pacífica del conflicto: “Al ser notificados del reintegro del inmueble –dado que el juez ordenó a la comunidad, abandonarlo--, y ante la posibilidad de hechos violentos, pedimos a las autoridades, postergar la restitución dispuesta por el juez hasta tanto se hallen dadas las condiciones y los protocolos que garanticen dicha medida sin empleo de la violencia”. Así leída la cronología, es probable que el mensaje a Francisco haya sido determinante para establecer un nuevo margen de gestión pacífica, entre los vecinos y las comunidades en Marcardi, las partes que agitan sus ánimos a orillas del lago. Allí donde en 2017 fue asesinado Rafael Nahuel, por la espalda, por una bala de la Prefectura.

La carta, enviada a través del obispo Juan Chaparro, le informa a Francisco sobre una decisión que trasunta “racismo y xenofobia”, dice Orlando Carriqueo, desde la Coordinadora Mapuche, quien participó de la audiencia con la comunidad el día anterior a que se intime el desalojo. “Ni siquiera hubo tiempo para la investigación, ya tenían la decisión tomada”, evalúa Carriqueo, en diálogo con Página/12. Y anuncia que, junto a la APDH, denunciarán este nuevo episodio de justicia exprés “que atenta contra el diálogo instaurado por el gobierno nacional, sobre la resolución de conflictos territoriales de los pueblos originarios”. Para las organizaciones indígenas, el fallo es una provocación.

“No se respeta el debido proceso, y además, para todas las tomas en la provincia se utiliza el mismo mecanismo: desalojar. No hay capacidad política para abordar los problemas desde el dialogo –sostiene el dirigente--, y el problema territorial no se puede abordar a los tiros”, dispara, haciendo foco en las decisiones políticas de la gobernadora Arabela Carrera que subyacen a esta decisión judicial.

Carriqueo remite a la recurrencia del trámite exprés, el segundo en quince días, desde Bariloche respecto a disputas entre particulares y comunidades originarias. El primero, ordenó en 48 horas el desalojo de la estancia Santa Lucía, en El Foyel. En Mascardi, sin que medien más de 24 horas de la primera audiencia, se ordenó el desalojo. Y el texto contiene copias textuales de la causa de Rafael Nahuel en la justicia federal, explica Carriqueo: “Se habla de encapuchados, cuando aquí todos sabemos quiénes somos, se señala a personas que estuvieron en la zona en su momento –2017--, pero ya no están”.

La audiencia de formulación de cargos duró cinco horas. Pero la intimación al desalojo no la retoma. “Uno de los argumentos que utiliza es desconocer a la comunidad por no tener personería jurídica”, señala Carriqueo. Pero en Río Negro hay 160 comunidades y solo 70 cuentan con personería: “la mayoría no la tiene”, destaca. Y concede que esa audiencia no contemple elementos de la cuestión indígena “porque no son abogados especializados en derecho indígena”. Sin embargo, advierte: “el derecho internacional es claro, dice que la personería jurídica no es constitutiva de una comunidad, porque muchas se formaron cuando no existía esa legislación, pero se usa esa falta para desligitimar, a la comunidad y al reclamo territorial. La justicia debe adherir al derecho indígena desde una perspectiva intercultural”, concluye el dirigente.