El equipo de fiscales que investiga la muerte de Diego Maradona avanzó este martes un casillero en la imputación, también, de la psiquiatra Agustina Cosachow. A partir del mediodía se allanaron tanto el consultorio como la vivienda de la profesional en la búsqueda de documentación, principalmente la historia clínica, la medicación que se suministró y las órdenes que se dieron, incluyendo las que se transmitieron por chat. Cosachow y el neurocirujano Leopoldo Luque están en la mira porque ambos fueron el equipo médico que convalidaron el documento titulado Continuidad terapéutica de Diego Maradona al egreso de la Clínica Olivos. En el texto quedó asentado que la familia y ambos médicos -seguramente por exigencia del propio Maradona- no aceptaron la propuesta de continuar la internación en un centro de rehabilitación y “prescribieron el seguimiento y la atención médica domiciliaria del paciente”.
Los fiscales Laura Capra, Cosme Irribarren y Patricio Ferrari, coordinados por el fiscal general John Broyard, le pidieron al juez Orlando Díaz la orden de allanamiento del consultorio y el domicilio de Cosachow, una medida que se veía venir. Según los primeros datos, lo encontrado evidencia mayor prolijidad que la de Luque: había una historia clínica más ordenada y acompañada por la documentación correspondiente.
Sucede que todos los que prestaban servicio en la vivienda donde estuvo el Diez coincidieron en que quien decidía la medicación era la psiquiatra y quien daba las órdenes era Luque. Durante la mañana de este martes, el abogado de la enfermera Dahiana Madrid reveló que a Maradona se le suministraba medicación que aceleraba el pulso cardíaco y que llegó a tener niveles de frecuencia cardíaca de 115 y 120 por minuto, algo contraindicado para cualquier persona, pero más para quien tenía una cardiopatía. A esto se agrega que, según los testigos, era visible su retención de líquido -hinchazón en las piernas y la panza- y aún así no se le suministró ni siquiera un diurético.
En el documento firmado en la Clínica Olivos dice textualmente: “el seguimiento queda a cargo del equipo médico tratante (Luque-Cosachow) y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Medical”. Esto significa que la responsabilidad quedó en manos de los dos médicos que figuran en el documento porque, para los fiscales, son los garantes, los que dominan el arte de la medicina y pueden advertir mejor los peligros. El documento clave está firmado por Giannina y Jana, el doctor Luque y el director de la Clínica Olivos, el doctor Pablo Dimitroff.
En el texto acordado, se indica que el equipo de Luque y Cosachow, junto a la familia, le pidieron a Swiss Medical el servicio de enfermería y un acompañante terapéutico. Este último fue a la casa de Tigre dos o tres días, pero Maradona lo echó. Y el servicio de enfermeras lo suministró Swiss Medical, pero la prestación corrió a cargo de una empresa tercerizada.
Lo que contrapesa de alguna manera la situación de Luque y Cosachow es la negativa de Maradona a recibir a cualquier médico que no fuera Luque y a impedir que se le realicen los controles más elementales. La legislación actual le da amplios derechos al paciente, pero habrá que ver si Maradona estaba con comprensión suficiente de la realidad. Será una de las cuestiones centrales que se dirimirá a larguísimo plazo.
Este miércoles se iniciarán en La Plata los estudios complementarios de la autopsia. Un análisis más detallado del corazón, el resto de las vísceras y una búsqueda más profunda de las causales de muerte. Todavía no están los estudios toxicológicos que se presume será de mucha importancia porque permitirán establecer qué ingirió Maradona en sus últimas horas.
El paso siguiente será la convocatoria a una junta médica en la que se evaluarán todos los elementos. Los imputados podrán presentar allí peritos de parte porque en esa pericia se definirá si hubo mala praxis y homicidio culposo por negligencia. Sabiendo que posiblemente sea el principal imputado, Luque, a través de su abogado Julio Rivas, pidió la eximición de prisión. Quien debe responder es el juez Díaz, aunque al cierre de estas líneas no había tomado todavía una decisión.
