Vestidos con uniformes a rayas, protegidos por tapabocas, guantes y anteojos, los presos de una cárcel de El Paso colaboran con funcionarios de la morgue local, desbordados por la afluencia de cadáveres. Esta ciudad estadounidense está sucumbiendo bajo una avalancha de casos de coronavirus.

Los detenidos reciben dos dólares por hora por trasladar los cuerpos a media docena de remolques refrigerados instalados fuera de la oficina forense de El Paso, luego de que la morgue de esta localidad del estado de Texas se quedara sin espacio.

"Si no hay personal, nadie que ayude, y existen voluntarios, aunque se trate de detenidos, entonces esa es la única opción que nos queda", dijo a un canal de televisión local Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso.

En dos meses, la cantidad de casos de covid-19 aumentó en un 242% en el condado. El miércoles, el total había llegado a más de 77.000 y las muertes a 804. Esta ciudad del oeste de Texas es ahora un foco de la epidemia en Estados Unidos.

Más del 19% de las pruebas de covid-19 son positivas en El Paso, por encima del promedio del estado, que llega a un 11%, un 1% más que el umbral crítico del 10% establecido por el gobernador republicano, Greg Abbott.

La semana pasada Texas se convirtió en el primer estado del país en superar el millón de pruebas positivas de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Los últimos sacramentos, ahora vía Zoom

Tommy Zavala perdió a su padre, Tomás, la semana pasada a causa de la covid-19.

Tomás tenía 82 años y problemas respiratorios. Él y su pareja, Guadalupe, habían abandonado toda actividad social meses atrás, ya no veían a su nieta y solo salían de casa para hacer las compras o ir al médico.

Todos los días Guadalupe observaba el hospital universitario de El Paso, donde su marido estaba internado, desde su casa, que da hacia el edificio. Pero nunca pudo visitarlo. Los Zavala lograron enviar a un sacerdote a la habitación del hospital para darle a Tomás los últimos sacramentos, que pudieron presenciar vía Zoom. Aún no saben cuándo podrán recoger su cuerpo u organizar un funeral.

El propio Tommy Zavala contrajo el virus en octubre, luego de que su esposa Érica presentara síntomas al regresar de vacaciones en una casa alquilada con algunos amigos.

Érica Salas, de 41 años, que trabaja para una mutula y se describe a sí misma como "muy sociable", tomó conciencia de la gravedad de la pandemia en los últimos tiempos.

En un comienzo pensaba que el virus solo afectaba a personas mayores o con problemas de salud previos, pero tuvo una "revelación" cuando un amigo enfermero de 39 años murió de covid-19.

Luego ella misma contrajo el virus. Hoy en día, ya no solo obedece a las restricciones locales, sino que "toma precauciones" y ya no va a bares y restaurantes, incluso si tienen derecho a permanecer abiertos. "Yo sobreviví, pero tengo miedo por los demás", explica.

Sin confinamiento

Para la enfermera Lizette Torres, del Centro Médico Del Sol, en El Paso se deben implementar "restricciones más estrictas". De lo contrario, "el sistema de salud no podrá manejar la afluencia de enfermos".

Su sindicato organizó una movilización a bocinazos por el centro de la ciudad el lunes por la noche para instar a los residentes a no salir. Durante casi una hora marcharon en coches que exhibían carteles de "Quédese en casa" y "Apoye a las enfermeras". "Deberíamos haber impuesto un confinamiento total", dijo Torres y contó que las enfermeras están "ansiosas" y "preocupadas".

Los hospitales de El Paso albergan a 1.052 pacientes con covid-19, el 49% de su capacidad total. Y quedan 46 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos de la región.

Ante la crisis de salud que se vive en la región, el juez Ricardo Samaniego anunció que extendería su orden de cerrar los negocios no esenciales y de permanecer en casa hasta el próximo 1 de diciembre. La orden estaría vigente durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias, lo que esperaba que sirviera para frenar los contagios.

Samaniego enfrentó fuertes críticas por ordenar el cierre de negocios, lo que causó una división entre representantes del gobierno estatal y el local. El mismo gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó la orden de "ilegal".

Varios grupos, entre ellos los propietarios de restaurantes de lujo, presentaron una demanda tratando de terminar con la orden del juez Samaniego y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, revocó el decreto.