Ayer se homenajeó al cumplirse 6 años del fallecimiento a los brigadistas Martín Albarracín, Víctor Ferreyra, Mauricio Valdéz y Matías Vilte, que murieron cuando apagaban un incendio en el cerro El Acheral y por el que los familiares reclaman una serie de negligencias al haber sido enviados sin el equipamiento y capacitación suficiente.

El caso llegó a juicio el año pasado, los familiares dijeron que están a la espera de la resolución del Tribunal de Impugnación debido a que apelaron la sentencia del juez Diego Rodríguez Pipino en la demanda penal y en cuanto a lo civil, contaron que siguen sin cobrar la indemnización que dispuso el veredicto porque la Provincia se negó a pagarles el monto establecido y apeló. 

"Este es un mes bastante malo para nosotros los familiares. Quiero pedirle a la gente que está a cargo de Defensa Civil y del gobierno que por favor los cuiden a los muchachos, les den los elementos que corresponden para que trabajen y no los manden a la deriva como los mandaron a (Albarracín, Ferreyra, Valdéz y Vilte) a apagar un incendio donde no había nada que salvar. Pido a las autoridades que escuchen y los protejan a los muchachos (...) que no los manden a morir de esta forma", sostuvo Omar Valdez, el padre de Mauricio Valdez. 

El acto se realizó en la Rotonda del Brigadista, que se ubica entre las avenidas Bolivia y Robustiano Patrón Costas. 

El año pasado, Rodríguez Pipino rechazó que hubiera pruebas para una condena por homicidio culposo como pedían las querellas. Sin embargo, hizo lugar a las demandas civiles contra la Provincia por parte de la viuda de Mauricio Valdez, Valeria Montenegro, para quien dispuso una indemnización de $9 millones, y de la madre de Matías Vilte, Rossana del Valle Chávez, para quien estableció una reparación económica de $6 millones. El pago debía efectuarse dentro de los 10 días, sin embargo, ante la apelación de la Fiscalía de Estado, las familias no han cobrado.

"La Provincia apeló y entró a casación, está en el Tribunal de Impugnación. No se resolvió aún. No están de acuerdo con el monto, aparentemente quieren pagar menos", dijo Valdez a Salta/12. Añadió que con la pandemia no han tenido más novedades de la Justicia. 

"Nosotros hicimos otra presentación rechazando el fallo del juicio" que también espera una resolución del Tribunal de Impugnación. "No estamos de acuerdo con la sentencia que hubo, solicitamos condena por homicidio culposo (a funcionarios del área de Defensa Civil), que contempla penas de tres a 5 años", manifestó Valdez.

El padre no está conforme con la condena de 1 año impuesta al ex jefe del Programa de Defensa del Ambiente, Víctor César Dagun, por incumplimiento de deberes. Además, se lo inhabilitó para ejercer la función pública por el doble de tiempo. Valdez señaló que el próximo mes ya cumplirá la sentencia que, además, no lo afectó porque ya estaba jubilado. 

Asimismo, apelaron la absolución para los otros funcionarios, el ex subsecretario de Defensa Civil, Víctor Ola Castro, y el jefe de Brigadas, Roberto Durnelli. "Ola Castro trabaja en el Pami y Durnelli en el Ministerio de Seguridad", indicó Valdez. Dijo que el Estado provincial "es el mayor responsable" del fallecimiento de sus hijos. 

Valdez contó que pidió una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz pero que la negó. "Lamentablemente no me la dio. Pasó (el pedido) para que me atienda el ministro (de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia) Ricardo Villada", pero hasta el momento tampoco lo recibió este funcionario.

"Pedimos al Poder Judicial que empiece a trabajar como corresponde para que los familiares tengamos justicia y nuestros hijos puedan descansar en paz. Para que tengamos alivio y para que los responsables paguen por lo que han hecho. Es el pedido que tenemos en conjunto, a pesar de tanta tristeza", manifestó. 

En el debate, el abogado Fernando Teseyra, representante de las querellas de la madre de Vilte y de la viuda de Valdez, sostuvo que el caso se trataba de “una historia de injusticia social” con “familias destrozadas”. 

Vilte y Valdez estaban contratados, en el caso del primero, como desmalezador, y el segundo, tenía también la función de brindar “colaboración a las tareas de los brigadistas”. Según las querellas, estos hombres debían cumplir las mismas tareas que los trabajadores de planta permanente pero con una remuneración menor y sin obra social, ni ART, ni estabilidad laboral.