La semana pasada, de manera remota, se llevó adelante el Congreso Mundial de Educación Kairós. Con la presencia de notables personalidades internacionales de la educación, el lema del encuentro fue “Por el tercer Contrato Social de la Educación”. A mi turno, me correspondió participar de un panel llamado “Políticas y estrategias de las organizaciones internacionales para la implementación del Tercer Contrato Social de la Educación”, que me permitió reflexionar sobre los tres contratos sociales educativos que considero ha transitado la Argentina. Y, a partir de ellos, los desafíos que tenemos no sólo a nivel de enseñar y aprender, sino en términos de construcción de políticas de inclusión y derechos.

Pueden existir diferencias en cuanto a la universalización del Primer Contrato Educativo. Pero, podemos convenir que en Argentina éste se concretó en el siglo XIX a partir de la Ley 1420 con el impulso de Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, no es hasta el año 2005 que, con el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley Federal de Educación que hizo obligatoria toda la educación básica.

El Segundo Contrato Social Educativo puede ubicarse a mediados del Siglo XX, con el ascenso a la educación superior al iniciar las posguerras mundiales. Coincide en Argentina con los dos primeros gobiernos de Perón, quien impulsó la gratuidad de los estudios universitarios para masificar su acceso y graduación, multiplicando casi por cuatro la cantidad de estudiantes universitarios en el lapso de una década. Esa masificación se ve ampliada con la creación de nuevas universidades durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con una fenomenal ampliación de derechos a través de programas como el “Conectar Igualdad”, el “Fines”, las becas y apoyo desarrollo científico–tecnológico e investigación universitaria.

Como toda conceptualización, su síntesis cronológica toma sucesos globales y locales, y, claro está, no evitamos la referencia a otros aspectos trascendentes de nuestra educación argentina, como la centenaria Reforma de 1918.

De cara al Siglo XXI, el Tercer Contrato Social Educativo -que es también político, universal, local, territorial- forjó avances indudables en la humanidad, pero también dejó a la luz severas desigualdades ante las cuales, inevitablemente la educación debería ser una herramienta para su solución. De no tomarlas por las astas, la tan dramática situación que no sólo no se resuelve, sino que se acentúa cotidianamente.

Un tercer contrato social educativo debe ser no solo universal, y una garantía a los distintos niveles educativos, sino uno que suponga la conformación de personas que contribuyan a colectivos sociales y entramados comunitarios capaces de resolver las actuales desigualdades: problemas de alimentación, hábitat, desarrollo social, político y económico. Debe poder hablar de cómo armonizar y lograr la paz, la felicidad de nuestros pueblos, y no su competencia, que ha dejado secuelas de destrucción, muerte y miseria en buena parte de nuestras geografías. Volviendo a Paulo Freire, “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

En ese sentido, no es factible pensar la educación de cara al futuro sin incorporar las perspectivas de derechos humanos y ambientales, la igualdad de géneros y la erradicación de todas las formas de violencia. Esto no implica consensos absolutos, sino respeto por el disenso y la búsqueda de síntesis políticas que nos incluyan a todas las personas, piensen lo que piensen, sientan lo que sientan, nazcan donde nazcan.

El Primer Contrato –allí al iniciarnos como Nación- nos interpelaba desde la ciudadanía. El Segundo –cuando necesitábamos una industria nacional y soberana- lo hacía desde la ciencia y la técnica. El Tercero nos interpela desde la deconstrucción de una civilización que requiere un punto de inflexión que afronte un nuevo sistema de representación política, un nuevo orden económico que reduzca las desigualdades actuales, una nueva educación capaz de ayudar a construir una sociedad ajena a las violencias y capaz de ser ambientalmente sustentable.

* Jorge Calzoni es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda.