Un tribunal de San Pablo decidió que una organización civil con casi treinta años de trayectoria deje de llamarse “católica” porque defiende los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y eso sería coherente con los idearios de esa Iglesia. “Brasil está en un momento de una democracia frágil y esto es no respetar la libertad religiosa y la posibilidad de autodefinición de una persona. ¿Quién puede decir si es católico o no, más que la misma persona?”, se preguntan desde la organización.

La decisión de la Sala II de la Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de San Pablo, integrada por los jueces José Carlos Ferreira Alves, José Joaquim dos Santos y Álvaro Passos, se conoció el miércoles. De quedar firme, la organización Católicas por el derecho a decidir deberá ajustar los estatutos y quitar la expresión “católicas” de su nombre en quince días, bajo pena de una multa diaria de 1.000 reales.

La denuncia se remonta a 2018, cuando la ultracatólica Asociación Centro Don Bosco de Fe y Cultura, hizo la presentación judicial para que Católicas dejara de llamarse así, por considerar que se oponen a los preceptos que el catolicismo pregona. En primera instancia, la justicia no les dio la razón, pero insistieron y ahora el tribunal de segunda instancia falló de manera favorable.

Regina Soares Jurkewicz, integrante del Consejo institucional de Católicas por el derecho a decidir de Brasil, conversó con Pagina|12 desde las afueras de San Pablo, donde pasa los días de pandemia. Confirmó que van a apelar la decisión ante la justicia y que van “a continuar afirmando que somos católicas porque entendemos que no es la manera que se tiene en una sociedad democrática de enfrentar el pensamiento disidente. Si tenemos disidencia con el pensamiento central de la Iglesia en la moral sexual creo que en la democracia tiene que haber un diálogo”.

Laura Capriglione, periodista de Jornalistaslivres.org, recordó en un artículo que el Centro Don Bosco tiene antecedentes en apelar a la justicia para tratar de encausar al rebaño católico y expulsar a los que no comulguen con sus ideas ultra. Demandó tiempo atrás a la Iglesia Universal del Reino de Dios por un cómic que contenía, según su visión, "mentiras y ofensas contra la Iglesia Católica". Luego fue también contra el colectivo humorístico Porta dos Fundos, despues de que este grupo realizara un especial navideño en el que retrataba a Jesús como un homosexual. Exigían eliminar el especial de Navidad de Netflix. En ambos casos perdieron.

Ahora lograron el visto bueno de los cruzados del tribunal paulista, que quieren que “ninguna asociación adopte la designación 'católica', salvo con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, según las reglas del canon 312” (del Código Canónico). En su fallo, con variadas citas a textos católicos, parecen olvidar que Brasil es un estado laico. Ferreira Alves dice que el uso de la expresión "católico" constituye "flagrante ilegalidad y abuso de derechos (...) debido a la notoria violación de la moral, la buena fe y las buenas costumbres en el desempeño (de la ONG)".

Soares Jurkewicz, que es doctora en Ciencias de la Religión, explicó que en realidad católico quiere decir “universal”: “Entonces, la idea de la pluralidad en el catolicismo es muy fuerte. Ser católico no implica tener dentro de la iglesia una única teología, tenemos teología asiática, negra, feminista, de la liberación, hay distintos catolicismos y eso lo torna universal. No se puede partir de algunos principios de un campo teológico específico de ultraderecha como es el Centro Don Bosco para decir que no estamos dentro del catolicismo”. “Hablamos de principios de amor, solidaridad, justicia, y en función de esto tenemos nuestras acciones. Con qué derecho una organización que interpreta principios evangélicos a partir de un pensamiento fundamentalista puede acusarnos de no ser católicas”, siguió.

-¿Las sorprendió la decisión de la justicia? -preguntó Página/12.

-Sabíamos de la demanda y vamos a utilizar todos los recursos jurídicos disponibles para contestar. Es algo que nos pareció raro, porque Católicas tiene un reconocimiento de trabajo de hace muchos años e incluso ya participó de audiencias en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es muy contradictorio que de pronto se piense que no podemos continuar con nuestro nombre.

-Lo más grave es que un juez argumente con textos religiosos y no jurídicos…

-Esa determinación puede abrir un precedente importante que se contrapone a los principios de autoidentificación en el país. El estado acepta la pluralidad religiosa, pero es laico. No puede aceptar que una única religión determine nada.

La persecución de quienes encarnan ideas progresistas es una constante en el gobierno de Jair Bolsonaro, por lo que la sensación de estar a un paso de que empiecen a arder hogueras se acrecienta con la lectura de fallos como estos. “Estamos teniendo una pérdida de derechos muy significativa en Brasil. Yo creo que esta es una actitud más que viene de alguna manera dentro de ese marco de gobierno que busca quitar derechos e imponer control”, dice Soares.

Católicas por el derecho a decidir funciona en Brasil desde 1993. Regionalmente está articulada través de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Red CDD/LA) con doce grupos CDD en diferentes países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú y España). Trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas a decidir sobre su cuerpo. El derecho a un aborto legal, seguro y gratuito es una de sus mayores campañas, de hecho, en Argentina son parte central de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Por ese tema, la organización sufre permanentes persecuciones. De manera similar a lo que pasa en Argentina, en Brasil los grupos conservadores ultracatólicos son la nueva lanza de una caza de brujas destinada a callar voces y seguir oprimiendo mujeres. Está permitido el aborto en casos de riesgo de vida de la gestante, violación y anencefalia del feto en curso. Sin embargo, el acceso no está garantizado, por la falta de servicios de salud que lo brinden y las intrusiones de los grupos católicos conservadores. En agosto, en ese país tomó estado público el caso de una nena de diez años violada por su tío que tuvo que recurrir al Poder Judicial para acceder a la interrupción de su embarazo debido a la oposición de los grupos religiosos y a que el sistema de salud no le garantizaba la práctica en su ciudad. Cualquier parecido con casos locales es producto de la falta de una legislación que garantice que el aborto sea un derecho, acá y en cualquier parte.