La detención de Nélida Rojas, responsable de la agrupación Tupac Amaru de Mendoza, provocó una movilización de repudio en la ciudad de Buenos Aires. En la puerta de la Casa de Mendoza, los abogados Alfredo Guevara y Horacio Báez, aseguraron las detenciones de Rojas, su esposo Ramón y sus hijas Leonela y Carla "obedecen, en un año electoral, a la estrategia de un gobierno que persigue a las organizaciones populares, inventa causas para generar impacto mediático y profundizar la estigmatización de organizaciones sociales como la Tupac".

Rojas y su familia fueron acusados por extorsión, estafa en concurso ideal y asociación ilícita. Según los abogados “la calificación de los delitos excede lo denunciado y no es más que la forma que encontraron desde el Poder Judicial para justificar la detención”.

Todo comenzó cuando Rojas y una de sus hijas se encontraron con una casa de la Tupac ocupada por una intrusa, siendo que estaba lista para entregar. Hicieron la denuncia, y la ocupante dijo a su vez que la habían sacado del lugar. Su marido la apoyó en sus dichos, mientras que los testigos afirmaron que los amenazó con un palo el día del incidente. Esto ocurrió en 2015 y no hubo más novedades en el caso hasta fines del año pasado.

A fin de 2016, se motorizó una denuncia de Margarita Stolbizer, según la cual había una estructura clientelar en la localidad mendocina de Lavalle. Supuestamente a cambio de las cuotas para ser adjudicatarios de viviendas había que ir a las marchas de las organización. La fiscalía tomó cartas en el asunto por extorsión y estafa en concurso ideal. Este año le sumó la acusación de asociación ilícita.

“La fiscal Gabriela Chaves ordenó la detención de los dirigentes a partir de denuncias sin sustento probatorio y que fueron las mismas que utilizaron Margarita Stolbizer y Jorge Lanata el año pasado para demonizar a la organización en la provincia de Mendoza”, dijo Guevara. Y recordó que las denuncias sobre supuestas irregularidades habían sido descartadas en una auditoría del Instituto Provincial de Vivienda.

“La fiscal nos dijo que ella no estaba sola, que la Procuración de Mendoza le había asignado personal para que avanzara en las causas vinculadas con la organización barrial. Hay que agregar también que (el gobernador Alfredo) Cornejo impuso un Fiscal General afín al partido de gobierno", indicaron. Por otra parte, los abogados remarcaron que "tanto Nélida como su familia y todos los acusados estuvieron siempre a derecho, que no surgieron desde el momento de las denuncias hechos nuevos y que la fiscalía no solicitó medidas probatorias, entendemos que se tomó, en un año electoral, una decisión política de avanzar sobre este caso y llevar a proceso a los integrantes de la Tupac Amaru”.

Baez y Guevara recordaron que la provincia de Mendoza ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recordaron que presentaron hace tres semanas una denuncia ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura mendocina por la intimidación  de un grupo de policías que sin orden judicial fueron a la casa de Rojas decirle que debía presentarse en una comisaría.

La defensa pidió la prisión domiciliara de Leonela y Carla, las hijas de Rojas, dado que ambas tienen niños en período de lactancia. 

Varias voces repudiaron el hecho. Durante una conferencia frente a la Casa de Mendoza, en el centro porteño, integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala y referentes de organizaciones sociales y políticas coincidieron en que la detención de Rojas y su familia se inscribe "en el marco de la persecución política que se extiende así a las tierras del gobernador" Cornejo.

Hay "cuatro presos políticos más de un gobierno que no se cansa de seguir atacando a las organizaciones sociales", denunció Alejandro Garfagnini, referente de Tupac Amaru, acompañado por el diputado nacional Adrián Grana, el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, entre otros. 

Por su parte, la coordinadora del Comité, Mara Brawer, leyó un documento en el que denunció que "al igual que en Jujuy (con Sala), la privación de la libertad se da a partir de una denuncia de 2015 y luego otras que aparecieron a fines de 2016, pero sobre las cuales la fiscalía nunca requirió medidas probatorias". 

En tanto, la secretaria de Derechos Humanos de Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, enmarcó el ataque en "la escalada violenta de (el presidente Mauricio) Macri y sus gobernadores (que) parece no tener límite”. Durante la conferencia, la dirigente acusó a Cambiemos de "encerrar y acallar cualquier voz opositora, incluso violando o forzando las leyes, los procedimientos y las instituciones democráticas”. El caso de Rojas, añadió, "está en línea con el encierro ilegal de Milagro Sala y con la constante persecución judicial y el escrache mediático contra dirigentes y militantes del campo nacional y popular”.