En Dicen que tuve un bebé, siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa (Siglo XXI Editores), María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos (abogadas feministas) buscaron y escucharon las historias en primera persona de siete mujeres que fueron perseguidas penalmente y privadas de su libertad tras haber atravesado abortos espontáneos, partos prematuros o en los que los bebés nacieron sin vida. Al reconstruir los caminos personales y judiciales, las autoras encontraron que estos juicios “ejemplificadores” tienen un elemento común: un mandato persistente sobre la forma correcta de la maternidad que estas mujeres no cumplen y la condena de un Estado que, en lugar de protegerlas, las vulnera.
¿Cuál fue el punto de partida del libro? ¿Por qué se les ocurrió escribirlo?
Natalia: --En agosto de 2018 se estaba dando el debate sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado. La idea de que en Argentina “nadie va presa por abortar” resonaba mucho en el discurso anti derechos, para justificar la ilegalidad del aborto. En ese momento, yo estaba haciendo un curso de la Red Alas –una red de abogadas feministas– sobre el derecho al aborto. En ese marco, encuentro una noticia que mostraba una entrevista a Patricia, presa en la Unidad 47 de San Martín por un aborto espontáneo de cinco meses de gestación, acusada de “homicidio agravado por el vínculo”. Como la historia de Belén. Entonces nos preguntamos ¿Y si Belén no era la única? A partir de ahí con María Lina y Gloria investigamos y advertimos que no era algo aislado. Gracias al Decyt Doctrina Penal Feminista -dirigido por Julieta Di Corleto- presentamos ante el equipo de investigación un primer artículo sobre el tema. Muchas referentas nos alentaron a profundizar en esas historias. De ese encuentro salimos y dijimos “hagamos un libro”.
¿Cómo eligieron los casos?
María Lina: --El primer relevamiento comenzó a través de la búsqueda de noticias periodísticas en internet que dieran cuenta de que se había detenido a mujeres por este tipo de hechos. El trabajo fue difícil porque el lenguaje utilizado para la descripción de estos delitos es muy variado. Una vez que identificamos la existencia de una cierta cantidad de noticias continuamos con el segundo paso, que consistió en conseguir los pronunciamientos judiciales (procesamientos o sentencias condenatorias, en la mayoría de los casos) y el contacto con personas claves que habían intervenido en esos expedientes. Este contacto incluyó tanto comunicaciones con las mujeres que habían sido imputadas como con las personas que ejercieron sus defensas o que integraron redes feministas que las apoyaron. Así fue que detectamos y relevamos decenas de casos de eventos obstétricos criminalizados. Los siete casos elegidos para el libro son aquellos con los que contábamos con información más rigurosa. Además los seleccionamos especialmente porque creemos que son los que reflejan de manera más clara los padecimientos por los que transitaron las mujeres. Nuestra prioridad fue sacar a la luz las voces de estas mujeres que no fueron escuchadas en ningún momento de sus procesos judiciales.
¿Cómo fueron las entrevistas con las diferentes mujeres?, ¿qué dicen ellas de lo que les pasó?
M: --Las entrevistas fueron sin dudas la mejor parte de esta investigación. Conversar con las mujeres nos aportó una mirada integral sobre los hechos y nos permitió imaginarnos de cerca cómo fue que ellas transitaron sus procesos. Además habilitó un puente entre nosotras, lo que fue muy emocionante porque son mujeres que en muchos casos no sintieron el apoyo ni la escucha de ninguna agencia del Estado. Se sorprenden de que alguien esté interesada en ellas y de que quieran saber su parte de la historia. Como experiencias transversales a todas las historias nos encontramos con mujeres que sufrieron violencia de género por parte de sus parejas, familiares o desconocidos. De hecho en dos de los casos relatados, los embarazos fueron producto de violaciones. Son mujeres jóvenes que no tuvieron acceso a controles médicos ni a educación sexual y que en general carecían de todo tipo de recursos. Sus relatos dan cuenta de que sus castigos fueron mucho más allá de lo que expresan sus sentencias: son mujeres que fueron también perseguidas y castigadas en los medios, en sus barrios, en sus familias y en las unidades penitenciarias donde se alojaron.
¿Por qué creen que se sigue criminalizando el embarazo, el parto y el puerperio que no se ajustan a las normas establecidas?
