El municipio de Aguaray no deja de ser noticia desde principios de año, primero por la denuncia penal que recibió su intendente, Enrique Prado, por el robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA, que luego desembocó en su destitución y consecuente intervención por parte del Ejecutivo provincial. Ahora se sumó un paro general de unos 500 empleados que reclaman el pago de sueldos adeudados desde marzo y el 15% de aumento acordado en paritarias.

Desde ayer por la mañana, y bajo una intensa lluvia, los trabajadores cortaron el ingreso al edificio municipal en señal de reclamo y exigiendo que las autoridades municipales se sienten a negociar.

El delegado departamental de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fermín Hoyos, dijo a Salta/12 que la medida ya se la habían adelantado al interventor, Adrián Zigarán, quien les había contestado que no había dinero porque "el intendente que estuvo se robó $19 millones y que no tenía para pagar”.

Contó que les deben un retroactivo del 20% pactado con el ex intendente Prado desde marzo, “son casi unos $3 millones de deuda que tienen con los trabajadores”, dijo. Además, el gremio pide un incremento salarial del 15% correspondiente                    a noviembre y diciembre, “del 7,5% ahora y la otra mitad en diciembre”. Para Hoyos, el único municipio del norte que ha puesto objeciones hasta aquí es el de Aguaray, “el resto no tuvo ningún problema, porque reconocen la grave situación económica que se vive en departamento San Martín”.

Sin embargo, la comuna declaró ilegal el paro por no haber sido informado con una semana de antelación. “Yo me pregunto si no es ilegal no pagarle a los trabajadores su deudas”, manifestó indignado el delegado gremial y agregó que es un delito y una falta a los deberes de funcionario público, por lo que aseguró que no le tiene miedo a las amenazas y que el paro con corte en el acceso al municipio continuará hasta que obtengan una respuesta favorable, “me van a tener que llevar preso por defender el salario de los trabajadores, no por delincuente ni gato”.

Hoyos sostuvo que los trabajadores ya tuvieron demasiada paciencia, debido a que en octubre se habían comprometido a formalizar el pago de las deudas y el aumento, sin embargo, “estamos ya en diciembre y no se ha dado cumplimiento a nada”. Y agregó que ahora van por todo y sumaron a sus pedidos que se pase a planta a todos los contratados, que ya llevan entre 10 y 12 años en la municipalidad. Según Hoyos, Prado había firmado un acta acuerdo en marzo comprometiéndose a incorporar a esos empleados a partir de agosto, “se fue el intendente pero no es culpa de los trabajadores”, afirmó.

Con respecto a la intervención, indicó que todos los nuevos funcionarios asisten solo tres días a la semana “vienen los martes y se van los jueves, y si tienen suerte y mañana llueve, se quedan un día más en Salta”. “Tenemos una municipalidad totalmente acéfala”, concluyó.

Por último, informó que la Secretaría de Trabajo ya los habían convocado a una audiencia de conciliación para hoy, “pero no vamos a deponer la medida, no va a entrar nadie al municipio hasta que no nos den lo que pedimos”.

Por su parte, Zigarán aseguró que para él la medida es ilegal porque se presentaron a dialogar “recién el jueves pasado, a plantear un deuda que hay aparentemente con la gestión anterior de los meses de febrero, marzo y abril por un aumento que se pospuso por el tema de la pandemia”. Pero para el interventor municipal, ese dinero estaba contemplado en el pasivo que él mismo denunció por $19 millones.

Explicó que no es que desconocen esa deuda, “sino que la tenemos que reperfilar porque el dinero no está, nosotros llegamos hace un mes a una intervención por el robo de caños y nos encontramos con una bomba financiera”.

En el mismo sentido el interventor dijo que las arcas de Aguaray no están preparadas para afrontar un aumento del 15% como el que solicitan los trabajadores, “más un bono navideño de $6.000”. Para defender sus dichos, detalló que el municipio recauda mensualmente una suma que ronda los $17 millones, de los cuales $16.500.000 se van en sueldos.

“Necesitamos seguir recaudando y recibiendo las asistencias de la provincia para poder encarar todos los frentes”, añadió, pero aclaró que para el municipio, en estas condiciones, es inviable aceptar el reclamo gremial, “si yo adelanto fondos para pagar eso, me quedo sin pagar aguinaldo”.

Y volvió a subrayar que el paro, además de ser ilegal porque no se notificaron las medidas por escrito al municipio y la Secretaría de Trabajo en el tiempo estipulado, “se agravó” por haber obstruido el ingreso al edificio, “con estas lluvias, si necesitamos las máquinas para abrir un canal, esta gente va a estar entorpeciendo el trabajo”.

Volvieron los cortes en Salvador Mazza

Mientras tanto, en Salvador Mazza volvieron los cortes de ruta de los vecinos, cansados de esperar una solución a la falta de agua y otros servicios esenciales como luz y caminos adecuados para transitar.

El pasado 6 de noviembre, el intendente Rubén Méndez había firmado un acta acuerdo comprometiéndose a llevar soluciones en 15 días a cambio de que depongan la actitud de cortar el acceso al pueblo sobre el puente internacional. Pero como nada sucedió, un grupo de habitantes de los parajes aledaños decidió viajar a Salta capital y unirse a los reclamos de los pueblos originarios pidiendo la intervención del gobierno provincial, mientras que otro sector de pobladores afectados decidió volver a cortar la ruta desde la mañana de ayer y bajo una intensa lluvia.

El intendente, en lugar de soluciones, ofrece palos”, sostuvo Julio Arroyo, uno de los referentes barriales al informar que Infantería está apostada a unos metros del corte a la espera de una orden para desalojar. Con el correr del tiempo, al problema histórico de falta de agua se fueron sumando y visibilizando otros, como los caminos inaccesibles, la falta de energía eléctrica y la regularización dominial.

Ese último es uno de los reclamos que también llevó a Arroyo, presidente del Centro Vecinal del barrio Ferroviario, a tomar la decisión de salir a cortar una vez más la ruta nacional 34 en el límite con Bolivia. En su Sector, el 4, viven unas 200 familias que al día de hoy no están registradas, “somos NN, no estamos en el sistema, no estamos reconocidos y por eso dicen que no nos pueden brindar el servicio de agua”, explicó.

Pero no es el único barrio céntrico, se suman otros como Sector 5 y La Playa, los más poblados de Salvador Mazza, mientras que los parajes más alejados como El Sauzal o Madrejones, “la pasan peor”, porque les llenan un tanque de 600 litros solo una vez por semana.

Según el vecino, Méndez les había aseverado al momento de firmar el acta acuerdo del 6 de noviembre, que en el lapso de unos 15 días le llegarían unos $30 millones desde la provincia para invertir en obras y que las destinaría para sus pedidos, “pero lamentablemente como siempre hace, la plata que recibe el municipio se usa para pagar otras deudas".

El referente barrial aseguró que cada vez se suma más gente al reclamo, “porque esta problemática nos afecta a todos”, y  confirmó a este medio que hasta que el jefe comunal o el gobernador no les den una respuesta, seguirán cortando el puente, “la lluvia nos ha tratado mal, pero vamos a aguantar", aseguró.

Productores criollos y referentes guaraníes de los parajes El Sauzal y Madrejones que viajaron a Salta, se movilizarán hoy hasta las puertas del Grand Bourg, donde se apostarán a la espera de una respuesta por parte de la provincia.