En 2016 la inflación se ubicó en 41 por ciento, la más alta en catorce años. La política inflacionaria del gobierno afronta varias contradicciones. En primer lugar, las herramientas para combatir el avance de precios se reducen actualmente al manejo de la tasa de interés, una herramienta ortodoxa cuyo trasfondo supone que la inflación es un fenómeno eminentemente monetario. Aun así, la variación de la base monetaria se encuentra actualmente en el orden del 37 por ciento, un valor similar al promedio del último año de gestión kirchnerista.

 Dada la adopción del esquema Metas de Inflación, la desregulación normativa relativa a requisitos para la operatoria de los bancos y la entrada de capitales especulativos, en el último año el sistema financiero se volvió más volátil y expuesto a shocks externos. El objetivo del Banco Central es apaciguar la inflación por medio de la utilización –casi exclusiva– de la tasa de interés como instrumento de política. La decisión de la autoridad monetaria, explicitada innumerables veces por su titular, Federico Sturzenegger, implica una respuesta inmediata ante los cambios en las expectativas de inflación futura, de modo tal que los ahorristas no pierdan interés en invertir en pesos. Este factor es fundamental para sostener la virtud del sistema, evitando desvíos. 

 Cuando en una economía enteramente abierta, los incentivos a invertir en la moneda local se atenúan, ocurre un desplazamiento de los capitales hacia activos nominados en moneda extranjera. Si, a su vez, se incorpora el condimento de la elevada nominalidad de la economía argentina (producto de la alta inflación de los últimos años), entonces el resultado puede ser aún más pernicioso: se favorece un marco económico y financiero apropiado para la valorización financiera y fuga de capitales, a partir del diferencial de tasa respecto al resto del mundo y la baja devaluación esperada.

 Si se acepta la importancia de un cabal conocimiento sobre la trayectoria inflacionaria para el régimen de Metas de Inflación, entonces también resulta crucial conocer fehacientemente su evolución, a partir de un indicador lo más adecuado posible. En el esquema actual, con el propósito de sofisticar el “instrumento de navegación” implementado para evaluar los resultados, el Indec de Macri realizó amplias modificaciones metodológicas sobre el índice de precios que publica. 

 Cuando se pone la lupa sobre el diseño técnico del actual IPC, lo primero que se observa es que este indicador partió de la base de validar la Encuesta de Gastos 2004 y 2005, realizando leves modificaciones y adaptaciones. Entre otras cuestiones, esta decisión es criticable debido a la notable alteración de precios relativos del último año. Es que, producto de los saltos tarifarios en una gran cantidad de bienes y servicios públicos, la canasta de las familias cambió su composición, y el diferencial de gastos entre estos ítems y el resto de los productos, también se vio alterado. 

 La única respuesta de los técnicos que definieron este nuevo diseño es que, en todo índice de cantidades fijas, las ponderaciones no son estrictamente inmutables, sino que se van adecuando de acuerdo a los ponderadores implícitos, que captan parte de las modificaciones de precios relativos. No obstante, no es menos cierto que, en entornos de alteraciones muy pronunciadas, la corrección por cambio de precios relativos no responde con la velocidad suficiente. 

Tarifazo

Más aún, en contextos cercanos a saltos profundos –por los fuertes incrementos tarifarios– el índice subestima marcadamente la inflación real. Por otro lado, existe un aspecto no menor de que el actual indicador falla al captar los cambios en los hábitos de consumo a partir de los reajustes tarifarios desde 2016 y la pérdida de poder adquisitivo. En otras palabras, no ha captado correctamente la amplia volatilidad del último año en relación al “efecto sustitución y efecto ingreso”. 

 Las ponderaciones del índice IPC-Indec no parecen reflejar correctamente el consumo de los hogares. Así, por ejemplo, una familia promedio, que pague una tarifa de gas, luz o agua de 200 pesos, debería tener ingresos de casi 22.000, 57.150 ó 62.500 pesos, respectivamente. Por su parte, un matrimonio que destine 6000 pesos al alquiler de un departamento, debería tener un ingreso de alrededor de 82.400 pesos, de acuerdo a la ponderación de 3,65 por ciento de alquiler de viviendas en la confección del indicador de precios oficial.

 Independientemente de los aspectos técnicos, en la práctica el proceso de desinflación en 2017 del corriente año no se viene desarrollando a la velocidad que enuncia el gobierno. De hecho, de un sencillo relevamiento de los casi veinte institutos, centros y consultoras que miden evolución de precios, se desprende que en ningún caso la inflación anualizada –en función al acumulado del primer bimestre del año– se encuentra dentro del objetivo marcado por el BCRA. 

No llama la atención que el BCRA haga cada vez más énfasis en mirar sólo la inflación núcleo, o sea aquella “neta” del efecto de incrementos en precios regulados. Tampoco asombraría que, eventualmente, transiten un viraje retórico y pasen a fijar objetivos en función de la inflación núcleo. No sería la primera vez que Sturzenegger da un fuerte giro: sin ir más lejos, en 2016 el objetivo inicial de precios se situaba en el rango de entre 20 y 25 por ciento. Cuando a mitad de año se volvió inalcanzable, argumentó sobre una supuesta etapa “de implementación informal”, como puente a una supuesta “etapa formal” en 2017.

 En el mundo real, las consecuencias de la inflación siguen su curso. El poder adquisitivo de los salarios en el año pasado se redujo entre 8 y 12 por ciento, aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso y más de un millón y medio de personas pasaron a ser pobres. 

 En meses de discusión paritaria, la dinámica inflacionaria gravita como un factor fundamental para las perspectivas económicas del corriente año. Un segundo año con salarios a la baja, por estar fijados en base a un índice distorsionado, podría constituir la tormenta perfecta sobre una economía que no repunta si no hay mercado interno, a pesar de que cambien las ponderaciones

* Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), integrantes de EPPA.