Los senadores salteños sancionaron la prórroga del estado de emergencia socio sanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la ley N° 8.185, que ya contaba con media sanción de Diputados. De esta manera, se extenderá hasta fines de abril de 2021 habida cuenta del retorno de los calores, que trae aparejado históricamente problemas en el norte provincial por la escasez y mala calidad del agua.

Sin la virulencia habitual de los debates de la Cámara baja, en el Senado también se plantearon falencias por parte del Ejecutivo provincial en cuanto a la falta de obras en la zona declarada de emergencia durante el período de pandemia, entre ellas, la más urgente es para atender la falta de agua potable para el consumo humano.

Como muestra de ello, se aprobaron cinco proyectos de declaración que coinciden en solicitar a la Provincia y a la empresa Aguas del Norte que avancen en los trabajos comprometidos para abastecer de ese servicio esencial a cada localidad. Entre ellas, el legislador por el departamento Rivadavia, Mashur Lapad, pidió un nuevo pozo de agua en el Paraje El Islay para la localidad de La Unión, que hace más de un mes se encuentra con problemas de abastecimiento.

También el representante por Anta, Marcelo García, solicitó la ejecución de obras de red de agua para Quebrachal. Mientras que Juan Cruz Curá, de Orán, requirió lo mismo para Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Urundel. Walter Cruz se sumó al pedido para optimizar el servicio en el municipio de Isla de Cañas, en Iruya.

Con respecto a la prórroga de la emergencia socio sanitaria en el norte provincial, Manuel Pailler subrayó que toda la región “sigue teniendo el problema de la desigualdad, la pobreza, la desocupación, la violencia familiar”, a la que sumó la de los pueblos originarios por diversos motivos, entre ellos el del avance de los desmontes.

Y agregó, para justificar que la ley continúe vigente al menos 180 días más, que con la llegada del calor y las lluvias “vuelve el dengue, que es una enfermedad endémica que vino para quedarse en todos nuestros departamentos”, explicó el senador por San Martín.

Ley Micaela en entidades deportivas

Así como la semana pasada se avanzó en la capacitación a efectivos de las comisarías provinciales para recibir denuncias y acompañar a las víctimas de violencia, esta semana, a través de un proyecto de José Ibarra, se dio media sanción a la ley para que las instituciones deportivas de la provincia garanticen la implementación de capacitaciones sobre el contenido de la Ley Nacional Micaela en Violencia de Género.

Ibarra adujo que los clubes y entidades deportivas son reproductoras de todo tipo de violencia, entre ellas la de género, por lo que consideró indispensable que se capacite a sus autoridades, profesores y el personal, para que puedan hacer frente a los diversos desafíos que se le presentan y poder generar cambios en sus prácticas y en la de sus deportistas. 

El plasma no se cobra

También se sancionó la ley que prohíbe el cobro de plasma tanto para la extracción como para el tratamiento de personas con la covid-19 en el territorio provincial.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo Provincial tomará a su cargo toda facturación o arancel por prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasado y distribución de plasma convaleciente para el tratamiento del virus Sars-Cov-2, realizada por plantas de hemoderivados, públicas y privadas, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por ley 8.188.

Pailler recordó que algunos centros de salud privados cobraban hasta $30.000 por transfusión y que la noticia generó revuelo en el mismísimo Centro Regional de Hemoterapia. Hay una investigación penal sobre estos hechos.

“El tratamiento de esta enfermedad no debe ser vista como un negocio”, añadió el senador por General Güemes, Carlos Rosso.

Licencia por maternidad para abogades

Se modificó un proyecto de ley que llegaba de la Cámara de Diputados y que modifica el artículo artículo 50 del Código Procesal, Civil y Comercial, (ley provincial 5233), para extender los plazos de licencias por paternidad o maternidad por parto o adopción de los abogados litigantes.

El texto indica que gozarán de 60 días corridos las abogadas y procuradoras, mientras que será de 10 días la licencia para abogados y procuradores.

El senador por Rosario de Lerma, Javier Mónico, aclaró que es un derecho para que no se puedan extender los plazos de las audiencias durante los días de licencia en los juicios en que el profesional solicitante actúe como apoderado. Pero éste, deberá notificar a su representado con anterioridad “para que pueda decidir si espera o elije a otro representante”.

Siempre deberán cursar con anticipación la comunicación a la Corte de Justicia, indicando los días que solicitan ser eximidos de comparecer a tribunales y ser notificados, adjuntando la documentación que justifique la solicitud. 

El proyecto volvió a la Cámara baja para su revisión.