N: --Una de las cuestiones que vimos muy presente en las distintas historias que analizamos es el estereotipo de “mala madre”. Este estereotipo, que persiste en los procesos en los penales, implica una serie de imperativos morales que las mujeres deberían cumplir, sencillamente por una supuesta “esencia” de mujeres cis. Cuando -por la razón que sea- las mujeres no lo cumplen, les cae todo el peso de la ley penal a pesar de que sus conductas no hayan sido punibles. En las siete historias que contamos, de hecho, hay mujeres que se desmayaron después de atravesar un evento obstétrico extra-hospitalario y aún así la justicia con su condena parece exigirles no sólo no desmayarse sino también tener conocimientos de obstetricia. Nosotras consideramos que estas cuestiones claramente morales que no están en la ley penal y que influyen en la administración de justicia encuentran su explicación en el carácter patriarcal y por el androcentrismo propio del derecho penal. Para pensar una justicia diferente es que apostamos por construir doctrina penal feminista.
¿Creen que si el aborto se legaliza, estas cuestiones dejarían de pasar?
N: --Sí, yo creo que nada es automático pero que con la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se va a dar un gran primer paso para que esto deje de pasar. La situación es urgente: hay mujeres presas con penas de hasta prisión perpetua que no pueden seguir esperando especulaciones parlamentarias. Es urgente que dejen de criminalizar a las mujeres que llegan a una guardia pidiendo asistencia médica por una hemorragia producto de un evento obstétrico. Y si bien eso no debería suceder tampoco con el marco normativo actual, sabemos que la legalización del aborto desactivaría este tipo de denuncias y de investigaciones penales. Además, consideramos que la ilegalidad del aborto proyecta una sombra punitiva sobre todos los eventos obstétricos, imponiendo el mandato de la maternidad forzada y los mecanismos de control formal e informal de los cuerpos gestantes. La legalización del aborto va a permitir romper con esa tutela estatal de los cuerpos de las personas embarazadas.
¿Qué rol tiene la justicia en todo esto?
M: --El papel que tiene la justicia en estos casos es determinante. Por un lado, encontramos que entre los argumentos que se utilizan para fundamentar las resoluciones judiciales se utilizan estereotipos de género y consideraciones esencialistas sobre cuáles son los tipos de conocimientos que las mujeres deben tener o qué clase de comportamiento debieron haber llevado a cabo por el sólo hecho de ser mujer o madre. Por otra parte, identificamos una serie de prácticas nulas -como la extracción de ADN en una comisaría, un registro de control de embarazadas, la reconstrucción del hecho en las que se obligó a una de las mujeres a desnudarse, la violación al secreto médico profesional- que fueron llevadas a cabo y avaladas sin ningún tipo de control judicial acorde a los estándares constitucionales que rigen en nuestro país. El tratamiento de estas mujeres en la justicia es particularmente cruel, porque las expone a exigencias que no sólo tienen directa vinculación con su carácter de mujeres sino con el tipo de hecho imputado y la cizaña con las que se trata a estas “malas madres” o “malas víctimas”. Identificamos sentencias que se referían, por ejemplo, a la “frialdad afectiva” o “relajación moral” de la mujer imputada, quienes han cometido el hecho “favorecidas por la clandestinidad de la noche”.
¿Cuáles son las creencias sobre la maternidad que subyacen en todos estos casos? ¿Se sigue pensando que existe un instinto maternal?
Gloria: --Sí, les operadores judiciales tienen una idea clara de lo que “es” la maternidad y de cómo el llamado “instinto maternal” nos obliga a las mujeres no sólo a comportarnos de una forma determinada, sino a tener una serie de saberes que son independientes a la educación y el contexto individual. A las mujeres cuyas historias describimos en el libro, se les exigió conocer el embarazo, la edad gestacional, entender el proceso de un parto (aún siendo el primero y producto de violencia sexual), saber cortar y atar un cordón umbilical y asistir a une recién nacide independientemente del dolor y pérdida de sangre que habían experimentado. Al parecer todo eso no lo aporta la educación sexual (que ninguna recibió), la asistencia sanitaria (que no estuvo a disposición) ni la educación formal. Las mujeres debemos saber cómo proceder por ser mujeres, por tener útero, por poder gestar. Además las mujeres debemos esperar siempre con alegría la llegada de un hije, procedemos a tejer y armar un espacio para ese nuevo ser, deseado o no, juntar ropita, mamaderas, preparar todo para el momento mágico del nacimiento. Aún en situaciones de abuso, precarias económicamente y de embarazos no deseados o ni siquiera registrados. A estas mujeres les exigieron ser madres, lo que al final para la justicia, significa saberlo todo, esperarlo todo y aceptarlo todo.
