La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke pidió al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa contra Manuel Cornejo por al menos cuatro hechos, el faltante de fondos municipales y maquinaria, la aparición de “vales” de campaña para comprar voluntades y un supuesto dinero de retorno “para el doctor”.

En la misma causa fue imputada su ex secretaria de Hacienda, Carmen Rosa Méndez, quien habría colaborado con el ex jefe comunal.

Para sostener su elevación a juicio, la fiscala se sustenta en el informe que elevó la Auditoria General de la Provincia, “que dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados”, y de la documentación que aportó el denunciante y actual intendente, Carlos Folloni.

En diálogo con Salta/12, Simesen de Bielke detalló que el primer hecho ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando Cornejo adquirió para su uso particular una camioneta Chevrolet S10 que pagó con fondos municipales. Para ello libró dos cheques de las arcas de Campo Quijano por $ 750.000, y el vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el formulario 08.

Ahora, en el marco de la investigación penal, esa camioneta ya está en manos del municipio, “la están usando pero no tienen formulario 08, sino que la tienen en carácter de depositario a la espera de que termine el juicio y se determine su registro dominial”, indicó la fiscala.

Pero además, tras perder las elecciones y poco antes de finalizar su mandato, el ex intendente se habría llevado maquinaria pesada como tractores y retroexcavadoras y otros bienes muebles “como caños de Aguas del Norte que eran para una obra y que depositó en una finca que él mismo alquiló”. Según información de la fiscalía, el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato con un predio de 3.000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma.

Esos hechos lo confirmaron tanto el titular del predio, como un empleado municipal a cargo del parque automotor, que trabajó allí por 14 años. Ese mismo trabajador sostuvo que antes de la salida de Cornejo hizo un inventario en el que consignó todas las maquinarias del taller, “y no solo coinciden con lo que se encontró en la finca alquilada por el ex intendente, sino que las reconoció a todas”. Otro dato que da cuenta de que los equipos eran municipales es que los seguros fueron pagados con fondos públicos.

“Si bien Cornejo sostiene que son de él, muchas de esas máquinas no están a su nombre, así que tendremos que esperar a terceras personas a ver qué manifiestan, y los seguros y arreglos fueron pagados con dinero del municipio”, explicó la titular de la Fiscalía de Delitos Económicos.

En un mensaje en el celular de Cornejo en el que conversa con uno de sus ex secretarios, le detalla qué había en ese lugar: “las máquinas son dos moto niveladoras, cuatro retroexcavadoras, dos camiones de carga, un tractor con desmalezadora, dos camiones de agua, un camión asfaltador y máquinas complementarias”, dice el mensaje de texto.

El tercer hecho por el que Simesen de Bielke considera que el ex intendente tiene que ser sometido a juicio surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que prueban que se compraban voluntades con fondos municipales. “Las denominaban los martes de los $500”, ya que se pagaba ese dinero a las personas que lo solicitaran como ayuda social, “sin verificar la existencia real de dicha necesidad”, contó la fiscala.

La actual gestión se dio con una caja con alrededor de 7.000 de esas constancias de pago, y desde la División Delitos Económicos se entrevistó a unas 20 personas que afirmaron que recibieron esa suma durante la campaña electoral.

El último hecho se constató mediante los movimientos que Manuel Cornejo realizó en el Banco Macro. Según contó la fiscala, no se pudo determinar el destino de esos fondos, algo que también hizo con dinero depositado en el Banco Patagonia, que utilizaba para girar cheques con dinero del municipio y constituir plazos fijos.

Ese recorrido surgió de declaraciones de los mismos empleados y de copias de los títulos bancarios que eran emitidos a la orden de la ex secretaria de Hacienda Carmen Méndez y luego endosados para ser cobrados por los empleados de ese municipio, quienes en sus declaraciones adujeron que se los enviaba “para traer dinero para el doctor”, en referencia a Cornejo.

Se calcula que el daño que le produjo al erario municipal a través de ese mecanismo y el pago por votos ronda los $84 millones. El dinero siempre fue retirado a través de distintos trabajadores de tesorería y se registraban como “gastos reservados”.

Otra de las pruebas que presentó la fiscala penal fueron los mensajes extraídos del teléfono celular del acusado. Allí, se demuestra que la maniobra era esperar la transferencia de fondos coparticipables de Nación y Provincia e inmediatamente girarlos a la cuenta del Banco Patagonia “donde se constituían los plazos fijos para generar intereses y luego disponer de esos fondos”, y agregó que ese dinero fue retirado en bolsos meses antes terminar su mandato.

“Todo eso surge de los mensajes que encontramos en el celular de Cornejo, en donde le dicen que estaba disponible todo lo depositado y que ellos iban a buscar con bolsos la plata”, contó Simesen de Bielke, aunque lamentó que no se pudo determinar aún su destino debido a que “no existe contabilidad que registre a dónde se asignaron”.