El 20 de noviembre de 1989 marca un hito en la historia de la protección de la infancia. Es la fecha en que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que constituyó el instrumento jurídico internacional donde se cimentaron los sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Si cada aniversario de la Convención nos da la oportunidad para reflexionar y hacer un balance, este año tan particular nos convoca sin duda alguna, sobre la necesidad de profundizar los esfuerzos de la comunidad internacional, el Estado y la sociedad para mejorar el acceso efectivo a los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes.

El aislamiento obligatorio, atendible desde el punto de vista sanitario, agudizó y visibilizó muchas problemáticas que para quienes trabajamos dentro del Sistema de Protección Integral no son novedosas: conflictos intrafamiliares, desigualdades, problemáticas educativas y en el acceso a la salud, violencias e invisibilización de niñas, niños y adolescentes como sujeto político y social.

Quienes ya vivían en un hogar con conflictos, con maltratos o abuso, se encontraron con un acceso restringido a aquellas instituciones que forman parte del sistema de protección integral, como escuelas, clubes o centros de salud, donde se identifican y se detectan estas vulneraciones y se articula para protegerlos.

El 80% de los abusos y violencias contra las chicas y chicos ocurren dentro del hogar o son cometidos por personas del entorno cercano. Por eso es tan importante, especialmente en este contexto, que todos tomemos conciencia del rol que podemos cumplir: desde las instituciones es necesario que quienes vean o perciban estas vulneraciones informen, denuncien, que llamen a las líneas de ayuda. Esa alerta y esa mirada cotidiana de los docentes, entrenadores, médicos, es fundamental para advertir, denunciar y de esta manera proteger a las chicas y chicos.

Uno de los principales legados de la Convención sobre los Derechos del Niño es la noción de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Por primera vez dejan de ser considerados, “propiedad” de sus padres o del Estado, para reconocerlos como los sujetos titulares de derechos y a los que se les debe garantizár el acceso irrestricto y el ejercicio pleno de los mismos.

Dentro de este abanico de derechos, hay uno que representa probablemente la mayor deuda que tenemos con las niñas, niños y adolescentes: el derecho a ser oído, a participar de la esfera pública y que su opinión sea tenida en cuenta.

Es necesario y urgente un Estado que incorpore en cada decisión, en cada acción una perspectiva de género e infancia para que podamos cumplir con los principios fundamentales de la Convención.

Sin duda, a 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño hay muchos avances y un importante camino recorrido. También hay deudas y nuevos desafíos que constantemente se presentan tanto por el contexto actual, como por los avances tecnológicos y los permanentes cambios sociales. El compromiso con el presente y el futuro de niñas, niños y adolescentes, es y debe ser: de todas y todos.

Yael Bendel es Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.