A una semana del brutal operativo policial que recayó sobre la comunidad qom del suroeste rosarino, se hace obligatoria una lectura sobre la reacción institucional: la policía actuó -como es costumbre del Comando Radioeléctrico- atropellando derechos por una simple identificación de personas, que reaccionaron ante la virulencia policial, que respondió con mayor violencia y efectivos. La cosa pasó a mayores y más de tres horas después avisó al fiscal de turno, que respondió poniendo límites al atropellos y constituyéndose en el lugar. La primera reacción de sus superiores judiciales fue el apoyo liso y llano pero una vez conocido el cariz que tomaban los hechos, hasta ese respaldo desapareció. En medio llegaron las quejas al teléfono del flamante Fiscal General, de parte del jefe político de la fuerza. Los llamados no llegaron solos sino con una estrategia descalificadora: la que aseguraba que el fiscal dejó libre a un prófugo de la justicia, Juan Pablo Carrazán. El reo había sido detenido la noche anterior y en otro barrio, tal como lo atestiguó ante este diario un abogado que ingresó a dialogar con ambos -Lovey y Carrazán- en el propio calabozo de la comisaria 19- pero en los papeles la fuerza decidió amañar esa captura, que habría puesto fin a una largas vacaciones para el prófugo.  La policía argumentó que había sido detenido con el grupo qom la mañana del domingo. Es tan irregular esa doble detención que el acta con la que se detuvo a Lovey no tiene firma de testigo alguno. El fiscal hizo llamar a Asuntos Internos en cuatro oportunidades el mismo domingo pidiendo información sobre Carrazán. La respuesta fue la misma: fue imposible contactar al juez de ejecución de sentencia de Coronda. En verdad la policía se tomó su tiempo para dibujar lo necesario: desde las 8.30 en que comenzó el operativo hasta las 20 del domingo cuando apenas cinco hojas raquíticas arribaron al despacho de Ponce Asahad, que ya bramaba por los pasillos por la demora. Cuando vio los papeles el fiscal se convenció de ir por la responsabilidad policial, que había armado un brulote, sostenido apenas por alguna operación mediática, pergeñada en los despachos del Ministerio de Seguridad, para salvarle las ropas al jefe Villanúa, un hombre fuerte criado al fragor de las patrullas del Comando Radioeléctrico, dependencia que tiene una larga escuela de fraguar actas de procedimientos.

 

La causa que tenía Ponce Asahad pasó ahora a manos de la fiscal de Violencia Institucional Carina Bartocci.

 

La causa en manos del fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, pasó ahora manos de la fiscal de Violencia institucional Carina Bartocci el último miércoles, quien de por sí, ya tiene causas acumuladas en las que figuran algunos de los mismos policías de este procedimiento, a las que no les ha podido prestar demasiada atención. Los legajos no exhiben movimiento alguno a pesar de tener más de un año, y gravedad institucional al figurar en los mismos apremios ilegales.

A saber:

* Villagra, Oscar Angel tiene abierto un expediente el 18 de diciembre de 2015 por Luis Baez, por apremios ilegales ocurridos el 21 de noviembre de 2015. No hay en el apartado observaciones, avance ni medida alguna.

El mismo policía junto a Ayelen Sañudo -otra mujer policía partícipe del operativo de barrio toba- fue denunciado el 17 de febrero de 2017 por otro hecho de apremios ilegales como personal de la comisaría 32º.

El mismo Villagra también fue objeto de otra denuncia, en este caso por Hurto calificado radicada por Heriberto Cardozo Velazquez -el 23 de octubre de 2015- quien aseguró que cuando revisó su vehículo le robaron dinero.

* Hay otra denuncia radicada el 30 de diciembre de 2015 por "Incumplimiento de deberes de funcionario público que investiga a 33 de los policías "por haberse excedido en la ejecución de horas extras". En el listado esta el mismisimo Villagra. Este expediente no tuvo ningún movimiento detectado a pesar de haberse iniciado formalmente el 20 de mayo de 2016.

Sería más que deseable que la fiscal Bartocci se avocara a profundizarlas, en pos de cumplir los objetivos fijados al gestarse ese fiscalía especializada.

En rigor el ahora fiscal general Baclini reaccionó en un primer momento sosteniendo a Ponce Asahad y sus acciones. Asi lo demuestra el comunicado del miércoles 5 de abril: "Ponce Asahad resolvió la situación procesal de los aprehendidos ajustándose a las normas legales vigentes. En relación a la aprehensión de llamado Juan Pablo Carrazán, quien contaba con salidas transitoria, información que se requirió confirmación a la autoridad requirente sobre la situación procesal, ante este requerimiento se comunicó al fiscal interviniente, que el juez a cargo podría informar el día lunes, respecto a un pedido de captura y si interesaba la detención. El pedido de captura está emitido bajo el sistema conclusional, año 2012. Sin contar con la información solicitada y venciendo los plazos legales de la aprehensión, en razón de ello se dispuso la libertad previa formación de causa, constatación de domicilio, siendo notificando bajo apercibimiento de ley de presentarse en el Tribunal dentro de las 48 horas. La consulta fiscal al juzgado de ejecución obtuvo respuesta en el día miércoles 5/4/17. Por tal motivo y careciendo de los elementos legales fundantes para ordenar una detención, el fiscal procedió conforme a derecho y en consecuencia de lo contrario se  hubiera implicado una detención en violación a lo normado legalmente". El texto del comunicado fue levantado rápidamente, luego que el teléfono de Baclini recibiera un llamado, que aseguran en los pasillos del MPA, venía de la cartera de Seguridad.